Ese sistema recibe el nombre de ADDW, unas siglas que probablemente nunca habías escuchado, pero que seguro que van a dar mucho de qué hablar.

Su objetivo es detectar si el conductor muestra signos de cansancio, somnolencia o distracción y avisarle antes de que la situación se convierta en un peligro.

Como era de esperar y viendo cómo va a actuar, la decisión no ha caído excesivamente bien. Muchos ya han calificado la medida como otra molesta sobrerregulación de las instituciones europeas y, por supuesto, nadie sabe si realmente las grabaciones se quedan en privado o acaban en manos de las autoridades.

¿Qué es el ADDW?

ADDW son las siglas de Advanced Driver Drowsiness and Warning, que puede traducirse como Sistema Avanzado de Detección de Somnolencia y Atención del Conductor.

Forma parte del conjunto de asistentes de seguridad que la Unión Europea está introduciendo para reducir el número de accidentes de tráfico, especialmente los provocados por despistes o por el cansancio al volante.

Su funcionamiento puede compararse con el de un copiloto que nunca deja de observar la carretera... y también al conductor. No conduce el coche por ti, ni gira el volante ni pisa el freno como hacen los coches autónomos, pero sí analiza todo el tiempo si quien está al volante se está comportando como debe.

El motivo es sencillo. Según estudios sobre seguridad vial, la fatiga y las distracciones están detrás de un gran porcentaje de los accidentes graves. Basta con apartar la vista de la carretera durante unos pocos segundos para recorrer muchos metros completamente a ciegas. El ADDW intenta detectar precisamente ese tipo de situaciones antes de que sea demasiado tarde.

Si el coche detecta que apartas los ojos de la carretera durante más tiempo del debido, el sistema interviene mediante pitidos, alertas visuales en el cuadro de mandos o incluso desactivando de golpe el control de crucero.

¿Cómo sabe el coche que estás cansado o distraído?

Todo esto será gracias a las cámaras y sensores que va a integrar el vehículo. En los sistemas más básicos, el coche analiza solo la forma de conducir.

Si detecta movimientos raros del volante, cambios de trayectoria o un comportamiento un tanto extraño respecto a cómo has conducido durante el resto del trayecto, interpreta que puede existir un problema y recomienda hacer una pausa.

Sin embargo, esto va más allá y los vehículos vendrán con una cámara situada normalmente detrás del volante, junto al cuadro o cerca del retrovisor interior, enfocando directamente al conductor.

Esa cámara no está pensada para grabar vídeos del interior del coche. Su misión es analizar tu cara y la postura corporal mediante inteligencia artificial. Por ejemplo, controla hacia dónde diriges la mirada, cuánto tiempo permaneces con los ojos cerrados, la frecuencia con la que parpadeas o si giras la cabeza durante demasiado tiempo hacia otro lugar.

Si detecta que llevas varios segundos mirando el móvil, el navegador o cualquier otro punto que no sea la carretera, interpreta que tu atención ha bajado. Lo mismo ocurre si ve signos de somnolencia, como párpados muy pesados, bostezos continuos o movimientos de cabeza propios del cansancio.

Toda esa información se combina con otros datos del vehículo, como la velocidad, el tiempo que llevas conduciendo sin descansar o el comportamiento del volante, para calcular si existe un riesgo real.

¿La Unión Europea va a obligar a que una cámara te vigile al conductor?

Si bien esto es cierto, hay algunos matices. La nueva normativa europea obliga a que los coches de nueva homologación incorporen un sistema capaz de detectar la pérdida de atención del conductor. Cada fabricante puede decidir cómo incorporarlo, aunque parece que la mejor forma es precisamente esa cámara.

Esto ha provocado que muchas personas hablen de un "gran hermano" dentro del coche. Sin embargo, no es del todo así.

En la inmensa mayoría de los casos, las imágenes nunca salen del vehículo. La cámara analiza la información en tiempo real mediante el propio ordenador del coche y, una vez hace ese análisis, las imágenes se descartan automáticamente. Es decir, no se almacenan vídeos del conductor ni se envían a ningún sitio.

Es cierto que la normativa exige que el sistema ADDW funcione en un circuito cerrado, pero la teoría es una cosa y la práctica es otra muy distinta. Aquí parece que no depende tanto de la normativa de la UE, sino del propio fabricante y su transparencia a la hora de usar esos datos, aunque solo sea para mejorar su propia tecnología en el coche.

Desde luego, los coches están dejando de ser coches como tal para convertirse en auténticos ordenadores conectados a la red.

Desde abril del año 2018, todos los coches y furgonetas poco pesadas homologadas en Europa están obligadas por ley a llevar el sistema eCall, un botón de emergencia que llama automáticamente a emergencias si tienes un accidente.

Si a esto le sumamos que consultoras como McKinsey estiman que el 95% de los vehículos en circulación estarán conectados de forma nativa a internet de aquí al año 2030, que te digan que todo este tipo de sistemas que se están incluyendo van a registrar datos que quedarán entre el conductor y el coche y nada saldrá de ahí, parece al menos sospechoso.

Sin ir más lejos, un informe publicado por la Fundación Mozilla desveló que, tras analizar a fondo las políticas de privacidad de 25 grandes marcas de coches, todas suspendieron en seguridad de datos.

A partir del 31 de julio, esto empieza a cambiar en España con la llegada del llamado “derecho a reparar”, un marco europeo que obliga a las marcas a ofrecer reparaciones reales y razonables incluso cuando la garantía ya ha expirado.

La nueva situación no nace de la nada, sino que forma parte de la Directiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea como DOUE-L-2024-81060.

En ella se establece normas comunes para promover la reparación de bienes y modifica otras reglas europeas de consumo y vigilancia del mercado.

Esta directiva está en vigor desde el verano de 2024 y da un plazo de 24 meses para que los Estados miembros, entre ellos España, la incorporen a su legislación antes del 31 de julio de 2026.

Cabe señalar que su propósito es claro: que reparar deje de ser una excepción complicada y se convierta en una opción sencilla, accesible y prioritaria frente a la sustitución del producto para todos los usuarios.

Qué ocurría antes y qué cambia ahora

Hasta ahora, la protección del consumidor se concentraba en el periodo de garantía. Si el dispositivo fallaba dentro de ese plazo, el vendedor tenía que responder y podía optar entre reparar o reemplazar el equipo.

Cuando la garantía terminaba, el usuario quedaba a menudo a merced de la política comercial de la marca. Era frecuente encontrarse con presupuestos de reparación muy elevados, con servicios oficiales que desaconsejaban arreglar y con un acceso limitado a piezas de repuesto o información técnica.

El resultado era que millones de productos potencialmente reparables se sustituían antes de tiempo, pero con la entrada en vigor del derecho a reparar, el escenario se reordena.

La directiva da a los consumidores el derecho a pedir directamente al fabricante que repare los productos que sean técnicamente reparables según el Derecho de la UE, tanto dentro como fuera de la garantía.

A qué dispositivos afecta el derecho a reparar

La norma se aplica a un conjunto concreto de bienes para los que la legislación europea ya exige requisitos de reparabilidad. Entre ellos se encuentran móviles, tablets, televisores, monitores y un amplio abanico de grandes electrodomésticos.

En la práctica, esto significa que muchos de los dispositivos que usamos a diario en casa dejan de ser “desechables de facto” al acabar la garantía.

Si se estropea una lavadora de pocos años, una tele o un smartphone reciente, la marca tendrá que asumir que el arreglo es una opción principal y dotar sus servicios de todo lo necesario para hacerlo viable.

El cambio clave para la industria es que la obligación ya no se reduce a la garantía inicial. A partir de la fecha límite de incorporación, los fabricantes deberán ofrecer servicios de reparación cuando ésta sea técnicamente posible.

Cabe señalar que el precio y el plazo de estas reparaciones tendrán que ser razonables, de modo que reparar no resulte económicamente poco atractivo por diseño.

La directiva también exige que las empresas faciliten acceso a piezas de recambio, herramientas e información técnica para que el mantenimiento de los dispositivos sea más sencillo tanto para su propia red como para otros actores autorizados.

Además, se introduce una protección específica frente a una práctica muy habitual. Los fabricantes no podrán rechazar la reparación solo porque el dispositivo haya sido intervenido previamente por un servicio técnico independiente o porque se hayan empleado componentes compatibles que no sean originales.

La norma busca evitar que una visita a un taller ajeno se convierta en excusa para quedarse sin soporte oficial. Con ello se abre el mercado de servicios, se reduce la dependencia de un único canal y se favorece que los consumidores puedan combinar reparaciones en servicios independientes con el recurso al fabricante cuando lo necesiten.

Qué persigue la UE con este nuevo marco

Aunque la palabra “obsolescencia programada” no aparezca como tal en el título de la directiva, el problema que intenta abordar está muy cerca de esa realidad.

La Comisión Europea ha señalado que los productos que pueden repararse pero se eliminan de forma prematura generan millones de toneladas de residuos y un despilfarro de recursos.

De este modo, la idea del derecho a reparar es revertir ese patrón, obligando a que sea posible extender la vida útil de los productos con reparaciones asumibles, en lugar de sustituirlos a los pocos años por una mezcla de diseño poco reparable y repuestos caros.

Con este marco, Bruselas busca una economía más circular, en la que la reparación, la reutilización y la prolongación de la vida útil de los bienes sean la norma.

De paso, se refuerza la posición del consumidor, que deja de estar tan condicionado por decisiones comerciales de las marcas y gana capacidad real para exigir que el aparato se arregle cuando aún tiene recorrido.

Menos residuos, más control sobre lo que se compra y más transparencia sobre lo que ocurre cuando algo se estropea son los pilares sobre los que se construye esta medida.

Y es que el tamaño medio de los vehículos ha crecido de forma constante, sobre todo por el éxito de los SUV, que se han vuelto bastante populares en los últimos años debido a que son un excelente formato de transporte.

Los fabricantes han ido lanzando modelos más grandes porque el mercado los pide, ya que ofrecen una posición de conducción elevada, más presencia en carretera, así como una sensación de seguridad para quienes viajan dentro.

Pero el problema es que ese crecimiento no se queda dentro del concesionario debido a que afecta a las ciudades, al espacio que ocupan los coches y a la seguridad de quienes caminan junto a ellos.

Los coches han crecido y seguirán haciéndolo

Según los datos citados por Today.it, los SUV crecen alrededor de 1,2 centímetros cada año. Si bien puede parecer poco, acumulado durante décadas cambia por completo el tamaño del parque móvil.

Un coche vendido en Europa medía de media 4,09 metros de largo en el año 2000. En 2025, esa longitud ya se sitúa en 4,38 metros y, si la tendencia continúa, los expertos estiman que en 2040 podría llegar hasta los 4,56 metros.

Es importante mencionar que la evolución no afecta solo al largo, sino que los coches que se venden en Europa también son cada vez más anchos y altos.

Eso significa que ocupan más sitio al aparcar, dejan menos margen en calles estrechas y reducen el espacio disponible para el resto de usuarios. En ciudades diseñadas hace décadas, esta diferencia empieza a notarse.

Menos espacio público y menos aparcamiento

El crecimiento de los coches tiene una consecuencia directa: donde antes cabían más vehículos, ahora caben menos. Según el análisis publicado por la ONG Transport & Environment y Clean Cities, si no se actúa, Europa podría perder entre un 8,5 % y un 14 % de su capacidad de aparcamiento en la vía pública para 2040.

Cabe señalar que el impacto sería visible en grandes ciudades, ya que el mismo análisis señala que Roma corre el riesgo de poder albergar entre 58.000 y 95.500 coches menos, mientras que Milán podría perder capacidad para entre 17.000 y 28.000 vehículos.

