Roja Directa condenada a pagar 31,6 millones a Mediapro por emitir ilegalmente partidos de fútbol
La justicia sigue estrechando el cerco contra la piratería, ahora Roja Directa deberá pagar 31,6 millones de euros a Mediapro por emitir partidos de fútbol ilegalmente. De hecho, fue en el año 2022 cuando el Tribunal Supremo condenó a los dueños de la web y a su administrador.
La piratería en el deporte ha encontrado uno de sus mayores frenos con el reciente fallo judicial contra Roja Directa.
Tras casi una década de procesos legales, el Juzgado Mercantil n.º 2 de A Coruña ha ordenado a Puerto 80, empresa detrás de la web, y a su administrador, Igor Seoane, indemnizar a Mediapro con 31,6 millones de euros por los perjuicios ocasionados durante la temporada 2014/2015.
El caso, que comenzó en 2014, se centra en la emisión ilegal de partidos de fútbol, vulnerando los derechos de propiedad intelectual de contenidos deportivos de pago.
De hecho, en el año 2022, el Tribunal Supremo declaró a ambos "responsables de las actividades ilícitas llevadas a cabo por la web Roja Directa, distribuyendo ilegalmente partidos de LaLiga y obteniendo grandes beneficios económicos por ello".
Este fallo supone un hito en la lucha contra la piratería digital en España y un ejemplo para futuros casos similares.
El modelo de negocio ilegal de Roja Directa
El cálculo de la indemnización no fue sencillo, según cuentan desde prensa de Grupo Mediapro. Los expertos consideraron la cantidad que Roja Directa habría tenido que pagar a Mediapro para adquirir legalmente los derechos de emisión. Además, los informes periciales revelaron que la web generó ingresos multimillonarios a través de publicidad y comisiones de tráfico web hacia casas de apuestas.
El fallo establece que de los 31,6 millones de euros, Igor Seoane es responsable solidario de 15,8 millones. Estas cifras reflejan no solo el impacto económico del pirateo, sino también la magnitud de los beneficios obtenidos mediante actividades ilícitas.
Roja Directa se convirtió en un símbolo de la piratería deportiva al ofrecer enlaces gratuitos para ver partidos en directo, incluyendo la Liga española, competiciones europeas y eventos deportivos internacionales. Aunque los usuarios no pagaban por acceder al contenido, la web obtenía grandes beneficios económicos.
Entre los ingresos más destacados que ganaron, estaban las millonarias comisiones por desviar tráfico a casas de apuestas deportivas. Según los informes judiciales, una de las cuentas vinculadas a Puerto 80 registró más de 11 millones de euros en ganancias solo en un año.
Esta actividad generó un grave daño económico a las empresas titulares de los derechos de emisión, como Mediapro y LaLiga, que tuvieron que intensificar su lucha legal para proteger sus contenidos.
En 2019, la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó el cierre definitivo de Roja Directa en España, marcando una victoria inicial para las compañías afectadas. Sin embargo, el proceso penal contra Igor Seoane sigue en curso.
El fiscal ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para Seoane, mientras que Mediapro y LaLiga exigen seis años por el delito continuado contra la propiedad intelectual. Además, se impuso una fianza de cuatro millones de euros para garantizar futuras responsabilidades económicas.
A pesar de estas medidas, se informa que las actividades ilegales de Roja Directa continúan operando desde el extranjero, desafiando los esfuerzos legales para frenar la piratería.
Este caso no solo afecta al fútbol, sino que evidencia el alcance de la piratería en otros deportes como tenis, baloncesto o boxeo. Sin duda, este fallo envía un mensaje claro, que la explotación ilegal de contenido protegido por derechos de propiedad intelectual tiene consecuencias legales y económicas severas.