Tu factura de Internet podría subir 18 euros al año por un cambio que afecta a la fibra óptica
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La CNMC estudia una propuesta de Telefónica que, según DIGI, Orange y Vodafone, podría encarecer la fibra hasta 18 euros al año para millones de usuarios.
Los clientes de operadores como DIGI, Orange o Vodafone podrían acabar pagando más por sus conexiones de fibra en los próximos años. Las principales telecos alternativas han advertido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de que una propuesta impulsada por Telefónica podría traducirse en un incremento de hasta 1,50 euros mensuales por línea, lo que equivale a 18 euros más al año.
La decisión todavía no está tomada, pero el regulador ya analiza una medida que ha abierto un nuevo choque entre la operadora y el resto del sector.
La diferencia entre las previsiones de unos y otros es enorme. Mientras los competidores de Telefónica hablan de una subida significativa para los costes de despliegue de fibra, la compañía sostiene que el impacto real sería prácticamente inapreciable para los operadores.
Telefónica y el resto del sector discrepan sobre el impacto económico
Las empresas rivales calculan que los cambios planteados provocarían un incremento del 116 % en determinados precios mayoristas durante los próximos años. Según sus estimaciones, el resultado final acabaría trasladándose a las cuentas de los operadores y, potencialmente, también a las facturas de millones de usuarios.
Telefónica, sin embargo, rechaza esas cifras. La compañía considera que el efecto económico sería mucho más reducido y sitúa el encarecimiento entre 8 y 16 céntimos al mes por línea una vez concluido el periodo contemplado en la propuesta.
La resolución de la CNMC será clave para determinar cuál de estos escenarios termina imponiéndose.
El debate afecta a una infraestructura esencial para la fibra en España
La disputa gira alrededor de la llamada oferta MARCo, un sistema que permite a otras operadoras utilizar conductos, postes, registros y canalizaciones propiedad de Telefónica para desplegar sus propias redes de fibra óptica.
Este acceso resulta fundamental para el sector, ya que evita tener que construir nuevas infraestructuras en numerosas zonas. Gracias a ello, las compañías pueden ampliar cobertura utilizando canalizaciones ya existentes y abonando una cuota por su uso.
La propuesta presentada por Telefónica contempla sustituir parte de la regulación actual por un modelo de compromisos vinculantes durante cinco años. Entre otras medidas, incluye un incremento inicial del 30 % en determinadas cuotas y posteriores actualizaciones económicas.
Las operadoras alternativas sostienen que la importancia de esta decisión es elevada porque una gran parte de sus despliegues depende de la infraestructura física de Telefónica.
Según sus datos, alrededor del 85 % de este tipo de instalaciones en España pertenecen a la operadora. Además, aseguran que más del 80 % de las redes de fibra que han desplegado durante los últimos quince años utilizan estas canalizaciones, que suman unos 120.000 kilómetros de subconductos.
A través de ellas, las compañías prestan servicio a aproximadamente nueve millones de clientes. Por eso, cualquier modificación en las condiciones económicas de acceso se ha convertido en uno de los debates más relevantes para el futuro de la fibra en España.