Los cambios de Meta contra el discurso del odio para contentar a Trump se "anunciaron con prisa" y son irregulares, según sus propios asesores

La Junta de Supervisión de Meta no está nada de acuerdo con lo que la compañía está haciendo en sus plataformas desde que anunciase su cambio de política de moderación, que ha dejado de estar en manos de miles de expertos, que ahora se han quedado sin trabajo, a las de los propios usuarios recientemente.

En enero, a pocos días de que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomara posesión, el director ejecutivo de Meta anunció algo que revolucionó medios de comunicación y redes sociales: implementaría una suerte de Notas de la comunidad en sus servicios, con un objetivo similar al de las ya presentes en X.

De esta manera, Mark Zuckerberg anunció el comienzo de una nueva era en Facebook, Instagram y Threads, que estaría marcado por la voluntad de los propios usuarios para añadir contexto a las publicaciones, con el fin de que fueran los demás quienes decidieran qué contenido quieren leer y compartir así como en qué información confiar.

Al instaurar este nuevo formato de moderación primero en Estados Unidos, se despediría de los verificadores de información independientes —principalmente, periodistas— que, desde 2016, se encargaban de revisar las historias y calificarlas según su precisión a través de informes detallados. 

En ellos, estos profesionales calificaban las publicaciones, las cuentas y las páginas según la exactitud de la información que contuvieran y determinaban si incluían datos falsos, alterados o parcialmente falsos, entre otras clasificaciones, si así correspondía.

Este reseteo de su procedimiento de verificación preocupó a usuarios y activistas, entre otros, porque abría un escenario potencialmente abierto a la distribución de contenidos engañosos y a los discursos de odio. Y, como era de esperar, una de las organizaciones que alzó la voz en este asunto fue el Consejo Asesor de Meta.

Esta Junta de supervisión de contenidos se puso en marcha en 2020 como un organismo formado por un grupo grande y diverso de expertos de todo el mundo con conocimientos en seguridad online y que tiene el objetivo de ofrecer información y estadísticas específicas para definir el enfoque que Meta busca promover en sus plataformas para proteger a sus usuarios.

Los cambios promovidos por Meta no han suprimido la figura del Consejo asesor, que en estos meses ha insistido en que la nueva dirección de Meta puede promover los discursos de odio y la violencia con publicaciones dañinas para usuarios y colectivos. 

Tanto es así que, poco después de que Zuckerberg anunciara el fin de sus verificadores, este grupo de expertos insistió en que era importante que la tecnológica no se dejara llevar por las ideologías políticas y que debía priorizar "los imperativos de seguridad global". 

Zuckerberg pisó el acelerador su nueva política de moderación

A finales de febrero se supo que este grupo estaba utilizando cuatro casos abiertos relacionados con el discurso de odio en sus plataformas para estudiar su nueva normativa de moderación de contenidos, entre los que se trataban aspectos como la inmigración y el uso de símbolos de odio, tal y como confirmó uno de los miembros del Consejo a Engadget.

Ahora, tras recibir información de "más de 1.000 personas y organizaciones de los cinco continentes" y después de poner en común esta problemática entre los 21 miembros de la Junta directiva "provenientes de diversas regiones y orígenes", ha dado una respuesta contundente a Meta en relación a este cambio de parecer del CEO de la tecnológica y ha ampliado los casos a 11.

Los casos expuestos trataban temas sobre la discriminación por razón de sexo y raza y, si bien los miembros del Consejo aseguraron coincidir con la decisión de Meta de mantener algunos contenidos en sus plataformas, en favor de la libertad de expresión, otros revelaron "deficiencias en la capacidad de Meta para evaluar con precisión las formas visuales de incitación [a la violencia] basadas en la desinformación viral".

Si bien los expertos han reconocido que los cambios de políticas de uso no afectaron los resultados de estos casos, han insistido en que éstos "se anunciaron con prisa, desviándose del procedimiento habitual y sin compartir información pública sobre si la empresa realizó alguna diligencia debida previa en materia de derechos humanos".

Por ese motivo, el Consejo ha instado a la tecnológica a cumplir con su compromiso público de respetar los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y que es "esencial" que identifique y aborde los impactos negativos en los derechos humanos que puedan derivarse de ellos.

Con ello, los expertos han recomendado que Meta evalúe "continuamente" la eficacia de las notas comunitarias en comparación con la verificación de datos por parte de terceros, "especialmente en situaciones donde la rápida difusión de información falsa crea riesgos para la seguridad pública".

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