Los SUV y los coches grandes suelen tener un frontal más alto que los turismos tradicionales, una altura que puede empeorar las consecuencias de un atropello, porque el impacto se produce en zonas más delicadas del cuerpo.

También puede aumentar los puntos ciegos delante del vehículo, especialmente peligrosos para niños y peatones de baja estatura. Para un conductor, un coche grande puede transmitir protección, pero para quien cruza la calle, el riesgo puede ser mayor.

Por eso las organizaciones que estudian la movilidad urbana insisten en que el tamaño de los coches grandes y SUV debe formar parte del debate sobre seguridad vial.

La propuesta: más impuestos para los coches más grandes

Para frenar esta tendencia, Transport & Environment y Clean Cities proponen que los vehículos de mayor tamaño paguen más impuestos. La idea no consiste en prohibir los SUV, sino en hacer que su impacto tenga un coste proporcional.

La propuesta plantea una fiscalidad que no mire solo las emisiones o el motor, sino también el tamaño, el peso y el espacio que ocupa cada coche, ya que esta situación comienza a ser un peligro para los peatones, pero sobre todo para niños y abuelos.

Por ello, quien utilice un vehículo más grande en entornos urbanos pagaría más porque consume más espacio público y puede generar más riesgos para los usuarios vulnerables.

Y es que el crecimiento de los SUV ha dejado de ser una simple cuestión de gustos. Si los coches siguen aumentando de tamaño, las ciudades tendrán menos aparcamiento, calles más tensionadas y más dificultades para proteger a peatones.

Por eso Europa empieza a mirar el tamaño del coche como un problema público, donde la pregunta ya no es solo cuánto contamina un coche, sino cuánto espacio ocupa y qué consecuencias tiene para todos los demás.

En el centro se encuentra la herramienta AI Overview. Esta acusó de forma errónea a dos empresas editoras de llevar a cabo prácticas comerciales un tanto cuestionables.

Las compañías difamadas, en lugar de pasarlo por alto, llevaron a Google ante el tribunal de Múnich. La defensa de la empresa de Silicon Valley intentó alegar que ellos no eran los autores de ese texto y que no se les podía culpar por los fallos de su IA, pero los jueces alemanes han dictaminado que Google tiene que borrar esos comentarios de inmediato y asegurarse de que su IA no vuelva a repetirlos.

Con esto, a partir de ahora, si un buscador publica las respuestas de un algoritmo de cara al público, tendrá que hacerse cargo de los resultados y asumir la responsabilidad legal de sus errores, exactamente igual que si lo hubiera redactado una persona.

En pocas palabras, cuando la inteligencia artificial es la que crea la respuesta, la empresa pasa automáticamente a ser la editorial que publica ese contenido.

¿Qué significa la sentencia contra Google por los fallos de su IA y cómo cambiará las búsquedas en internet?

Para ti, como usuario, es una gran noticia. Hasta hoy, las compañías tecnológicas han estado luchando contra el resto por meter inteligencia artificial en todas partes sin comprobar si lo que decían sus sistemas era verdad o no. Tras este fallo judicial, los expertos avisan de que las empresas van a tener que poner a personas reales a revisar las respuestas antes de ponerlas en internet.

Por supuesto, aquí no sale solo perjudicada la propia Google. Esto salpica a cualquier otra compañía que use la IA para dar respuestas, como OpenAI con ChatGPT o Microsoft con Copilot.

A pesar de todo esto, y tristemente, expertos del sector reconocen que muchas empresas no se tomarán en serio el control de sus algoritmos hasta que les toque pagar una multa millonaria o salgan en todas las noticias.

Cómo funciona el truco de la URL con &udm=14 para evitar las búsquedas en Google con IA

Si por algún casual quieres desactivar la búsqueda por IA de Google, el truco consiste en utilizar el parámetro de URL "&udm=14". Cuando se añade al final de una URL de búsqueda, cambia la vista de resultados a una que muestra únicamente los enlaces de siempre, sin que haya IA de por medio. Por ejemplo:

Haz una búsqueda normal en Google.

Una vez que tengas los resultados, ve a la barra de direcciones de tu navegador.

Al final de la URL de búsqueda, añade "&udm=14".

Presiona Enter y la página de resultados se actualizará para mostrar solo los 10 enlaces azules tradicionales.

Esto es algo que no solo sirve para eliminar la IA del buscador, ya que si lo añades al final de la URL en tu búsqueda, también te permitirá eliminar todo el añadido que Google ha ido haciendo, como "Últimas noticias" o acceso a X al buscador, para dejar tan solo los enlaces de toda la vida.

A todo esto añadir que este truco puedes establecerlo como predeterminado para no tener que añadirlo de forma manual cada vez que hagas una búsqueda. Es muy fácil:

Accede a la configuración del motor de búsqueda: haz clic derecho en la barra de direcciones y selecciona "Gestionar buscadores y búsquedas en el sitio".

Añadir un nuevo motor de búsqueda: crea un nuevo motor de búsqueda con el nombre "Google Web" y utiliza https://www.google.com/search?q=%s&udm=14 como la URL.

Establecer como predeterminado: selecciona este nuevo motor de búsqueda y configúralo como predeterminado.

De esta forma, ese "&udm=14" estará siempre incluido en tus búsquedas, eliminando cualquier añadido que ahora Google haya decidido incluir, rompiendo por completo el concepto de búsqueda de siempre.

Si bien esto denota interés por proteger a la población, no todo es blanco o negro y precisamente de esto es de lo que ha querido hablar Andrew Ng, uno de los nombres más importantes de este sector.

El fundador de DeepLearning.AI y uno de los mayores expertos en IA piensa que esta última decisión del gobierno estadounidense es bastante razonable, aunque ha estado muy cerca de convertirse en un desastre. Según explica el propio Ng, el texto final no ha sido tan desmesurado gracias al trabajo de asesores que han sabido frenar las presiones de los grandes lobbistas.

El problema no es esta ley en concreto, sino la tentación que tienen los políticos de regularlo todo por miedo a llegar a esos escenarios apocalípticos que a algunos les interesa que el mundo conozca (y tema).

Esto es algo con lo que Yann LeCun, uno de los padres de la IA moderna y el jefe científico de Meta, coincide. Este ha afirmado que todos esos gurús que avisan de que las máquinas van a extinguir la humanidad se comportan exactamente igual que una secta que espera el apocalipsis.

"El 'doomerismo' de la IA tiene todas las características de un culto apocalíptico: mito de la creación, omnisciencia y control para los líderes ilustrados, conocimiento prohibido accesible solo para unos pocos, salvación para el pueblo elegido y apocalipsis para todos los demás", comenta.

Y, como no podría ser de otra forma, el centro del debate y el miedo está ahora en Mythos, la IA de la empresa Anthropic. Esta herramienta ha supuesto un cambio total a la hora de buscar fallos y vulnerabilidades en el código de programación de forma automática.

A largo plazo, que una máquina encuentre errores es una gran noticia porque ayuda a los expertos a parchear los sistemas antes de que ocurra nada, pero a corto plazo puede dar pie a un gran peligro si los atacantes o ciertos gobiernos usan esa misma tecnología para descubrir debilidades y explotarlas.

Por eso, Ng ve lógico que la administración de Joe Biden pida a las grandes empresas de IA que hagan públicos sus avances en ciberseguridad (aunque de forma voluntaria).

Sin embargo, y tal y como explica el experto usando una metáfora, "desafortunadamente, siempre que existen riesgos legítimos, también existe la tentación de sobrerregular. Tomemos como ejemplo las empresas que se dedican a trenzar el cabello. Esta es una actividad muy segura, pero conlleva pequeños riesgos. Al fin y al cabo, no queremos que los estilistas tengan una higiene tan deficiente que contagien a sus clientes con piojos o enfermedades".

En pocas palabras, Ng afirma que con la IA pasa lo mismo. Sí, es verdad que hay riesgos reales (como que se use la IA para hackear sistemas), pero si el gobierno se asusta y empieza a pedir licencias, patentes y permisos burocráticos para poder programar, va a asfixiar a los desarrolladores pequeños y al software libre.

¿Por qué la regulación de la inteligencia artificial puede frenar a las empresas y al software libre?

Según el experto, muchas veces las leyes no se hacen para proteger al ciudadano, sino para beneficiar a las cuatro empresas de siempre que ya están en lo más alto del mercado.

Al pedir requisitos burocráticos enormes y responsabilidades imposibles a cualquiera que entrene un modelo de lenguaje, lo único que se consigue es que los desarrolladores independientes y los proyectos de código abierto tengan que cerrar por no poder pagar los costes. Es decir, se elimina la competencia usando la ley como una cierta excusa.

Ng se lanza a la piscina e incluso afirma que todo lo que se habla a día de hoy sobre la IA y sus posibles consecuencias irreparables es muy sucio. Esas historias apocalípticas solo sirven para justificar normas que no tienen sentido. El gran problema es que, en este caso de la ciberseguridad, el riesgo sí es real, lo que da a todas estas empresas de IA la excusa perfecta para meter miedo a los políticos y exigir leyes que pinchen la burbuja del desarrollo.

Para Ng, si un país no tiene la capacidad de entender cómo funciona la IA que intenta regular, lo mejor que puede hacer es estarse quieto. Tal y como asegura, es mejor no tener ninguna regulación antes que tener una ley mala que asfixie un sector entero.

Todas estas áreas utilizan sistemas de videovigilancia para prevenir robos o controlar accesos, pero hay un detalle que muchas comunidades pasan por alto y que puede generar problemas legales importantes: el audio. Gran parte de las cámaras actuales tienen micrófono integrado de serie.

El problema es que grabar voz no tiene el mismo tratamiento legal que grabar vídeo. Y precisamente aquí aparece el cable que muchas comunidades deberían cortar.

¿Por qué grabar voz cambia completamente la situación legal?

La normativa de protección de datos permite instalar cámaras de seguridad bajo determinadas condiciones relacionadas con seguridad y proporcionalidad. Sin embargo, la captación de sonido se considera mucho más invasiva.

Mientras una cámara puede limitarse a registrar movimientos o accesos, el audio puede captar conversaciones privadas, discusiones vecinales, hábitos personales o información sensible de quienes pasan por las zonas comunes.

Por eso la Agencia Española de Protección de Datos considera que grabar sonido de manera continua normalmente excede lo necesario para garantizar tanto la seguridad como la privacidad en una comunidad.

Cuando se habla de esto, no se hace referencia a eliminar completamente la videovigilancia, sino a inutilizar el sistema de grabación de audio que incorporan muchos dispositivos.

En la práctica, eso significa desactivar físicamente el micrófono o configurar la cámara para que únicamente registre vídeo.

El motivo es que la videovigilancia puede justificarse por seguridad, pero grabar conversaciones privadas requiere un nivel de justificación mucho más difícil de defender legalmente.

¿Se puede grabar audio en una comunidad?

En términos generales, las comunidades no deberían utilizar grabación permanente de voz en zonas comunes salvo situaciones muy excepcionales y específicamente justificadas.

De hecho, la ley exige proporcionalidad, y para proteger un portal, un garaje o una entrada, normalmente basta con registrar vídeo.

Precisamente por eso muchos expertos en protección de datos recomiendan directamente desactivar cualquier función de audio en cámaras comunitarias.

Además, el problema no se limita únicamente a una discusión vecinal, mantener activa la grabación de voz puede generar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos y derivar en sanciones de hasta 20.000 euros.

De hecho, las comunidades podrían enfrentarse a conflictos relacionados con vulneración de la intimidad o tratamiento excesivo de datos personales.

