Conductor se enfrenta a una multa de 2.800 euros por sobrepasar el límite de velocidad en solo 1 km/h
Por intentar librarse de una multa de tráfico menor, acabó pagando una suma desorbitada debido a los costes del proceso judicial y su negativa a colaborar con la justicia.
Intentar ahorrar cincuenta euros te puede salir muy caro si decides enfrentarte a la administración sin calcular los costes judiciales. Y un claro ejemplo es un conductor que protagonizó un caso que ilustra el riesgo de los recursos legales mal planteados.
Y es que al final terminó pagando 2.800 euros después de tres años de pleitos para evitar una sanción mínima por exceso de velocidad.
Cabe señalar que lo que comenzó como una infracción mínima por superar el límite en un solo kilómetro por hora se convirtió en un desastre debido a la terquedad del propietario del vehículo.
De sanción administrativa a proceso judicial
De acuerdo con Money.it, el vehículo fue detectado circulando a 64 km/h en un tramo limitado a 60 km/h. La normativa de la zona aplica un margen de tolerancia de 3 km/h para cubrir posibles errores del cinemómetro.
Esto dejó la infracción real en un exceso de 1 km/h. La sanción administrativa propuesta era de 50 euros, una cantidad que, aunque molesta, es común para infracciones leves. En ese momento, la opción más inteligente habría sido abonar el importe y cerrar el expediente.
Sin embargo, el conductor consideró que la multa era injusta y decidió recurrirla, iniciando un proceso legal complejo convencido de que podía eludir el pago, demostrando que él no iba al volante.
Tres años de recursos y un silencio costoso
La estrategia de defensa del conductor se basó en negar la autoría de la infracción, por lo que el caso escaló hasta los tribunales y se alargó durante tres años.
En una segunda instancia judicial, los magistrados admitieron que no existían pruebas fotográficas concluyentes para asegurar que el propietario del coche fuera quien conducía en ese momento.
Sin embargo, ganar ese punto no le sirvió de nada, puesto que el juez le solicitó entonces que identificara al verdadero conductor para poder notificarle la sanción. El propietario se negó a facilitar esa información.
Esta falta de colaboración activó una nueva vía sancionadora, donde el tribunal le impuso una multa disciplinaria por ocultar datos a la justicia, complicando una situación que ya había logrado "ganar" parcialmente.
A la multa original de 50 euros, que en muchos sistemas se mantiene por responsabilidad subsidiaria del titular, se sumó la sanción disciplinaria. Pero el verdadero golpe financiero provino de las costas procesales.
Los honorarios de los abogados, las tasas administrativas del tribunal y los gastos acumulados durante los tres años de recursos elevaron la cifra total a pagar hasta los 2.800 euros. Has leído bien, el importe final multiplica por 56 la sanción inicial.
Este caso sirve como recordatorio de que, en materia de tráfico, el orgullo y la obstinación suelen tener un precio muy superior al de la propia infracción, y que a veces la vía más barata es asumir el error desde el principio.