Telefónica logra vía libre para cobrar hasta 5 años de alquiler a los "okupas" de sus conductos de fibra
Telefónica consigue un apoyo decisivo que va a cambiarlo todo en España. Usar su infraestructura sin permiso puede salir mucho más caro de lo que muchos esperaban.
Esto es algo que ha estado sucediendo durante años, tras el despliegue de la fibra óptica en España. Se convirtió en una carrera en la que cuanto antes llegabas a una zona, antes te hacías con nuevos clientes.
Con esto como base, muchas operadoras locales optaron por coger algunos atajos un tanto criticables: colgar sus cables en conductos y postes de Telefónica sin pedir permiso y sin pagar por ello. Esto sucedía por todos los lados, de forma natural, como si ya formase parte de la vida misma.
Telefónica, propietaria de gran parte de la infraestructura civil por la que pasa la fibra en España, nunca ha considerado esto como algo legal, denunciando en muchas ocasiones lo que estaba sucediendo.
Para la compañía no solo suponía un problema a nivel económico, también provocaba un caos total difícil de gestionar. La situación empezó a cambiar a finales de 2021, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió intervenir.
Desde entonces, el regulador ha ido cerrando el cerco. Primero llegaron las multas y la obligación de regularizar los tendidos ilegales. Ahora, tras más de 1.500 casos denunciados por Telefónica, la CNMC ha dado un paso más y ha endurecido las condiciones.
Ocupar infraestructuras ajenas sin permiso ya no sale gratis, ni de lejos
Esta decisión da vía libre a Telefónica para reclamar hasta cinco años de alquiler a las operadoras que hayan estado usando sus conductos o postes sin autorización. Y no solo eso, ya que también podrá cobrar los costes derivados de descubrir esas ocupaciones irregulares.
Comentar que uno de los grandes cambios está en cómo se calcula el tiempo de ocupación ilegal. Hasta ahora, muchas operadoras alegaban que no se podía demostrar desde cuándo estaban usando la infraestructura. Las cosas ahora cambian.
Si la empresa denunciada no puede demostrar con documentación o fotos cuándo empezó a usar esos conductos, Telefónica podrá aplicar directamente un cobro retroactivo de hasta cinco años. Sin negociación.
Además, la compañía también podrá cargarles los costes de los trabajos necesarios para detectar la ocupación.
Otro punto importante afecta a las operadoras reincidentes. Aquellas que ya hayan pasado por un proceso de regularización y vuelvan a ser pilladas perderán el derecho a solicitar nuevos accesos legales a través de la oferta Marco.
Por otro lado, la CNMC también ha facilitado todo el proceso para que Telefónica pueda actuar al momento en algunos casos. Si durante el proceso de regularización hay errores y la operadora no los solventa en un plazo de dos meses, se dará por hecho que no hay voluntad de arreglar y legalizar la situación.
Desde su punto de vista, las sanciones anteriores no eran suficientes para frenar nuevas ocupaciones. Salía más rentable poner el cable primero y ya se vería después, si es que alguien se daba cuenta. Esto, como ves, se ha acabado.
Con todo esto, la CNMC no prohíbe el uso de la infraestructura de Telefónica, pero deja claro que debe hacerse bajo reglas ahora sí bien marcadas y pagando lo que corresponde.
En resumidas cuentas, y a partir de ahora, quien quiera crecer en este campo tan concreto del sector tendrá que hacerlo como es debido. Puede que el proceso sea más lento, pero también es más justo y sin tanta picaresca típica de España.