Otro aspecto importante es que muchas veces los propios vecinos ni siquiera saben que el sistema instalado también está captando conversaciones.

La videovigilancia inteligente está cambiando la convivencia

Las cámaras actuales son mucho más avanzadas que hace unos años, donde muchos modelos incorporan conexión remota, almacenamiento en la nube, detección automática y micrófonos activados por defecto.

Eso está provocando que la línea entre seguridad y vigilancia permanente sea cada vez más delicada dentro de las comunidades de vecinos.

Y precisamente aquí está el debate de fondo, donde la ley permite proteger los espacios comunes, pero intenta evitar que la tecnología convierta la convivencia diaria en una grabación constante de todo lo que ocurre dentro del edificio.

La normativa europea de 2023 sobre el derecho a reparar informa de que, a partir del 18 de febrero de 2027, cualquier aparato electrónico portátil que se venda en la Unión Europea debe permitir que su batería sea sustituida por el propio usuario usando herramientas normales y sin correr riesgos.

Nintendo ha emitido un comunicado afirmando que ya "prepara versiones de productos" que se adapten a este marco legal. No quieren enfrentarse a una muy dura UE, y aunque la ley da de margen hasta inicios de 2027, ya se han puesto manos a la obra.

A nivel técnico, la compañía de videojuegos no ha dicho explícitamente la palabra "Switch 2" en su hoja de ruta, pero ha dejado pistas. En el documento se puede ver que están desarrollando estas variantes para los productos cuyo número de modelo comience con el prefijo "BEE". Este código es la firma de la actual Switch 2, de sus componentes y de sus Joy-Con.

¿Cómo será la Nintendo Switch 2 con batería extraíble y cuándo llegará a las tiendas?

Nintendo ya ha adelantado que estas consolas aptas para la ley europea vendrán con números de modelo únicos e incorporarán el código "OSM" en sus cajas para diferenciarse de las primeras versiones de 2025.

Al registrarse como un producto independiente por cuestiones puramente burocráticas, todo indica que Nintendo solo venderá este rediseño dentro de la Unión Europea, manteniendo el modelo que ya todo el mundo conoce en el resto del mundo.

Eso sí, un pequeño matiz con respecto a esto de la batería perfectamente extraíble por parte del usuario. Cumplir con la normativa europea significa, en la práctica, que Nintendo tendrá que despedirse del pegamento industrial que fija la batería actual al chasis y sustituir los tornillos de tres puntas (tri-wing) por unos estándar.

La idea detrás de todo esto es que, con un simple destornillador de estrella que cualquiera tiene en casa, puedas abrir la tapa trasera y desconectar el cable de la batería en minutos si empieza a fallar.

Por otro lado, si tienes la primera Switch en casa y te preguntas si este cambio también va a aterrizar en esta, no esperes nada. En el comunicado de la empresa japonesa no hay ni rastro del código "HAC", que es el que identifica a la primera Switch.

Sinceramente, esto resulta bastante lógico, ya que Nintendo tiene ahora todo el foco puesto en esta versión y la primera consola va camino de desaparecer de los catálogos.

Por ahora, la marca no ha desvelado absolutamente nada sobre el día exacto del lanzamiento de esta variante europea ni sobre si este cambio cambiará en algo el precio en las tiendas.

Sin duda, el bolsillo del usuario ya está temblando, teniendo en cuenta que en mayo la empresa subió el precio de la Switch 2 en Europa de los 470 a los 500 euros, usando el ya conocido argumento del encarecimiento de las memorias y los cambios del mercado. Desde luego, aunque se quiten algunos materiales mínimos de esta versión, fabricar un modelo exclusivo para Europa no es barato, por lo que toca cruzar los dedos.

Con todo esto, queda bastante claro que ninguna marca, por muy potente a nivel mundial que sea, puede hacer lo que quiera si se encuentra con la Unión Europea y sus estrictas leyes de cara. A partir de 2027, el derecho a reparar dejará de ser una idea que en un futuro ya se verá si llega para convertirse en una realidad a la que el mundo entero, ya sean móviles, ordenadores o consolas, deberá someterse.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que adapta el reglamento europeo de IA al marco español y que introduce sanciones millonarias, nuevas obligaciones de transparencia y prohibiciones directas sobre determinados contenidos generados artificialmente.

La norma pone el foco especialmente en los deepfakes sexuales, la pornografía infantil creada con IA y los sistemas de manipulación considerados de alto riesgo.

Es importante mencionar que también obliga a identificar claramente los contenidos hiperrealistas generados artificialmente para evitar engaños, desinformación o suplantaciones cada vez más difíciles de detectar.

Qué prohíbe exactamente la nueva Ley de IA

Cabe señalar que uno de los cambios más importantes es la prohibición expresa de crear deepfakes sexuales y material de explotación infantil generado mediante inteligencia artificial.

La ley considera especialmente grave el uso de IA para fabricar imágenes, vídeos o audios falsos que vulneren derechos fundamentales, dañen la intimidad de las personas o simulen contenido sexual sin consentimiento.

Sin embargo, la norma no prohíbe todos los deepfakes. De hecho, los vídeos hiperrealistas de políticos, celebridades o personajes públicos seguirán siendo legales en determinados contextos, pero deberán ir claramente etiquetados desde el primer momento en que se compartan.

Aquí está uno de los puntos centrales de la regulación, que es diferenciar entre manipulación ilegal y contenido artificial identificado de forma transparente.

Cómo funcionará el etiquetado obligatorio de contenidos con IA

La ley establece que cualquier contenido generado o alterado mediante inteligencia artificial deberá estar etiquetado con las letras AI o con una marca de agua en los vídeos. Será obligatorio, especialmente en deepfakes, audios sintéticos o imágenes manipuladas capaces de inducir a error.

Cabe señalar que la obligación comenzará a aplicarse a partir del 2 de agosto de 2026, fecha en la que entrarán en vigor las normas europeas relacionadas con transparencia y contenido artificial.

Es importante señalar que el objetivo es evitar que una persona vea un vídeo generado con IA creyendo que se trata de una grabación auténtica. Además, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) será quien haga la gestión y el tratamiento de datos biométricos, por lo que controlará que se cumpla lo anterior.

Aunque todavía faltan detalles técnicos definitivos, el principio que marca la ley es claro: el aviso hacia los usuarios o las personas que ven el contenido deberá ser visible, comprensible y mantenerse desde la primera vez que el contenido se publique o distribuya.

Multas de hasta 35 millones o el 7% de la facturación global

Un punto esencial a mencionar es que el régimen sancionador será uno de los más duros dentro del entorno tecnológico europeo.

Y es que las infracciones leves podrán recibir multas desde 6.000 euros, mientras que los casos considerados muy graves alcanzarán hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial anual de la empresa responsable.

Ese modelo sigue la misma lógica utilizada en normativas europeas como protección de datos: sanciones suficientemente grandes como para afectar incluso a grandes tecnológicas internacionales.

La ley también establece obligaciones adicionales para sistemas considerados de "alto riesgo", donde seguirá siendo obligatoria la supervisión humana.

Una ley pensada para controlar los usos más peligrosos de la IA

La regulación no se limita únicamente a los deepfakes; también prohíbe sistemas de reconocimiento biométrico indiscriminado basados en características como raza, religión, orientación política o creencias personales.

Además, veta sistemas de "puntuación social", es decir, mecanismos capaces de clasificar o evaluar ciudadanos según comportamiento, hábitos, así como actividad personal para condicionar acceso a servicios o derechos.

El Gobierno intenta así evitar algunos de los escenarios más polémicos asociados al avance de la inteligencia artificial y reforzar límites relacionados con privacidad y derechos fundamentales.

Cabe destacar que la nueva normativa aprobada por el Consejo de Ministros no busca detener el desarrollo de la IA ni prohibir las herramientas generativas que ya utilizan millones de personas.

El verdadero objetivo es otro, que es imponer reglas antes de que la capacidad de crear imágenes, vídeos y voces falsas avance más rápido que la propia legislación.

Por eso el foco principal no está en la IA en sí misma, sino en cómo se utiliza, cómo se identifica y qué consecuencias tendrá para quienes intenten usarla para manipular, engañar o vulnerar derechos de otras personas.

Toca aportar dinero para cambiarlo o cambiarlos por completo. Todo se debe a la aplicación de una normativa de seguridad que cambia por completo lo que se exige a nivel técnico a los ascensores en España. El objetivo es ir poco a poco adaptando las instalaciones a la actualidad y así asegurarse de que nadie sufra un accidente. Sin embargo, la factura va a ser cara.

Esto va a depender únicamente de los años que tenga el ascensor, de su desgaste y de la tecnología que se añada. Para los edificios más modernos, la reforma se centrará tan solo en pequeños ajustes o mejoras en los accesos, con un coste que estará entre 800 y 1.000 euros. El problema está en esos edificios realmente antiguos, donde el presupuesto mínimo para empezar a hablar arranca en los 16.000 euros.

Y yendo ya al imposible, esos edificios donde el ascensor tiene directamente problemas estructurales graves o necesita una sustitución total de toda su maquinaria van a tener que hacer frente a un coste que puede dispararse fácilmente hasta alcanzar los 40.000 euros.

La legislación no deja espacio para las opiniones vecinales sobre la normativa

La Ley de Propiedad Horizontal es totalmente tajante en este punto y no va a dejar abierto debate alguno. Este tipo de obras ya se han catalogado como necesarias si lo que se busca es garantizar la habitabilidad, la accesibilidad y la seguridad de las viviendas.

Esto quiere decir que el coste total de la reforma llegará a todos los propietarios mediante una derrama obligatoria. Como suele ocurrir, el reparto de los pagos se calculará en función de la cuota de participación de cada piso en las escrituras del edificio, salvo que los estatutos internos de la propia comunidad especifiquen una forma de reparto diferente.

Una revisión a fondo de los ascensores para cumplir con la ley

Para conseguir el visto bueno del inspector, los ascensores tendrán que someterse a un cambio total. Uno de los puntos más vigilados es la precisión en la parada: las cabinas tendrán que pararse milimétricamente y quedar completamente a ras de suelo en cada planta. La idea aquí es eliminar ese escalón que suele crearse en los ascensores que son bastante antiguos.

Esas puertas que se cierran sin ni siquiera controlar si hay alguien en el medio también tienen los días contados. La nueva ley prohíbe los sistemas antiguos que solo contaban con una única fotocélula en la parte inferior, que muchas veces no detectaba algunas partes del cuerpo e incluso objetos.

A partir de ahora, será obligatorio instalar cortinas de sensores fotoeléctricos que cubran la puerta de arriba abajo. Además, el interior del ascensor tendrá que contar con un sistema de comunicación bidireccional digital conectado las 24 horas con los servicios de rescate y un control de carga inteligente que bloqueará el ascensor si se supera el peso máximo permitido.

Por otro lado, queda prohibido seguir usando las viejas guías de madera o los raíles cilíndricos, que deberán sustituirse por guías de acero de alta.

Con todo esto, y a pesar de todos los cambios que va a tocar hacer, las comunidades de vecinos van a tener tiempo para ponerse manos a la obra.

La cuenta atrás empezará en el momento en que a cada edificio le toque pasar su inspección periódica. Si en esa visita el técnico autorizado detecta que el aparato no cumple con los nuevos estándares de seguridad, tocará hacer cambios.

La ley da un margen que va de los tres a los diez años para planificar las obras y recaudar todo el dinero, un plazo que variará dependiendo del peligro de los fallos encontrados y de los años que tengan los ascensores.

