Un juez para los pies a la DGT: declara nula la "multa de la ITV" porque sancionar un vehículo inmóvil "carece de cobertura legal"
Un juez de Oviedo declara ilegal multar a vehículos estacionados por tener la ITV caducada y frena una práctica habitual de la Policía Local y la DGT.
Un juez ha puesto freno a una práctica habitual en Oviedo relacionada con las sanciones de tráfico: multar a vehículos estacionados por tener la ITV caducada.
En concreto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Oviedo ha declarado ilegal una multa de 200 euros impuesta por la Dirección General de Tráfico (DGT) tras una denuncia de la Policía Local, al considerar que la normativa solo permite sancionar la circulación sin la inspección técnica en vigor, y no el mero hecho de que un vehículo permanezca aparcado.
La sentencia, fechada el 15 de septiembre de 2025, estima el recurso presentado por Fran Suárez, miembro del Colectivo 1M, y supone un cambio en el criterio aplicado hasta ahora en la capital asturiana.
El magistrado sostiene que sancionar a un vehículo inmovilizado carece de cobertura legal y vulnera el principio de tipicidad recogido en el artículo 25.1 de la Constitución Española, que establece que solo pueden castigarse conductas expresamente tipificadas como infracción.
Hasta ahora, la Policía Local de Oviedo venía interpretando que la simple caducidad de la ITV era motivo suficiente para imponer una sanción, incluso cuando el vehículo no estaba en circulación. El fallo judicial desautoriza esta interpretación y limita la capacidad sancionadora a los supuestos contemplados de forma clara en la legislación vigente.
Tras conocerse la resolución, Suárez criticó duramente el criterio municipal aplicado durante años. “Es ilegal multar por algo que no es sancionable y no tiene más sentido que la mera recaudación”, afirmó.
El miembro del Colectivo 1M aprovechó también para hacer un llamamiento al Ayuntamiento de Oviedo y a la Policía Local para que pongan fin al “uso indiscriminado y arbitrario de las sanciones de tráfico como método de recaudación”.
Defendió que una recaudación municipal justa debe basarse en impuestos progresivos y equitativos, reservando las sanciones para situaciones excepcionales. A su juicio, la sentencia reconoce una situación “profundamente injusta y desproporcionada” para muchos ciudadanos, especialmente para quienes no pueden reparar su vehículo de forma inmediata.