Varias comunidades autónomas españolas han creado su propia distro de Linux para no depender de las big tech
La Comunidad Valenciana es el mejor ejemplo de que los sistemas abiertos para la administración pública no solo ahorran millones de euros, sino que también crean empleo.
Últimamente se habla mucho de la soberanía digital de la Unión Europea frente a grandes potencias como Estados Unidos y China, aunque la región continúa manteniendo una dependencia excesiva de estos.
Este debate no es solo técnico, sino que tiene su consecuencia directa en la organización de las normativas, además de un impacto económico: mientras que China y EEUU cuentan con una reserva de aproximadamente el 70% de los contratos públicos para sus propias empresas, en Europa apenas el 12% de las licitaciones pertenecen a un tejido empresarial propio.
Esto ya es un indicador claro de que Europa, y más aún España, continúan dependiendo en un alto grado de estas super potencias. De tal forma, ya hay investigadores como Patricia Valcárcel Fernández, catedrática de Derecho Administrativo por la Universidad de Vigo, que refieren la necesidad de un nuevo "contrato social digital".
Aunque es una declaración estratégica de intenciones, España y Europa aún siguen apostando por grandes multinacionales, con el gran problema de que los sistemas restrictivos de estas no permiten que se revise cómo actúan en la práctica, a pesar de que gestionan datos personales de vital importancia en las administraciones públicas.
Para Valcárcel, la contratación pública es la principal base para garantizar este nuevo contrato social digital y marca el inicio del fin de la dependencia en los sectores estratégicos del Estado, como pueden ser los sistemas usados en la Seguridad Social y otros ámbitos vitales como la educación.
España ha tenido –y tiene– ejemplos imprescindibles que muestran, no obstante, que un contrato basado en sistemas no propietarios, no solo reduce el gasto público en contrataciones y licencias, sino que también permite realizar planes de empleo para programadores, desarrolladores y especialistas en ciberseguridad.
El coste de apostar por licencias restrictivas: mayor dependencia y el doble de gasto
En su página oficial, Microsoft establece las diferentes modalidades presentadas como oferta para las administraciones públicas, como el acuerdo de negocio, una opción para organizaciones gubernamentales de más de 250 personas.
Este permite acceder a las últimas versiones de su sistema operativo, pero a cambio aumenta la dependencia en el tiempo de estos, además de que su evolución correrá a cargo de la propia empresa privada.
En España, las contrataciones de este tipo dependen directamente de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC), mediante mecanismos como los Sistemas Dinámicos de Adquisición (SDA).
Durante el año 2022, uno de estos SDA asumió un gasto de 2.646.000.000 euros, una cifra en la que se encuadrarían –entre otras– las licencias de Windows y Microsoft 365, la suite de ofimática de Microsoft.
Por ejemplificar de forma más sencilla esta carga económica para las arcas públicas del Estado, en 2025 un simple contrato para el desarrollo de los sistemas de administración electrónica ascendió a más de 72 millones de euros.
Y más aún, ministerios como el de Defensa o la Secretaría General de Administración Digital son los que mayor gasto presentan, con inversiones año tras año que superan los 166 millones de euros, un gasto no tan justificado como parece, ya que las opciones abiertas, open source, ofrecen una alternativa que supondría una reducción de gasto público –eficiente–, así como ofertas de empleo para puestos tecnológicos. En definitiva, una verdadera apuesta por la soberanía tecnológica tan mencionada.
Quizá la mejor forma de ilustrar esto sea mirando a nuestro vecino, a Francia, ya que después de migrar el 97% de su capacidad a GendBuntu, fue capaz de reducir el coste total de la propiedad en un 40%, con un ahorro de 2 millones de euros en licencias cada año.
Y Alemania siguió este mismo camino en el Estado de Schleswig-Holstein tras el cambio hacia sistemas abiertos, como Linux y LibreOffice: el resultado fue un ahorro de 15 millones de euros en un solo año, migrando 30.000 puestos de trabajo sin ningún tipo de problema.
Aunque no hace falta viajar mentalmente a estos países europeos, ya que en España hay ejemplos patrios: en Extremadura, con el caso más sonado hace más de 20 años, mediante la aplicación de gnuLinEx, una distro basada en Debian que fue diseñada específicamente para frenar el gastos en licencias de Microsoft, tanto en escuelas como en el sector público.
No obstante, ante las barreras de conocimiento de adoptar un sistema Linux, el programa fracasó y está descontinuado. Pero aún resisten otras comunidades, como la Comunidad Valenciana, con LliureX, con un ahorro de más de 30 millones de euros en este programa.
Distros de Linux en comunidades autónomas que marcan un nuevo camino
El de LliureX no es el único ejemplo claro de que apostar por el software abierto no es una desventaja, sino una decisión política que puede marcar el devenir en todos los sentidos, desde la gestión de sistemas hasta los programas de contratación pública.
Han existido programas como el de la Junta de Extremadura que no funcionaron por no tener un programa público dedicado a la formación y contratación de especialistas en estos temas. Sea como sea, marcó el inicio de una nueva época.
A partir de este, Andalucía desarrolló Guadalinex, que se descontinuó y evolucionó hacia GECOS para la administración pública y EducaAndOS para las escuelas, tras el fin del soporte de Windows 7.
Y en otras como la Comunidad de Madrid aún existe MAX (MAdrid_linuX), un sistema diseñado también para la enseñanza, el ámbito en el que mayor desarrollo han presentado este tipo de distros.
Al igual que Cataluña, que utiliza Linkat, un sistema con varias aplicaciones multimedia que se basan en versiones extendidas de Ubuntu y que incluso permiten el uso de IA nativa.
En tal caso, con ahorros evidentes que han marcado la evolución de estos sistemas, al contrario de lo que ocurrió con Extremadura, donde el programa para mantener su distro se enfrentó a recortes presupuestarios, así como a una falta de planificación en la contratación de profesionales.
A día de hoy, hay muchas comunidades autónomas que ni siquiera planifican este tipo de contrataciones, sino que continúan la línea histórica marcada, con acuerdos que pueden hacer que la gestión eficiente se quede en un segundo plano, con una supuesta comodidad que puede aumentar el gasto público.