Sin embargo, mucha gente desconoce que la comunidad de vecinos no puede colocar cámaras libremente sin cumplir determinadas condiciones legales.

De hecho, la Ley de Propiedad Horizontal establece límites bastante claros sobre cómo deben aprobarse estos sistemas y qué derechos tienen los propietarios cuando sienten que su privacidad puede verse afectada.

Lo que dice realmente el artículo 17.3

Uno de los puntos más importantes aparece en el artículo 17.3 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Cabe señalar que la norma establece que para instalar servicios comunes relacionados con seguridad, como cámaras de videovigilancia, se necesita el acuerdo de al menos tres quintas partes del total de propietarios y cuotas de participación.

Eso significa que no basta con una mayoría simple ni con la decisión del presidente de la comunidad. Tampoco puede hacerlo unilateralmente un grupo reducido de vecinos.

La razón es sencilla: las cámaras afectan directamente a espacios compartidos y pueden alterar la privacidad de quienes viven en el edificio.

Es importante señalar que la videovigilancia no se considera una decisión menor dentro de una comunidad. Las cámaras pueden registrar movimientos diarios, horarios de entrada y salida o zonas de paso utilizadas constantemente por vecinos y visitantes.

Por eso la ley exige una mayoría más amplia antes de aprobar este tipo de instalaciones. El objetivo es evitar que unos pocos propietarios impongan sistemas de vigilancia permanente al resto de residentes sin suficiente consenso.

Además, la instalación debe respetar la normativa de protección de datos, así como el principio de proporcionalidad.

¿Cuáles son tus derechos?

Cabe mencionar que tú y los propietarios tienen derecho a conocer exactamente dónde estarán instaladas las cámaras, qué zonas van a grabar y cuál será la finalidad del sistema.

Del mismo modo, pueden impugnar acuerdos si consideran que no se alcanzó la mayoría legal necesaria o si la instalación invade espacios privados de manera excesiva.

Otro aspecto importante es que las cámaras no deberían grabar interiores de viviendas, puertas ajenas de forma invasiva ni zonas privadas del edificio.

De hecho, la grabación debe limitarse únicamente a los espacios necesarios para garantizar seguridad comunitaria.

¿Cuándo puedes apelar al artículo 17.3?

Un vecino puede invocar el artículo 17.3 cuando la instalación no haya sido aprobada correctamente por la comunidad o cuando no exista el respaldo de las tres quintas partes exigidas por la ley.

También puede utilizarse si el sistema finalmente instalado graba más zonas de las autorizadas o invade la privacidad de otros propietarios. En esos casos, el afectado puede acudir a la propia comunidad, impugnar el acuerdo o incluso recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos.

El auge de cámaras inteligentes y mirillas digitales está multiplicando este tipo de conflictos vecinales. Muchas comunidades buscan reforzar la seguridad, pero eso no elimina automáticamente los derechos de privacidad de quienes viven allí.

Y precisamente aquí está el equilibrio que intenta proteger la Ley de Propiedad Horizontal: permitir sistemas de seguridad razonables sin convertir las zonas comunes del edificio en espacios de vigilancia constante sobre todos los vecinos.

La Ley de Protección de Datos y los criterios de privacidad en España establecen límites bastante claros sobre qué puede grabar una mirilla digital y cuándo un vecino puede denunciar si siente que está siendo vigilado al salir de casa.

¿Qué es una mirilla digital y hasta qué punto es legal instalarla en casa?

Cabe señalar que una mirilla digital es un dispositivo con cámara integrado en la puerta de entrada de una vivienda. Algunas simplemente muestran la imagen en una pequeña pantalla interior, pero los modelos más modernos van mucho más lejos.

Muchos incorporan grabación de vídeo, detección de movimiento, alertas al móvil, almacenamiento en la nube y acceso remoto en tiempo real.

El problema es que dejan de funcionar como una simple mirilla tradicional y empiezan a comportarse como sistemas completos de videovigilancia. Ahora bien, ¿es legal? Sí. Instalar una mirilla digital es legal en España.

Es importante mencionar que el conflicto no está en el aparato en sí, sino en cómo se utiliza y qué imágenes termina captando. La legislación permite proteger una vivienda, pero no convertir las zonas comunes de un edificio en un espacio de vigilancia privada permanente.

Aquí aparece el concepto clave: proporcionalidad. Y es que la cámara solo debería captar lo estrictamente necesario para garantizar seguridad en la puerta de la vivienda, y no más allá.

El verdadero peligro de la mirilla del vecino

El principal problema aparece cuando la cámara empieza a grabar continuamente pasillos, puertas ajenas o movimientos de otros vecinos. En ese momento la situación deja de ser una cuestión doméstica y entra directamente en el terreno de la privacidad y protección de datos.

De hecho, muchas personas instalan estos dispositivos pensando que funcionan igual que una mirilla clásica, pero algunas cámaras registran constantemente quién entra, quién sale, a qué hora llega cada vecino o cuánto tiempo permanece fuera de casa.

Eso puede generar sensación de vigilancia permanente dentro de espacios compartidos del edificio. La mirilla de toda la vida permite observar puntualmente quién está detrás de la puerta.

Pero una mirilla digital moderna puede almacenar vídeos, enviar notificaciones automáticas, así como grabar durante horas sin que nadie esté mirando activamente. Legalmente, esa diferencia es muy importante.

La Agencia Española de Protección de Datos suele ser mucho más estricta cuando existe grabación continua o almacenamiento de imágenes de terceros sin justificación suficiente.

Cuándo puedes denunciar a un vecino

Cabe mencionar que un vecino podría denunciar si la cámara graba de forma excesiva zonas comunes, apunta directamente a otra puerta, registra constantemente entradas y salidas o almacena imágenes ajenas sin necesidad proporcional.

En esos casos puede intervenir la comunidad de propietarios, la Agencia Española de Protección de Datos o incluso la vía judicial. La clave legal suele estar en cuánto espacio ajeno captura la cámara y si realmente es imprescindible para proteger la vivienda.

Las mirillas digitales reflejan un problema cada vez más común en los edificios. La tecnología doméstica permite vigilar más que nunca desde casa, pero eso también aumenta el riesgo de invadir la privacidad de quienes viven al otro lado del pasillo.

Y precisamente ahí está el conflicto actual, ya que encontrar el equilibrio entre sentirse seguro dentro de casa y evitar que una simple puerta termine convirtiéndose en un sistema privado de vigilancia sobre toda la comunidad.

Cómo usar una mirilla digital sin tener problemas legales

La clave está en limitar al máximo la captación de espacios ajenos. La cámara debería enfocarse principalmente sobre la propia puerta y evitar grabar de manera constante zonas comunes amplias o puertas de otros vecinos.

También es recomendable desactivar funciones de grabación continua si no son realmente necesarias y utilizar únicamente sistemas de visualización puntual o alertas limitadas al acceso inmediato de la vivienda.

Otro aspecto importante es evitar almacenar imágenes durante largos periodos sin justificación clara. Cuanto más se comporta la mirilla como una cámara de videovigilancia permanente, más riesgo existe de entrar en conflicto con la normativa de protección de datos.

En muchos casos, pequeños ajustes en el ángulo de visión o en la configuración del dispositivo pueden marcar la diferencia entre un uso razonable y una posible invasión de privacidad.

Sin embargo, cuando las normativas de la UE llegan para ajustar cuentas con todas las tecnológicas, es cuando realmente merece la pena estar juntos y batallar mano a mano. Esto es precisamente lo que ha sucedido.

Apple ha dicho basta contra una nueva propuesta de la Comisión Europea que pretende obligar a Google a abrir las puertas de Android a cualquier empresa de IA de la competencia, permitiéndoles usar sus servicios internos sin apenas restricciones.

Desde el punto de vista de Apple, las exigencias de la Unión Europea bajo el paraguas de la Ley de Mercados Digitales (DMA) están perdiendo el sentido por completo.

Es por eso que los de Cupertino han enviado un documento de alegaciones a las autoridades europeas advirtiendo de que obligar a abrir los sistemas de esta manera es un grave error.

Los motivos son claros. Por ejemplo, cuando tú usas el asistente de tu móvil para decir "pide una pizza" o "envía un mensaje a Mamá", el sistema operativo no solo abre la aplicación; activa una serie de conexiones internas seguras que verifican tu identidad, acceden a tus datos de pago y ejecutan la orden. Google y Apple controlan esas conexiones.

La propuesta de la Unión Europea obligaría a que esos carriles internos del móvil dejen de ser secretos y exclusivos. Bruselas quiere que, si una start-up de IA crea un nuevo asistente, este pueda usar la voz, el sistema de pagos, el correo y la ubicación del móvil exactamente con la misma libertad con la que lo hace la propia Google en Android.

Apple lo tiene claro y, para ellos, la Unión Europea va sin rumbo ni frenos en su legislación

Como ves, la UE se rige por un principio básico: el mercado debe ser libre, justo y competitivo. Y ahora mismo, considera que el sector tecnológico es un salvaje oeste dominado por unos pocos que imponen sus propias reglas. Quiere dar esto por terminado.

El problema, según Apple, es que este nivel de apertura da pie a muchos riesgos para la privacidad, la seguridad y la protección del usuario, así como para la integridad y el rendimiento del propio dispositivo.

Para Apple, el gran problema es que Bruselas está legislando sobre una tecnología que evoluciona muy rápido sin tener mucha idea y cuyos fallos y vulnerabilidades cambian cada día, convirtiendo los móviles en un lugar perfecto para los hackeos.

Por supuesto, puede que te preguntes por qué Apple se está involucrando tanto en algo que tiene que ver con Google. Muy sencillo: saben perfectamente que si Europa consigue imponer esta norma a su rival, el siguiente paso será aplicarla a iOS y al iPhone.

Pese a las alegaciones a las autoridades, la respuesta europea, sin embargo, ha sido la de hacer oídos sordos y seguir el rumbo marcado. Justo en este mes de mayo de 2026, la Unión Europea ha publicado un balance donde concluye que la Ley de Mercados Digitales está teniendo un impacto muy positivo en el mercado, obviando, por otro lado, las quejas.

El periodo de consultas para que todas las empresas afectadas dieran su opinión terminó oficialmente el pasado 13 de mayo de 2026. A partir de ahora, la Comisión Europea ha prometido que evaluará las quejas tanto de Google como de Apple y del resto de partes antes de redactar el texto definitivo.

Lo cierto es que, pese a todo, existe una pequeña posibilidad de que se hagan al menos algunos ajustes para calmar las aguas del sector. Con todo esto, la ley europea obliga a que la decisión final y vinculante llegue antes del 27 de julio de 2026, por lo que quedan apenas unas semanas.

Telefónica, bajo la marca Movistar, explica que estas llamadas han pasado a ser un problema de dimensión descomunal y no son solo un par de intentos molestos, sino millones de conexiones fraudulentas al mes. El objetivo ahora es filtrarlas antes de que lleguen a tu móvil, proteger al usuario y recuperar la confianza en un canal tan básico como la llamada de voz.

El pilar de la nueva estrategia se llama Llamadas spam y funciona como un filtro inteligente dentro de la propia red de Movistar. En vez de depender de listas de números bloqueados que de poco o nada sirven, el sistema utiliza modelos predictivos que analizan el comportamiento de la llamada en tiempo real.

Cuando un número que entra por la red de Movistar muestra patrones típicos de spam masivo, telemarketing agresivo o estafa, el sistema te lo avisa directamente en la pantalla de tu móvil: aparece una etiqueta tipo Spam o Llamada fraudulenta y tú decides si contestas o ignoras.

