A la Unión Europea no le importa que los videojuegos mueran y se conforma con pedir a los estudios "que sean buenos"

La Comisión Europea ha determinado que no puede obligar a las editoras de videojuegos a mantener el soporte de éstos una vez dejen de comercializarse; una respuesta que ha dado a una solicitud de Stop Killing Games.

Stop Killing Games es una campaña que busca resolver la obsolescencia planificada de los videojuegos. A pesar de que no tienen una fecha de caducidad oficialmente declarada, esta obsolescencia impulsa su desaparición, sin existir con ello una posibilidad que permita preservarlos.

De este modo, esta iniciativa europea denuncia que, aunque hay videojuegos que se venden sin fecha de expiración, están diseñados para dejar de ser jugables cuando concluye su soporte de actualizaciones y parches.

Con esta premisa, esta agrupación comenzó a actuar a nivel internacional en abril de 2024 y fue hace unos meses cuando presentaron un documento en el que analizaron la legalidad de este tipo de prácticas dentro del sector y cómo la preservación de los videojuegos puede beneficiar a la sociedad a nivel cultural.

Para impulsar esta propuesta, la organización llegó a recopilar hasta 1.294.188 firmas verificadas; una recolecta donde España brilló como uno de los países más comprometidos, debido a que aquí se recogieron más de 120.000 firmas.

Esta iniciativa se presentó en una audiencia pública ante el Parlamento Europeo el 16 de abril de 2026 y, tras celebrar un debate sobre dicha iniciativa, la Comisión ha publicado un documento y un comunicado en el que expone su postura.

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No puede obligar a las editoras a que sus videojuegos no caduquen

En este documento, publicado a través de su página web oficial, se indica que la Comisión Europea considera que no pueden proponer la obligación legal de mantener los videojuegos disponibles una vez que dejen de comercializarse.

Esto, según el organismo, se debe a los derechos de propiedad intelectual existentes, debido a que "conforme a la legislación europea sobre derechos de autor, los titulares gozan de derechos exclusivos sobre sus creaciones".

Sobre los compradores y jugadores, este organismo sostiene que "la legislación vigente de la UE en materia de protección del consumidor ya contempla importantes salvaguardias para proteger los intereses económicos" de los compradores.

Por ese motivo, los proveedores, editores y, en definitiva, desarrolladores de videojuegos "deben informar a los consumidores sobre la duración y las condiciones de rescisión del contrato antes de que estos se registren para adquirir el videojuego.

Asimismo, la Comisión Europea ha puntualizado que ofrece a los consumidores "recursos legales cuando el contenido o el servicio prestado no se ajusta al contrato ni a lo que razonablemente podrían esperar", motivo por el que tienen derecho a un reembolso proporcional a lo que se han gastado en un determinado videojuego.

En base a todo esto, y teniendo en cuenta que no pueden obligar a las editoras a preservar los videojuegos, la Comisión se ha comprometido a elaborar un código de conducta para la industria sobre la gestión del fin de la vida útil de los videojuegos.

Con ello, este organismo europeo ha avanzado que colaborara con las organizaciones de consumidores y las autoridades para sensibilizar sobre los derechos que les protegen. 

"La aplicación efectiva de estos derechos de los consumidores también puede incentivar a los proveedores a ofrecer videojuegos con una vida útil más larga y a explorar soluciones para satisfacer las expectativas de los consumidores", ha concluido.