Qué es la soberanía digital y por qué Francia está sustituyendo Windows por Linux en sus instituciones públicas

En enero de 2026, Francia ordenó sustituir Microsoft Teams y Zoom por Visio y ahora planea hacerlo también con los equipos Windows para ganar independencia digital.
El pasado 8 de abril de 2026, la Dirección Interministerial Digital de Francia emitió una directiva que obliga a todos sus ministerios a abandonar Windows y migrar a Linux.
Cabe señalar que son 2,5 millones de empleados en el horizonte de un cambio que, visto desde fuera, parece una decisión técnica sobre software, pero que en realidad no lo es.
Se trata de una respuesta a una pregunta que los gobiernos europeos llevan años evitando formular en voz alta: ¿qué ocurre si el proveedor tecnológico de un Estado decide cambiar sus condiciones?
Una directiva con fecha, plazo y modelo demostrado
La Gendarmería Nacional francesa lleva más de veinte años en proceso de migración a Linux. En junio de 2024, su distribución personalizada basada en Ubuntu, conocida internamente como GendBuntu, corría en 103.164 puestos de trabajo, el 97% de todo su parque informático.
El ahorro anual en licencias ronda los dos millones de euros, y la reducción del coste total de propiedad se estima en un 40%. Esto indica que no es una promesa; es un resultado contable.
La directiva de abril establece dos obligaciones concretas, donde la propia DINUM migrará sus aproximadamente 250 puestos de trabajo de Windows a Linux de forma inmediata.
El resto de ministerios, operadores públicos y organismos afiliados deberán presentar planes detallados de reducción de dependencias tecnológicas antes del otoño de 2026.
Esos planes no se limitan al sistema operativo, sino que deben cubrir ocho categorías, desde las herramientas colaborativas y el software de seguridad hasta las bases de datos, la infraestructura cloud y los equipos de red.
Es importante mencionar que el cambio real tomará entre dos y tres años como mínimo debido a que son 2.5 millones de ordenadores que abandonarán Windows en favor de Linux, pero la dirección ya está fijada por escrito y con responsables nombrados.
Qué es la soberanía digital y por qué Francia lo hace ahora
Cabe mencionar que la soberanía digital es la capacidad de un Estado, una empresa o una institución de controlar su propia infraestructura tecnológica, como los datos que genera, los sistemas y las plataformas.
Cuando esa infraestructura depende de terceros —especialmente de proveedores extranjeros sometidos a legislaciones distintas—, todo parece funcionar con normalidad hasta que deja de hacerlo.
El caso más claro es la Ley CLOUD de Estados Unidos, aprobada en 2018, que obliga a las empresas tecnológicas americanas a entregar datos almacenados en sus servidores a las autoridades estadounidenses cuando estas lo soliciten, independientemente de dónde estén físicamente esos servidores.
Eso significa que un ministerio francés que almacene documentos en la nube de Microsoft o Amazon está, en sentido legal, bajo la jurisdicción potencial de una ley extranjera. La soberanía digital es, en esencia, el intento de salir de esa situación.
La diferencia entre soberanía digital y preferencia tecnológica es relevante. Un gobierno puede preferir Linux por razones de coste, flexibilidad o filosofía de software libre, y eso no sería soberanía.
Lo que convierte la decisión francesa en soberanía digital es que el objetivo declarado es eliminar la dependencia de infraestructura que un poder externo podría interrumpir, modificar o condicionar.
La Suite Numérique: el ecosistema soberano que ya existe
Francia no llega a esta directiva con las manos vacías. La DINUM lleva años construyendo La Suite Numérique, un conjunto de apps de productividad soberana que sustituye, una por una, las herramientas de Microsoft y Google más habituales en la administración pública.
Tchap, la aplicación de mensajería cifrada de extremo a extremo desarrollada para uso gubernamental, ya tiene más de 600.000 usuarios activos entre funcionarios.
Visio, la herramienta de videoconferencia soberana, fue el producto que en enero de 2026 recibió el mandato de sustituir a Teams y Zoom para los 2,5 millones de empleados públicos antes de 2027.
A eso se suman el correo soberano, el almacenamiento de ficheros y la edición colaborativa de documentos con el programa FranceTransfert.
Toda la plataforma se aloja en servidores de Outscale, filial de Dassault Systèmes, y cuenta con la certificación SecNumCloud de la ANSSI, la agencia nacional francesa de ciberseguridad.
En abril de 2026, unos 40.000 usuarios habituales la utilizaban en fase de prueba entre distintos departamentos. No es un prototipo: es una infraestructura operativa que ya acumula experiencia de uso real.
El caso de Alemania refuerza la viabilidad del modelo, donde el estado federado de Schleswig-Holstein completó casi el 80% de su migración de 30.000 puestos de trabajo de Windows a Linux en 2024 y registró un ahorro de 15 millones de euros solo en licencias durante 2026.
Los límites que ninguna directiva puede ignorar
La voluntad política existe, el modelo de referencia también y el ecosistema soberano está en construcción. Pero hay obstáculos reales que el entusiasmo institucional no debería encubrir.
El primero es el software especializado, donde muchas administraciones usan apps de gestión, diseño o análisis que no tienen equivalente en el mundo del software libre.
Además, la resistencia al cambio en organizaciones grandes, como la Gendarmería, que tardó más de dos décadas en llegar al 97% de su parque; los ministerios civiles, con culturas organizativas distintas y menos jerarquía operativa, no tienen garantizado ese ritmo.
El tercer obstáculo es el más incómodo y el que ninguna fuente oficial aborda de frente: incluso si Francia migra completamente el escritorio a Linux, la capa de infraestructura cloud sigue siendo mayoritariamente americana.
Cambiar el sistema operativo del ordenador del funcionario es un paso real, pero no resuelve la dependencia estructural mientras los datos del Estado se procesen en centros de datos operados por empresas sometidas a la legislación de otro país.
Una decisión que no trata de software
Francia no ha elegido Linux porque sea técnicamente superior a Windows para el trabajo de oficina, sino porque el sistema de Microsoft es un producto de una empresa americana.
Significa que está sujeto a una legislación, sostenido por una relación comercial que cualquier administración de EEUU puede alterar unilateralmente. En el contexto actual, eso es un riesgo que Francia ha decidido dejar de asumir.
El paso hacia Linux es una herramienta dentro de una estrategia más amplia, donde el objetivo no es cambiar de software, es recuperar control.