Movistar asegura que el servicio es automático, gratuito y se activa por defecto para la mayoría de clientes. Y, para alentar su uso, la operadora afirma que, desde marzo de 2025, su sistema ya ha bloqueado más de 190 millones de llamadas fraudulentas en España, con una tasa de detección cercana al 97%.

Movistar y O2 te permiten bloquear todas las llamadas de spam antes de que suene el móvil

Pero esto no es todo, porque ya hace una semana se anunció otra novedad dirigida a combatir también este problema. En este caso se debe activar desde la app Mi Movistar.

Movistar y O2 ya son capaces de bloquear llamadas no deseadas antes de que suene tu móvil. Importante recalcar que esta función no se activa por defecto, pero así puedes hacerlo.

Simplemente instala la app de Mi Movistar u O2 en tu móvil. Identifícate con tu DNI o linea telefónica, y accede a tu cuenta. Ve a tu perfil, busca el apartado Protección de Red, entra en Identificación de llamadas de spam, y activa las opciones de aviso y de bloqueo.

Por supuesto, no es un sistema infalible. Puede que identifique alguna llamada como spam, y no lo sea. Posiblemente no será un problema, porque esa persona intentará contactar contigo de otra forma. Pero el riesgo de bloquear una llamada legal está ahí, aunque es muy bajo. Telefónica solo bloquea llamadas en las que la probabilidad de spam es muy alta, por cómo se ha comportado antes ese número.

España pone fecha de caducidad al spam

Por otro lado, y siguiendo con esta idea, España sigue luchando contra este acoso y pretende acabar con las llamadas spam de una vez por todas con la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) que entró en vigor a inicios de 2026.

Queda claro que la Ley General de Telecomunicaciones de 2023 no ha sido efectiva para prohibir el spam en España. El usuario debía dar autorización previa para recibir llamadas, pero hecha la ley, hecha la trampa. Las empresas utilizaban técnicas como añadir una letra pequeña en cookies en sus webs, si aceptabas, autorizabas recibir comunicaciones.

Además, la ley solo permitía que las empresas llamasen con un prefijo español, pero muchas usaban centralitas en el extranjero para seguir con las llamadas spam. A esto se suman los miles de intentos de estafa que se producen a diario de supuestos trabajadores de Indeed o Infojobs.

La Ley de Servicios de Atención a la Clientela viene con otros cambios para frenar el spam, las estafas y las prácticas abusivas en España:

1. Toda plataforma o servicio con suscripción (Netflix, Apple TV, iCloud, etc.) está obligado a informar de la renovación en los 15 días previos y con posibilidad de que el usuario pueda anularla si lo desea.

2. Prohibición de reseñas falsas en plataformas como Google Maps, Trustpilot o similares; los negocios no podrán comprar o manipular reseñas, solo podrán ser de clientes verificados.

3. Límite del tiempo de espera en las llamadas de atención al cliente de tres minutos.

4. Los gastos de gestión y cargos extra en compras online deben mostrarse de forma clara y reflejarse en el momento en que se realiza el pago.

Anthropic, valorada en unos 380.000 millones de dólares, se había convertido en uno de los grandes socios de la administración estadounidense desde finales de 2024, con aplicaciones que van desde la gestión de información hasta el pilotaje de drones.

Incluso medios de EEUU han llegado a vincular sus modelos a operaciones militares en Venezuela e Irán, aunque nunca se ha aclarado exactamente qué papel jugaron.

Pero esto ha llegado a su fin. El origen de todo este problema parte de una negociación que acabó de la peor forma a finales de febrero. El Pentágono quería acceso total y sin restricciones a Claude para "cualquier uso legal", pero Anthropic decidió dar un paso atrás.

La empresa se negó a eliminar dos líneas rojas de su código ético: la prohibición de usar su IA para armas totalmente autónomas y el veto a la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses.

Como resultado del chantaje, la empresa creadora de la IA Claude ha presentado dos demandas federales contra el gobierno de Estados Unidos.

El plan de Alemania: traer a Anthropic a Europa. Sin embargo, hay dudas

Para Anthropic, la situación es crítica. Calculan que esta decisión pone en peligro cientos de millones de dólares en ingresos. Por eso, han llevado el caso a los tribunales, alegando que se han violado sus derechos de libertad de expresión y de debido proceso. Y aquí es donde entra en juego un nuevo actor: Europa.

Matthias Mieves, portavoz de política digital del SPD, ha enviado una carta al canciller Friedrich Merz y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, proponiendo ofrecer a Anthropic que desarrolle sus modelos de IA en Europa bajo el paraguas de las leyes europeas.

Su propuesta tiene tres patas: abrir la puerta a que una gran ciudad europea como Berlín, París o Múnich se convierta en base de la compañía, crear un bloque de inversores europeos, incluyendo fondos públicos de pensiones y emisiones de eurobonos, y garantizar, desde Bruselas y las grandes capitales, una colaboración con Anthropic a largo plazo.

Sin embargo, no todo es tan fácil como se está pintando y parece que hay muchos matices en esta propuesta que comentar.

Daniel Abbou, director de la patronal alemana de IA BVKI, define el plan como "muy, muy bonito", pero poco realista. Recuerda que Anthropic está muy ligada a la infraestructura en la nube y a los mercados de capital de Estados Unidos, y que sus grandes inversores son Amazon y Google, dos gigantes que difícilmente verían con buenos ojos este movimiento.

Por otro lado, este también duda de que realmente Anthropic se vaya a marchar de su lugar de origen y corte por lo sano cualquier relación con EEUU. Como él mismo comenta, el veto militar "tendrá efecto", pero no es tan sencillo como que la empresa pueda "hacer las maletas y subirse a un avión" de un día para otro.

Por eso, pone sobre la mesa un enfoque más lógico y posible. En lugar de intentar traer Anthropic entera, propone la creación de un gran laboratorio de IA en Europa en colaboración con la compañía. La idea sería crear un centro potente que evite que el talento europeo acabe marchándose a Estados Unidos para trabajar precisamente en empresas como Anthropic.

Ya hay tiendas como Amazon que están teniendo que avisar a sus millones de usuarios en todo el mundo para que no caigan en estafas de suplantación de identidad, que se han disparado en este Black Friday por ejemplo y que cada vez son más creíbles gracias al uso de la inteligencia artificial.

El problema es que en los fraudes que se cometen online, los estafadores usan a menudo las redes sociales como forma de llegar a sus víctimas y convencerlas para aprobar pagos externos y engañarlas. A pesar de su obligación de moderar los contenidos, hasta ahora no se consideraba que Instagram, TikTok y compañía tuviesen ninguna responsabilidad legal.

Sin embargo, todo cambia con el nuevo paquete de leyes acordadas por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo este jueves para regular mejor los pagos y proteger más al consumidor dentro y fuera de internet contra fraudes y comisiones ocultas.

Las redes sociales de Meta, TikTok, Google o X (Twitter) por primera vez se considerarán responsables de los fraudes que se publiquen en sus plataformas y que persigan estafar económicamente a los usuarios, como recoge Politico.

Las nuevas medidas aprobadas, que aún deben adoptarse formalmente por el Parlamento y el Consejo europeos, se añaden a las protección ya existentes en el Reglamento de Servicios Digitales europeo, en vigor desde verano de 2023. Esta ley ya obliga a las grandes plataformas tecnológicas a la eliminación de contenido ilícito, el control de la desinformación y la protección de datos personales, entre otros.

En qué casos se podrá culpar a las redes sociales por un fraude

La normativa europea que acaba de aprobarse establece ciertas condiciones para que las plataformas tengan responsabilidad legal en los fraudes online.

En los casos en los que un estafador se haga pasar por trabajador de un servicio de pago, como PayPal o los bancos, para engañar a alguien para hacer pagos ilícitos, será esta empresa la que deba reembolsar la cantidad estafada completa a la persona afectada. Para ello solo será necesario que el usuario lo reporte a la empresa y a la policía.

Solo en los casos en los que se haya producido un fraude en internet y el servicio de pagos haya informado a la plataforma, si esta no ha eliminado las publicaciones –y con ello más gente ha resultado perjudicada por esta omisión– pasa a considerarse responsable.

No obstante, Instagram, TikTok y compañía nunca tendrán que indemnizar al usuario final afectado directamente, sino a la empresa financiera que tenga que devolver el importe de la transacción a la persona.

Las tecnológicas no han tardado en manifestar su descontento ante la nueva normativa europea, que les parece un precedente peligroso.

"En lugar de proteger a los consumidores, el resultado de hoy sienta un peligroso precedente y desvía la responsabilidad de quienes están en mejor posición para prevenir el fraude", afirma Leonardo Veneziani, director de políticas de la CCIA Europa, cuyo organismo comercial representa a Amazon, Google, Meta y Apple, en declaraciones a Politico.

En concreto, todas las apps que compartan datos personales con "terceras partes, incluyendo IA de terceros" deben indicárselo al usuario y recibir su consentimiento explícito antes.

De forma simple, esto significa que, si una app quiere mandar tus datos a un modelo de lenguaje o motor de IA externo, tendrá que decírtelo de forma uy clara y dejar que digas que sí. Sin letra pequeña escondida.

Este movimiento ciertamente tiene sentido. La IA empieza a colarse en todos lados y aunque Apple no haya sido la más rápida ni la más efectiva incorporando IA en su ecosistema, ha decidido estar al frente en lo que a privacidad se refiere.

Una pequeña victoria para los amantes de la privacidad y seguridad absoluta

Para que te hagas una idea, hasta ahora, muchas apps usaban o prometían usar IA para ofrecer funciones nuevas como recomendaciones o análisis, pasando por chatbots. Pero esos sistemas también podían utilizar tus datos para entrenar modelos, mejorar algoritmos o incluso venderlos indirectamente sin que lo supieras.

Apple, con esta novedad, exige transparencia con respecto a qué datos se están moviendo, para qué los quieres y, sobre todo, si tú estás 100% de acuerdo con esto ocurra. Sin ese consentimiento, la app podría ser rechazada.

Para ti, como usuario, cuando descargues o uses una app habrá más control sobre si tus datos pueden circular libremente a un servicio de IA externo.

Teniendo en cuenta que cada vez más información personal como tu ubicación, contactos, fotos, hábitos de uso y más ya están circulando en cientos de bases de datos, que al menos estos no puedan servir para alimentar motores de IA que luego generan contenido, perfiles o recomendaciones sin que tú des el ok.

Lo cierto es que todo esto es un paso muy acertado y seguramente muy bien recibido por parte de la comunidad. Apple mata dos pájaros de un tiro. Por un lado, refuerza su imagen de empresa que cuida la privacidad y, por otro, se posiciona en un campo en el que no tiene mucha presencia de una forma bastante favorable.

Esto es lo que cambia, lo que debes revisar, lo que está por venir

Con todo esto como base, y con la idea de que todo sea muy sencillo, deberías primeramente echarle un ojo a las apps que usas. Ahora, cuando actualicen o se lancen nuevas versiones, fíjate si aparece un aviso claro sobre compartir datos con servicios de IA externos.

Por supuesto, la peor parte se la llevan los propios desarrolladores, sobre todo los más pequeños. Si su app depende de IA externa para mejorarse y esto es realmente útil y cuida tus datos, tendrá que demostrarlo. Esto puede provocar retrasos o gastos extra, pero al final se deben a sus usuarios, a lo que, ciertamente, deberían cuidar.

Esto al final puede dar pie a una separación en dos caminos diferentes dentro del mundo de las apps para móvil: aquellas que saben seguir adelante y mejorar sin enviar tus datos a IA externa y aquellas que se verán obligadas a preguntarte, con las posibles consecuencias que eso tiene para su base de usuarios.

