Oficial | El Consejo de Ministros confirma la Ley de la IA con multas millonarias por el uso de deepfakes y vídeos hiperrealistas
España aprueba su Ley de IA con multas de hasta 35 millones de euros por deepfakes sexuales y obliga a etiquetar todo contenido generado con IA a partir de agosto de 2026.
España ya tiene sobre la mesa una de las regulaciones más duras de Europa contra los usos más peligrosos de la inteligencia artificial.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que adapta el reglamento europeo de IA al marco español y que introduce sanciones millonarias, nuevas obligaciones de transparencia y prohibiciones directas sobre determinados contenidos generados artificialmente.
La norma pone el foco especialmente en los deepfakes sexuales, la pornografía infantil creada con IA y los sistemas de manipulación considerados de alto riesgo.
Es importante mencionar que también obliga a identificar claramente los contenidos hiperrealistas generados artificialmente para evitar engaños, desinformación o suplantaciones cada vez más difíciles de detectar.
Qué prohíbe exactamente la nueva Ley de IA
Cabe señalar que uno de los cambios más importantes es la prohibición expresa de crear deepfakes sexuales y material de explotación infantil generado mediante inteligencia artificial.
La ley considera especialmente grave el uso de IA para fabricar imágenes, vídeos o audios falsos que vulneren derechos fundamentales, dañen la intimidad de las personas o simulen contenido sexual sin consentimiento.
Sin embargo, la norma no prohíbe todos los deepfakes. De hecho, los vídeos hiperrealistas de políticos, celebridades o personajes públicos seguirán siendo legales en determinados contextos, pero deberán ir claramente etiquetados desde el primer momento en que se compartan.
Aquí está uno de los puntos centrales de la regulación, que es diferenciar entre manipulación ilegal y contenido artificial identificado de forma transparente.
Cómo funcionará el etiquetado obligatorio de contenidos con IA
La ley establece que cualquier contenido generado o alterado mediante inteligencia artificial deberá estar etiquetado con las letras AI o con una marca de agua en los vídeos. Será obligatorio, especialmente en deepfakes, audios sintéticos o imágenes manipuladas capaces de inducir a error.
Cabe señalar que la obligación comenzará a aplicarse a partir del 2 de agosto de 2026, fecha en la que entrarán en vigor las normas europeas relacionadas con transparencia y contenido artificial.
Es importante señalar que el objetivo es evitar que una persona vea un vídeo generado con IA creyendo que se trata de una grabación auténtica. Además, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) será quien haga la gestión y el tratamiento de datos biométricos, por lo que controlará que se cumpla lo anterior.
Aunque todavía faltan detalles técnicos definitivos, el principio que marca la ley es claro: el aviso hacia los usuarios o las personas que ven el contenido deberá ser visible, comprensible y mantenerse desde la primera vez que el contenido se publique o distribuya.
Multas de hasta 35 millones o el 7% de la facturación global
Un punto esencial a mencionar es que el régimen sancionador será uno de los más duros dentro del entorno tecnológico europeo.
Y es que las infracciones leves podrán recibir multas desde 6.000 euros, mientras que los casos considerados muy graves alcanzarán hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial anual de la empresa responsable.
Ese modelo sigue la misma lógica utilizada en normativas europeas como protección de datos: sanciones suficientemente grandes como para afectar incluso a grandes tecnológicas internacionales.
La ley también establece obligaciones adicionales para sistemas considerados de "alto riesgo", donde seguirá siendo obligatoria la supervisión humana.
Una ley pensada para controlar los usos más peligrosos de la IA
La regulación no se limita únicamente a los deepfakes; también prohíbe sistemas de reconocimiento biométrico indiscriminado basados en características como raza, religión, orientación política o creencias personales.
Además, veta sistemas de "puntuación social", es decir, mecanismos capaces de clasificar o evaluar ciudadanos según comportamiento, hábitos, así como actividad personal para condicionar acceso a servicios o derechos.
El Gobierno intenta así evitar algunos de los escenarios más polémicos asociados al avance de la inteligencia artificial y reforzar límites relacionados con privacidad y derechos fundamentales.
Cabe destacar que la nueva normativa aprobada por el Consejo de Ministros no busca detener el desarrollo de la IA ni prohibir las herramientas generativas que ya utilizan millones de personas.
El verdadero objetivo es otro, que es imponer reglas antes de que la capacidad de crear imágenes, vídeos y voces falsas avance más rápido que la propia legislación.
Por eso el foco principal no está en la IA en sí misma, sino en cómo se utiliza, cómo se identifica y qué consecuencias tendrá para quienes intenten usarla para manipular, engañar o vulnerar derechos de otras personas.