Jurista Enloquecido, abogado: "Lo que ha pasado con LaLiga y las VPN me parece GRAVÍSIMO"
Un abogado alerta sobre los riesgos jurídicos de las medidas que obligan a NordVPN y Proton VPN a bloquear ciertas IP en España durante los partidos de LaLiga.
Tras las medidas cautelares dictadas por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, que obligan a NordVPN y Proton VPN a bloquear direcciones IP durante los partidos, ha saltado la voz de alarma. Incluso algunos abogados ya se han pronunciado al respecto.
Uno de ellos es el letrado conocido en redes sociales como Jurista Enloquecido, que ha lanzado una dura crítica contra la última ofensiva judicial impulsada por Javier Tebas y LaLiga contra los servicios de VPN.
El primer punto crítico que destaca es que las medidas se han adoptado “inaudita parte”, es decir, sin escuchar previamente a las empresas afectadas. Si bien esta figura está prevista para casos de urgencia excepcional, se cuestiona si resulta proporcional aplicarla para proteger derechos de retransmisión deportiva.
De hecho, desde NordVPN y Proton VPN han asegurado públicamente que no tenían conocimiento del procedimiento en curso.
El segundo problema radica en la supuesta imposibilidad de recurrir de forma directa la resolución. El derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, incluye la posibilidad de impugnar resoluciones desfavorables. Según el abogado, limitar esa vía podría abrir un debate constitucional de mayor alcance.
Otro aspecto controvertido es el carácter “dinámico” del bloqueo. La resolución permite que LaLiga comunique nuevas direcciones IP para su restricción sin necesidad de una autorización judicial específica cada vez. Para el jurista, esto supone una delegación de funciones jurisdiccionales en manos de una entidad privada.
Además, advierte del impacto sobre usos legítimos. Las VPN no solo sirven para eludir restricciones geográficas, sino que son herramientas habituales para el teletrabajo, la protección de datos en redes públicas o la privacidad digital. Restringir su funcionamiento durante horas cada fin de semana podría acabar afectando a miles de personas que no participan en actividades ilícitas.
Aquí entra en juego el principio de proporcionalidad recogido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Para el abogado, el debate no es si la piratería es ilegal (que lo es), sino si los mecanismos para combatirla respetan las garantías procesales. A su juicio, el verdadero riesgo es el precedente que se crea, y es que si se normalizan bloqueos sin audiencia previa y con escaso margen de recurso, mañana podrían aplicarse en ámbitos mucho más sensibles.