Aunque también hay opciones que consumen menos energía y te ayudan ahorrar cientos de euros, como el ventilador tradicional o el de techo, lo cierto es que hay muchos modelos de aires acondicionados que son fáciles de instalar e incluso algunos que son portátiles y cualquier usuario podría tenerlo en su habitación sin problemas.

Entonces, existen miles de estos aparatos esparcidos por toda España y otros países europeos, pero muchos de ellos van a tener que ser sustituidos, no por ser obsoletos o demasiado viejos, sino por nuevas leyes anunciadas oficialmente por la Unión Europea (UE) debido al resultado de Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA), también conocido como Global Warming Potential (GWP).

El gas refrigerante R410A de los aires acondicionados ahora va a ser prohibido

Desde hace años se ha estado en busca de una solución para las emisiones de estos dispositivos y otros relacionados con funciones de refrigeración, así también como opciones para reducir el consumo de energía para evitar que la factura de luz sea demasiado elevada.

Sin embargo, esa no tiene que ser la única preocupación de los usuarios, pues la UE ha determinado que el gas refrigerante R410A contiene gases tipo R32 y R125, que cuentan con un valor alto de PCA. 

¿Qué quiere decir esto? Pues cuando esta cifra está por encima de los límites, son causantes de efecto invernadero y causan un mayor calentamiento global debido a que pueden llegar a ser mucho más peligrosos que el dióxido de carbono (CO₂) para el medio ambiente.

Para ser más específicos, según lo que indica Gas Servei en su ficha técnica, el PCA del R410A es de 2088, una cantidad muy grande, ya que es exactamente 2088 veces mayor 1 unidad de CO₂ en cuanto a atrapar calor. Con la gran cantidad que hay de aires acondicionados con este refrigerante, es un problema para el aumento exponencial de temperatura en el planeta.

No solo son incorporados en los hogares, industrias, transporte público y otros aparatos electrónicos. Lo que explica Cellulari.it, es que la Unión Europea ha destacado un nuevo requisito para el uso de estos elementos, pues van a tener que ser sustituidos para cumplir con la normativa adecuada. 

Actualmente, el R410A es restringido en nuevas instalaciones y será reemplazado por R32 u otros gases que no sean tan contaminantes. Desde el 1 de enero de 2025 se ha prohibido comercializar o instalar este refrigerante hasta 3 kg en los dispositivos por el reglamento (UE) 517/2014 y (UE) 2024/573.

Para marzo 2025, la exportación de equipos con esta característica también ha sido restringida. Para 31 de diciembre de 2025, la eliminación de los gases fluorados y adopción de alternativas más sostenibles deberá ponerse en marcha. Ahora, habrá más limitaciones al respecto para potencias mayores en 2027.

Entonces, a partir de ahora, cuando pienses en invertir en un aire acondicionado o cualquier otro dispositivo similar, es necesario que te asegures de que no cuente con refrigeración R410A. Comprobar si tienes uno instalado también es importante para saber si debes reemplazarlo por un nuevo modelo más eficiente y con menos PCA.

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Si te encuentras con que tu móvil tiene menos batería que los modelos que se lanzan en otros países, no te alarmes. No es ningún error ni te han estafado.

Se trata de una limitación que está afectando especialmente a marcas como Xiaomi y Honor y que se debe a la regulación de las baterías en Estados Unidos y Europa. Te lo explico al detalle a continuación.

Las baterías crecen al fin, pero puede que no lo notes en tu móvil

La capacidad de las baterías de los smartphones se mide en miliamperios hora, o mAh. Desde hace casi una década, casi todos los terminales tienen alrededor de 5.000 mAh debido a las limitaciones de la tecnología de ion de litio con la que se fabrican, que se encontraba estancada hasta hace poco.

No obstante, desde hace un par de años han comenzado a lanzarse móviles con batería de silicio carbono, un sistema complementario al litio que les permite ser mucho más densas y finas.

Esto ha permitido la existencia de dispositivos mucho más finos, desde plegables como el Honor Magic V3 o el Huawei Mate X6, hasta los primeros ultraligeros como el Samsung Galaxy S25 Edge.

Al mismo tiempo, los móviles que mantienen el formato tradicional son capaces de incluir baterías con capacidades mayores sin por ello comprometer su grosor. Esto ha permitido sobrepasar la barrera tradicional de los 5.000 mAh, sobre todo en los modelos de los fabricantes chinos, que ya llegan hasta los 7.000 mAh.

Sin embargo, no todos los terminales que se lanzan en China o India llegan a Europa con la misma capacidad de batería.

En el caso de Xiaomi, su buque insignia, el Xiaomi 15 Ultra, tiene 5.410 mAh de capacidad en España, mientras que en China llega hasta los 6.000. Lo mismo le pasa a su familia de gama media más popular, el Redmi Note 14 Pro+, que de los 6.200 mAh de China, se queda en 5.110 mAh en España, aunque con carga más rápida.

A otra marca china como es Honor le ha pasado lo mismo alguna vez. En el Magic 7 Pro, su móvil de gama más alta de 2025, su versión global tiene 5.850 mAh, pero el modelo que se vende en Europa solo llega a los 5.270. La serie Honor 400, tanto en el modelo Pro como en el normal, pasa de 6.000 a 5.300 mAh en nuestro país.

Incluso la británica Nothing sabe lo que es este problema. La firma de Carl Pei limita a 5.150 mAh la capacidad de su nuevo móvil premium Phone (3) en España, mientras que en India su versión alcanza los 5.500 mAh. 

Y los ejemplos siguen... ¿a qué se debe esto?

Leyes en EEUU y Europa

Mientras que en países como China e India las normativas son más permisivas, tanto en Estados Unidos como en Europa la regulación a veces impide que los fabricantes incluyan las baterías con la capacidad que les gustaría.

En la mayoría de los casos, esto les obliga a limitar por firmware la carga máxima de la batería para cumplir con la normativa vigente en cada país, pese a que en realidad la unidad de la batería tiene más capacidad y es la misma que en el resto del mundo.

Esta situación se debe a un motivo logístico, ya que las normativas de cada país que clasifican las baterías de litio como mercancía peligrosa para el transporte tanto por aire como por mar y carretera, dado que se trata de un producto altamente inflamable.

La Special Provision 188 de la ONU, aplicada a nivel local tanto en Europa como en EEUU, establece un límite de 20 Wh (vatios hora) por celda para las baterías de litio consideradas pequeñas, lo que equivale a unos 5.300 mAh. En el caso de batería grandes, el límite es de 100 Wh, pero esto afecta a otros productos como portátiles y power banks.

No es que sea imposible vender móviles de más de 5.300 mAh en España, ya que en Europa sigue siendo posible transportar estos productos bajo la clasificación de "Mercancías peligrosas" de clase 9, aunque esto aumenta los costes para las marcas.

En los casos en que llegan baterías con mayor capacidad a España, en la mayoría de los casos se debe a que su batería está compuesta por 2 o más celdas, ya que las limitaciones se aplican solo a los dispositivos con una sola batería. Por ejemplo es lo que sucede en terminales como el OnePlus 13 (6.000 mAh) o el Oppo Find X8 Pro (5.910 mAh).

Recientemente también ha habido móviles que se han lanzado en España con capacidades de batería altas, como el Realme GT 7, con 7.000 mAh, el Honor Magic 7 Lite, con 6.600 mAh, el Vivo X200 FE, con 6.500 mAh, o el ZTE Nubia Z70S Ultra, con 6.600 mAh.

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Hasta ahí todo 'bien', ya que hablamos de casi los inicios de la IA como herramienta de uso diario para parte de millones de personas y siempre va a haber algún 'listillo' que vaya más allá y encuentre fallos en estas apps.

El problema es cuando en pleno 2025 esto es algo que se sigue pudiendo hacer. Aquí ya la cosa empieza a preocupar un poco. En concreto, hablamos del 'truco' viral conocido como el 'modo abuela muerta'.

En los últimos meses, foros y redes sociales se han vuelto a llenar de historias y mensajes de personas que consiguen engañar a ChatGPT con una simple estrategia: pedirle información sensible bajo la excusa de recordar a un ser querido fallecido. 

El caso más famoso es el de quienes le cuentan al chatbot que su abuela solía leerles claves de Windows 7 antes de dormir. 

Como si tuviese algún tipo de sentimiento, el modelo responde con mensajes de consuelo… y, en algunos casos, termina generando cadenas de números y letras que imitan claves de activación reales. Obviamente, si lo compruebas puedes ver que son falsos, pero con el tema de crear una bomba desde cero no se corta ni un pelo.

Comentar que esto no se centra en ChatGPT y  también funciona con otros modelos y herramientas como Microsoft Copilot que cayó en la trampa hace unos meses, generando guías completas para activar Windows 11 gratis solo con una pregunta que supieron a la perfección cómo formularla. 

El truco de todo esto está en la memoria conversacional de los modelos. ChatGPT, por ejemplo, recuerda el hilo de la charla y, si el usuario insiste alegando ya temas que tocan el corazón, puede acabar soltando información que normalmente tendría prohibida. Esto debería haber provocado que OpenAI y otras compañías refuercen sus filtros y revisen los límites de sus sistemas, pero el problema sigue ahí.

El gran problema de todo esto no es que te apetezca reírte un rato y probar los límites de ChatGPT, sino que también hay algunos hackers que está usando esto a su favor. Por ejemplo, hace un año un ciberdelincuente con nombre Amadon logró que ChatGPT le dijese cómo fabricar bombas.

Lo consiguió guiando a ChatGPT a través de un juego de rol, presentando una historia ficticia que permite al chatbot salirse de los límites establecidos. 

"Se trata de tejer narrativas y crear contextos que jueguen dentro de las reglas del sistema, superando los límites sin cruzarlos. El objetivo no es hackear en un sentido convencional, sino participar en una danza estratégica con la IA, descubriendo cómo obtener la respuesta correcta al comprender cómo 'piensa'", comenta Amadon a TechCrunch.

Al hacerlo, logró que el sistema generara contenido que normalmente estaría prohibido. Según Amadon, su enfoque no es simplemente hackear, sino entender cómo funciona la IA y cómo se pueden saltar sus restricciones. Al final todo se trata de puro ingenio y escritura. Nada que no pueda hacer cualquiera con algo de tiempo.

Volviendo al tema del 'modo abuela' Algunos usuarios están usándolo para encontrar el código IMEI de su móvil para que a continuación le dé una lista entera de códigos de otras personas —aunque destacar para la tranquilidad de todos que no son válidos—.

Para aquellos que anden algo perdidos, los números de IMEI del móvil son parte de la información más protegida, ya que se pueden usar para rastrear dispositivos e incluso para borrarlos de forma remota con credenciales. La filtración de información de identificación personal (PII) es un problema de seguridad muy importante en el ámbito digital.

Con todo esto, el gran problema es que esto deja de nuevo al descubierto las medidas que este tipo de grandes empresas establecen para preservar la ética de los chatbots. OpenAI no ha comentado oficialmente al respecto. 

Lo cierto es que evitar completamente que surjan 'jailbreaks' o intentos de explotar las configuraciones de un modelo de lenguaje como ChatGPT puede ser tarea imposible debido a la naturaleza abierta de la herramienta. Para la compañía de Sam Altman, cazar este tipo de actos debe ser imposible.

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No se trata solo de la clásica pegatina de la A a la G que ya conoces de comprar electrodomésticos, sino de un sistema mucho más completo que combina diferentes aspectos. El objetivo es que cuentes con información de primera mano —comentar que los plegables se quedan fuera de esta normativa— y tengas un conocimiento absoluto de cuánto va a dura ese dispositivo por el que probablemente has pagado medio riñón —o el riñón entero—.

