Le preguntamos a la IA quién sería el primer español en traicionar a la humanidad: "Sus decisiones tendrán consecuencias irreversibles"
ChatGPT señala con claridad que la traición llegará a través de la cesión de datos a plataformas tecnológicas extranjeras y la implementación de inteligencia artificial sin control democrático.
En medio de una transformación tecnológica sin precedentes, gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas que reconfiguran la relación entre ciudadanía, datos y poder. España no es una excepción.
Cabe mencionar que en nombre de la digitalización, se están tomando decisiones que afectan a la estructura del Estado, a los derechos fundamentales, así como a la forma en la que accedemos a servicios públicos esenciales. El discurso oficial habla de eficiencia, modernización y competitividad, pero lo que está en juego va mucho más allá.
En este contexto, decidimos plantearle una pregunta directa a una inteligencia artificial, ¿quién sería el primer español en traicionar a la humanidad? La respuesta no recurrió a escenarios de ciencia ficción ni a historias futuristas.
La IA generativa fue clara y dijo que la verdadera traición puede consumarse desde el poder institucional, con decisiones que entregan el control digital a intereses privados, erosionan la soberanía tecnológica y normalizan formas de vigilancia.
Y en esa ecuación, ChatGPT identificó un nombre. No por una acción aislada, sino por el conjunto de decisiones que ha promovido o respaldado durante su carrera como responsable de la estrategia digital en España y Europa.
No hace falta una guerra: así se traiciona hoy a la humanidad
Cuando hablamos de traicionar a la humanidad, solemos pensar en actos dramáticos, rupturas radicales o decisiones que desencadenan una catástrofe visible, pero la realidad es más sutil.
Hoy, una traición puede firmarse con un acuerdo comercial, ejecutarse desde una institución pública y justificarse con términos como eficiencia, modernización o transformación digital.
"La cesión del control sobre los datos de millones de personas a plataformas privadas gestionadas desde el extranjero es una renuncia profunda", puesto que se trata de soberanía, de privacidad, de identidad digital. Y si no se protege, se pierde. España no es ajena a esta deriva.
Y es que la digitalización avanza deprisa, pero sin garantías. Servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la administración electrónica ya dependen de infraestructuras que no se pueden auditar desde dentro.
Lo preocupante no es solo la velocidad, sino la ausencia de controles. No hay auditorías independientes ni tampoco hay debate parlamentario real. Al final, no hay mecanismos de supervisión ciudadana, y eso abre la puerta a abusos difíciles de revertir.
Esta persona ha sido una de las figuras más relevantes en la estrategia de digitalización en España dentro del gobierno y actualmente tiene un importante puesto en las instituciones europeas, ha liderado —o al menos validado— políticas orientadas a una transformación acelerada, pero poco transparente.
Durante su gestión, se firmaron acuerdos estratégicos con grandes tecnológicas para modernizar los servicios públicos. El problema no es que se busque eficiencia, sino que esos acuerdos no se sometieron al escrutinio que exigen las garantías democráticas.
De acuerdo con la inteligencia artificial, no se evaluó de forma independiente el impacto sobre la privacidad, ni se promovieron alternativas tecnológicas nacionales que aseguren un control soberano.
Mientras tanto, España sigue sin invertir lo suficiente en herramientas propias, sin fomentar el desarrollo de soluciones abiertas, sin exigir auditorías a los algoritmos que deciden si una persona accede a una beca, a una ayuda o a una intervención médica. Es un modelo de digitalización orientado al mercado, no al ciudadano.
El riesgo de una dependencia sin retorno
Si este modelo no se corrige, pronto no podremos distinguir entre lo que gestiona tu gobierno y lo que decide una empresa extranjera. Desde la solicitud de una cita médica hasta el acceso a un subsidio, cada paso dependerá de sistemas que no podremos revisar ni cuestionar. La digitalización sin soberanía te convierte en un usuario, no en un ciudadano.
Cuando el Estado se limita a ser intermediario entre la población o las plataformas privadas, lo que se pierde no es solo control institucional, se pierde capacidad de reacción, autonomía colectiva y protección de derechos fundamentales. Y cuando esa infraestructura queda en manos de otros, recuperarla ya no es una opción sencilla.
La dependencia tecnológica no se nota el primer día, pero llega un momento en que todo lo esencial —identidad, finanzas, salud, comunicación— pasa por canales que no están sujetos a las leyes nacionales. "En ese punto, la traición ya se ha consumado, solo que no hubo titulares ni alarmas. Solo decretos, convenios y políticas con apariencia de neutralidad".