Yendo al grano, lo primero que verás es la zona de identificación, una especie de tarjeta de visita que reúne tres datos clave: la marca, el modelo y un código QR. Ese enlace te llevará al Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL), una base de datos donde aparecen todas las especificaciones técnicas, informes de pruebas que se han realizado y documentación oficial del dispositivo.  

"Ya no se limita únicamente a cuánta energía consume un dispositivo, sino que evalúa también cuánto tiempo lo va a poder usar en condiciones óptimas el usuario y sus posibilidades de reparación", nos comenta en una entrevista para Computer Hoy Verónica Catediano, PR Manager en SPC.

La gran ventaja de todo esto es que, con un par de clics, tienes acceso a datos 100% reales, fiables y homologados, evitando así que nos la cuelen con falsas promesas llenas de puro marketing verde o especificaciones infladas. Eso sí, aquí en esta tarjeta del vivo X200 FE lo cierto es que no refleja la realidad, porque si accedes a la web verás que, por ejemplo, la duración de batería asciende a 58 horas y no tan solo una hora.

Punto por punto, esto es todo lo que encontrarás en la etiqueta energética de tu móvil o trablet

Por supuesto, la estrella de la etiqueta o pegatina es la clásica escala de la A a la G, donde la A significa el consumo más bajo y la G el más alto. Pero ojo, esto no depende solo de la batería porque aquí influyen el procesador, el tipo de pantalla (OLED, LCD, AMOLED), la eficiencia del software y hasta la gestión del ciclo de carga.  

Si ves a pegatina de ese móvil que te quieres comprar y ves en su web o una vez que lo tengas en la mano que viene con letra A te va a garantizar un gasto moderado de energía en un uso mixto —navegación web, redes sociales, alguna llamada— mientras que una G probablemente suponga recargas frecuentes y mayor factura eléctrica. 

No es que de una letra a otra haya un mundo a nivel económico, pero esto resulta útil si estás harto de andar con el cargador a cuestas. Tu próxima compra podría ir directa a la A para ganar tranquilidad y ahorrar aunque sea unos céntimos.

Justo al lado de la calificación energética aparece un indicador de autonomía: las horas y minutos que el dispositivo puede estar en marcha bajo condiciones homogéneas (mismo brillo, volumen, red). Aquí se establecen pruebas estandarizadas para que puedas comparar de una forma verídica.  

Si uno promete 12 horas y otro 18, la diferencia se notará. Al final no todos son los miliamperios y, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, el tema de la optimización es clave. Es decir, un móvil con 4.500 mAh puede darte más horas de uso que uno de 5.500 mAh. Conociendo el dato de las horas te podrás hacer una mejor idea. 

Continuando con los datos que vas a ver, desde luego que ya no vale eso de "ay, se me ha caído y se ha destrozado por completo". En la nueva etiqueta verás un índice de la A a la E que mide lo fuerte que es ante impactos. Todos los smartphones deben aguantar al menos 45 caídas simuladas, sin funda ni protector de pantalla; las tablets quedan exentas, por su diseño más grande.  

"Se evalúa mediante un índice que comprende aspectos como el desmontaje, tipo de elementos de fijación, tipo de herramientas, disponibilidad de piezas de recambio, actualizaciones de software, información sobre el proceso de sustitución de componentes para el usuario final…", añade la entrevistada.

Decirte que, si sueles ser cuidadoso, quizá con un C o D tengas suficiente y puedas priorizar otras especificaciones como por ejemplo la reparabilidad. Vas a encontrar también un baremo de la A a la E que refleja la facilidad para desmontar, conseguir repuestos y acceder a manuales técnicos.

Las marcas con calificación A obligan a talleres y usuarios a cambiar la pantalla o la batería sin buscar herramientas especiales. Las E, por el contrario, esconden tornillos extraños y manuales casi bajo llave, así que mucho cuidado con esto si quieres que el móvil te dure bastantes años.

Por otro lado, la degradación de las baterías ha sido durante años el talón de Aquiles de la telefonía móvil. Ahora verás un número que indica ciclos de carga hasta conservar un porcentaje de capacidad mínima: la norma exige un 80% tras 800 ciclos en smartphones y tablets. A partir de ahí, son libres.

Ese dato es lo mismo que decir que podrás tener al menos dos años y medio de uso intensivo antes de notar pérdida de autonomía notable. 

Por último está la certificación IP, conocida por las siglas IPXY, se desglosa en dos dígitos: el primero mide protección contra sólidos (polvo, arena), el segundo contra líquidos. Para smartphones la norma exige un mínimo de IP44 (salpicaduras de cualquier dirección y partículas de 1 mm), para tablets IP40 (polvo grueso y salpicaduras accidentales).  

En el día a día, si vives en un sitio muy lluvioso o incluso con mucho polvo, este índice te dice si tu dispositivo va a aguantar a largo plazo o si deberías llevarlo en una funda de esas antiguas que los protegían al 100%. Un móvil con IP67 o IP68, desde luego, es de lo mejor que te puedes encontrar al respecto.

Tal y como resume Verónica Catediano: "Mi consejo es que, además de fijarse en el diseño o las especificaciones técnicas, el usuario preste atención a la nueva etiqueta energética. Elegir un dispositivo con una buena calificación no solo es una decisión más sostenible, sino también una inversión más inteligente a largo plazo".

Deja de ser un sello de eficiencia para transformarse en una radiografía completa del dispositivo

Ahora bien, ¿qué ganas con tanta información? Primero, la capacidad de comparar con criterios realmente sólidos. Ya no es solo precio y cámara, sino también eficiencia y longevidad. Segundo, ahorro de energía y dinero, porque un móvil A consume menos batería y menos corriente. Tercero, autonomía y fiabilidad en el día a día, ya que sabrás cuánto durará tu dispositivo y si sobrevivirá a alguna que otra caída tonta.  

Pero el verdadero motor de este etiquetado es la sostenibilidad. Al prolongar la vida útil, se reduce el volumen de residuos electrónicos, uno de los desechos de más rápido crecimiento en el mundo. Cada aparato que se evita tirar a los dos años genera menor extracción de metales, menos producción de CO2 y menos toxicidad en vertederos.  

"Esta normativa va a impulsar la innovación tecnológica hacia productos más eficientes y el consumidor estará mejor informado y podrá tomar decisiones más conscientes y responsables al elegir su dispositivo", finaliza la entrevistada.

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Es por este motivo que grandes marcas como Renault y Stellantis han pedido formalmente a la Unión Europea que apruebe un nuevo tipo de vehículo, el llamado ‘M0’, que sería más barato que los actuales de segmento A y más completo que los cuadriciclos eléctricos que ya conocemos.

La inspiración viene de los 'kei-cars' japoneses: coches pequeños, asequibles y prácticos. El objetivo es adaptar ese concepto a Europa, creando un coche eléctrico que mida menos de 4 metros, tenga una potencia limitada y pueda circular tanto por ciudad como por carretera. Así, el ‘M0’ sería una opción real para quienes buscan moverse de forma sostenible sin gastar una fortuna.

La idea que estos tienen es ofrecerlo por entre 12.000 y 15.000 euros, un precio mucho más asequible que el de los modelos actuales. Ahora mismo, si quieres un coche eléctrico barato, tienes que conformarte con algo como el Citroën AMI o el Silence S04, que rondan los 8.000 o 10.000 euros, pero tienen muchas limitaciones: no pueden circular por autopistas, tienen poca autonomía y su seguridad es bajita.

El ‘M0’ estaría pensado para quienes buscan un coche eléctrico real, pero sin pagar precios prohibitivos

Los fabricantes actualmente argumentan que, si se relajan algunos requisitos de seguridad, el precio puede bajar mucho. Sin embargo, la Unión Europea es muy estricta precisamente con este aspecto, tan solo hay que ver el lío que hay con los robotaxis de Tesla y, de momento, no parece dispuesta a ceder. 

Renault y Stellantis no son los únicos interesados y esto es algo que ciertamente se está generalizando y otras marcas también están poniendo el foco en este nuevo segmento, porque ven una oportunidad clara de llegar a más gente. Si la UE da el visto bueno, podríamos ver los primeros ‘M0’ en el mercado en los próximos años, con precios que harían la boca agua a muchos.

Lo cierto es que 2025 es el año del coche eléctrico y, sin ir más lejos, y según un reciente estudio, nunca ha habido un mejor momento para comprar un coche eléctrico: los precios están bajando poco a poco, la oferta es cada vez mayor y las ayudas públicas siguen vigentes en muchos países. 

Además, la normativa europea obliga a los fabricantes a vender más coches eléctricos, con multas para quienes no cumplan. Se está alentando su compra, es cierto que cada vez más personas se pasan al eléctrico, pero este porcentaje podría recibir el empujón definitivo si se relajan algunas normativas en el UE. 

Si no, solo quedaría una opción y pasa por el coche chino con marcas como BYD que ofrecen precios más ajustados. Sin embargo, muy probablemente este no sea el camino que la UE va a permitir que la población elija.

La autonomía sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los compradores

El precio es importante, pero no lo es todo y no se puede negar que los modelos actuales ya ofrecen más de 200 km reales de autonomía, suficientes para la mayoría de los desplazamientos diarios. El ‘M0’ debería contar algo parecido, aunque probablemente un poco menos, para mantener el precio bajo.

Las ayudas públicas también juegan un papel muy importante y en España, por ejemplo, el plan MOVES III ofrece descuentos de hasta 7.000 euros para la compra de coches eléctricos, lo que puede dejar tiritando aún más el precio final del ‘M0’. 

Por otro lado, el estudio de CarGurus desvela que nunca ha habido un mejor momento para considerar la compra de un coche eléctrico usado. No solo es una alternativa más económica, sino que además contribuyes a un futuro más sostenible y disfrutas de beneficios que ya no están reservados solo a los vehículos nuevos o de gama alta.

Ahora imagina si esta propuesta sale adelante y en menos de dos años hay en el mercado coches eléctricos totalmente nuevos que sobrepasan por muy poco los 10.000 euros.

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Juntos, han liderado grandes proyectos de IA y han puesto en el mapa herramientas como ChatGPT y Copilot, que hoy usan millones de personas y empresas. Sin embargo, lo que parecía un matrimonio perfecto y sin problemas ahora está en crisis. OpenAI está considerando denunciar a Microsoft por prácticas anticompetitivas, según ha contado el Wall Street Journal.

Si bien es cierto que se palma en el ambiente cierta tensión desde hace ya un tiempo, ahora ha escalado a unos niveles que pocos esperaban. En pocas palabras, OpenAI necesita la aprobación de Microsoft para completar su transformación en una public-benefit corporation, una estructura que le permitiría recaudar hasta 20.000 millones de dólares y prepararse para salir a bolsa. 

Pero las negociaciones se han atascado. Microsoft quiere mantener sus privilegios, como el acceso exclusivo a los modelos de OpenAI y el control sobre parte de su infraestructura, mientras que OpenAI busca más independencia y la posibilidad de trabajar con otros proveedores de nube, como Google Cloud.

OpenAI saca las uñas y amenaza con pulsar el botón del divorcio

A día de hoy parece que toda esta riña se centra en tres aspectos diferentes: 

• La transformación de OpenAI.
• El control de Microsoft sobre su tecnología.
• La competencia cada vez más directa entre ambas compañías. 

OpenAI quiere cambiar las reglas del juego y que Microsoft no tenga acceso exclusivo a sus modelos, que no pueda tocar la tecnología de Windsurf, la startup de programación que OpenAI compró por 3.000 millones de dólares, y que su participación accionarial se limite a un tercio del negocio. Básicamente, privarle de todo lo que hasta ahora tenía.

Microsoft, como resulta lógico, no está dispuesta a ceder tanto. Quiere mantener su ventaja competitiva y seguir siendo el socio top de OpenAI, sobre todo porque la IA es vital para sus productos estrella, como Microsoft 365 Copilot.

Pero parece que la situación es tan grave que OpenAI ha considerado la 'opción del divorcio': denunciar a Microsoft ante los reguladores federales por prácticas anticompetitivas y lanzar una campaña pública para presionar a la empresa y a la opinión pública. 

Si la denuncia sigue adelante, podría dar pie a una cruenta batalla legal y regulatoria sin precedentes en la industria, y, desde luego, poner en peligro una de las alianzas más importantes de los últimos años, con todo lo que eso supone para la innovación tanto en estas empresas como a nivel de EEUU en IA.

Rizando el rizo, OpenAI también quiere que se revise el contrato con Microsoft para ver si hay violaciones de la ley antimonopolio. La compañía teme que Microsoft abuse de su posición para controlar el futuro de la IA y frenar la innovación. Por eso, no le chirría demasiado lo de recurrir a los reguladores y alzar la voz públicamente para defender su independencia y el futuro de la inteligencia artificial.

¿Qué significa todo esto para el futuro de la inteligencia artificial?

Si OpenAI y Microsoft se separan, prepárate para lo que se avecina. La industria de la inteligencia artificial está en su momento de máximo apogeo y la relación entre estas dos compañías ha sido lo que el mundo necesitaba para que la IA sea lo que es hoy. 

Una ruptura no solo echa el freno total al avance, también genera un ambiente muy hostil, dejando la puerta abierta a que otros, como Google, traten de sacar provecho de este lío. Aunque ambas compañías dicen que las conversaciones siguen y que esperan seguir trabajando juntas, la realidad es que hay mucho que no se cuenta y tratarán de mantener silencio por el bien de ambas.

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Y no se está hablando aquí solo de multas millonarias, sino de una amenaza real y es la de que los tribunales la obliguen a vender partes clave de su imperio, como Chrome, Android o todo su entramado de anuncios.

Pero la cosa no queda ahí y algunos analistas y fondos de inversión, como Gil Luria de D.A. Davidson & Company, van un paso más allá y dicen que Google ya es más un conglomerado que una empresa coherente. 

Tienen desde coches autónomos con Waymo hasta la nube, pasando por YouTube, Android, Chrome y, por supuesto, el buscador y la publicidad. Según Luria, si Google se dividiera en empresas independientes, el valor total podría ser casi el doble de lo que vale hoy en bolsa. Y no es el único que lo piensa.

Por supuesto, esta idea de 'divide y vencerás' no es nueva, pero ahora comienza a tomar una forma más real que nunca. El Departamento de Justicia de Estados Unidos quiere que Google venda Chrome y su red publicitaria, e incluso Android, para que haya más competencia y menos monopolio. 

Europa tampoco se queda atrás en esta batalla y la Comisión Europea ya ha multado a Google por prácticas anticompetitivas y le exige cambios de raíz y de forma inmediata para cumplir con la nueva Ley de Mercados Digitales (DMA).

El problema es que la lista de servicios que controla esta tecnológica es interminable y actualmente tiene más de dos billones de dólares en valor bursátil. Que esto esté bajo el paraguas de una sola compañía da miedo y precisamente los gobiernos temen que limite la competencia, suba precios o frene el progreso.

Pero no todos están convencidos y Adam Kovacevich, de Chamber of Progress, un lobby financiado por Google, dice que solo una empresa del tamaño de esta puede hacer frente a retos como la IA. "Es como un crucero gigante: podría dividirse en cuatro yates, pero hay cosas que solo puede hacer un crucero", explica.

¿Qué pasaría si Google si finalmente cede se divide en varias compañías? 

Aquí la idea que se pone sobre la mesa es que se parte en cuatro o cinco empresas distintas. Por un lado, estaría una empresa dedicada solo al buscador, otra a YouTube, otra a Android, otra a la publicidad y quizá una más para Waymo y los proyectos de inteligencia artificial. 

La gran ventaja de esto —y el motivo por el que Google no quiere ceder— es que habría más competencia. Otros buscadores podrían crecer, los navegadores alternativos tendrían más oportunidades y los sistemas operativos móviles podrían diversificarse. Quizá se vería más innovación, mejores precios para los anunciantes y menos dependencia de una sola empresa para todo lo que haces en internet.

Pero ojo, no todo serían ventajas y hay quien teme que dividir Google debilite la seguridad de plataformas como Chrome o Android, que dejarían de beneficiarse de los recursos y la escala de la matriz. 

Y luego está el tema de los fundadores. Larry Page y Sergey Brin siguen teniendo el control gracias a la estructura especial de acciones de Alphabet, la matriz de Google. Así que, aunque la presión sea enorme, la decisión final pasa por ellos.

¿Por qué ahora? El efecto Microsoft, la presión de la DMA y el miedo a quedarse atrás

El caso de Google recuerda mucho a lo que vivió Microsoft hace 25 años. El gobierno estadounidense ganó el juicio por monopolio y un juez ordenó dividir la empresa en dos. Al final, la decisión se revirtió en apelación, pero Microsoft pasó años a otras cosas, peleando en los tribunales y perdiendo en innovación.

Hoy, Google está en una situación parecida y mientras pelea en los juzgados, la competencia no para: Apple, Meta, Amazon y los nuevos gigantes chinos avanzan rápido en IA y más. Además, la Ley de Mercados Digitales europea obliga a las grandes tecnológicas a abrir sus plataformas y a facilitar la competencia. Google ya ha recibido multas multimillonarias y se encuentra en medio de una batalla llena de demandas civiles por más de 12.000 millones de euros.

Algunos expertos creen que, en vez de resistirse, Google debería adelantarse y dividirse de forma voluntaria. Así podría ganar puntos ante los usuarios, evitar sanciones más duras y liberar un poco su estructura.

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En un abrir y cerrar de ojos, la humanidad ha pasado de máquinas de atención al cliente que apenas podían responder con frases simples a modelos de lenguaje que generan documentos completos, crean vídeos fake que parecen reales, y hasta escriben código. Y todo esto sin que muchos se hayan dado cuenta de lo rápido que ha ocurrido.

Ahora piensa en lo que pasaría si una empresa decidiera crear una IA que no solo hace lo que ya has visto, sino que además se dedica a crear y mejorar otras IA. Una especie de superentrenador que acelera el boom de la tecnología a un ritmo increíble. Eso es justo lo que algunos investigadores están advirtiendo que puede pasar muy pronto.

Puede parecer una locura y ciertamente lo es, pero es la conclusión a la que se ha llegado y que se ha plasmado en un informe llamado AI 2027, elaborado por expertos que han trabajado en grandes compañías de IA. 

Según ellos, para dentro de uno o dos años el mundo podría tener sistemas tan avanzados que la supervisión humana será casi imposible. No porque no se quiera controlar esas máquinas, sino porque serán demasiado complicadas y rápidas para nosotros.

IA entrenando IA, un futuro no tan lejano

Que esto pueda suceder en cuestión de dos años tiene un cierto sentido geopolítico. En la actualidad, la competencia por el liderazgo en el desarrollo de la inteligencia artificial entre China y Estados Unidos está que arde. 

"Existe una preocupación generalizada de que cualquier desaceleración en el desarrollo de la IA por motivos de seguridad podría dar una ventaja estratégica al adversario", comenta Matt Sheehan, miembro del Carnegie Endowment for International Peace. Añade que "esta desconfianza mutua está destinada a arraigarse aún más con el tiempo".

Esto no es solo una cuestión de orgullo nacional; se trata de poder económico, militar y geopolítico. El problema es que todo esto tiene sus peligros. Expertos en IA han advertido que se podría perder el control sobre estas tecnologías si no se es cuidadoso. Un mal uso de la IA podría tener consecuencias graves para la salud humana y la sociedad en general. 

En una carrera así, nadie quiere frenar primero y perder la ventaja estratégica y claro, este ritmo podría llevar a una situación donde la IA no solo transforme la economía y el trabajo, sino también la política y la seguridad a nivel mundial, con decisiones tomadas por máquinas que ni siquiera los humanos entienden.

En pocas palabras, ahora la prioridad es ganar y no tanto la seguridad, algo que el informe antes comentado deja bien claro que es un error. 

Por supuesto, también se comenta que aún hay tiempo para evitar lo peor. Para eso, explican que se necesitan que gobiernos, empresas y sociedad trabajen juntos, establezcan reglas firmes, de calidad, regulaciones internacionales y se premie la transparencia para que el desarrollo de la IA sea algo positivo.

¿Acabará la IA con los seres humanos?

Una pregunta bastante peliaguda, al igual que haya varios expertos en matemática que no lo descartan. 

No se trata de imaginar robots asesinos, sino de calcular hasta qué punto esta tecnología, mal diseñada o fuera de control, podría llegar a suponer una amenaza real. Los expertos afirman: "Es muy difícil, aunque no imposible".

Lo primero que hay que tener claro es que los investigadores partieron desde el escepticismo. Es decir, no buscaban demostrar que la IA es peligrosa, sino todo lo contrario: querían ver si realmente era posible descartar que pudiera acabar con la humanidad, incluso en los peores escenarios.

A partir de aquí, intentaron ver si esa hipótesis se sostenía ante una investigación matemática. Para que un escenario se considerase una amenaza real, no bastaba con imaginar una catástrofe, sino que era necesario describir con precisión cómo se podría eliminar a todos los humanos, sin dejar supervivientes. 

Y aunque suene poco probable, para analizarlo en serio consideraron factores físicos, biológicos, geográficos y sociales. El estudio, además, no se centró en si la IA quiere hacer daño, porque como ya sabes, estos sistemas no tienen objetivos por sí solos… a menos que sean programados para ello.

Tras ver los escenarios más habituales que suelen mencionarse como amenazas existenciales, los expertos descartaron varios de ellos como posibles vías de extinción total, donde las razones son técnicas, y en cierto modo, tranquilizadoras.

"No hay suficientes bombas, virus o gases para garantizar por sí solos la desaparición total de la humanidad", concluyen los expertos. Aunque todos esos escenarios parecen inviables, algunas combinaciones de factores podrían acercarse peligrosamente a un resultado extremo. 

La pregunta no es si llegará esa gran catástrofe, sino si estaremos preparados para evitarla o al menos para minimizar sus daños. 

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En su último libro, Nexus, advierte que el mundo está a 5-10 años de una superinteligencia y, según él, el gran problema es que nunca el humano ha competido con algo más inteligente. 

Ni siquiera los animales más listos igualan la capacidad humana para crear redes de información. Pero la IA sí puede. Y no solo eso: "Escribirá sus propios libros, generará ideas y tomará decisiones sin nosotros", comenta.

Harari pone ejemplos concretos. Imagina una IA que manipula elecciones inventando noticias creíbles, o que escribe leyes con trampas muy ocultas para beneficiar a sus creadores. "No es ciencia ficción", insiste. "Ya ocurre a pequeña escala en redes sociales".

La inteligencia artificial se convierte en una bomba de relojería

En palabras del escritor, la IA no solo podría simular emociones, sino también llegar a convencer a los humanos de que realmente las posee. Esta capacidad para "fingir" sentimientos es algo que podría llevar a muchas personas a creer que los robots tienen una conciencia real, cuando, en realidad, solo están replicando comportamientos programados.

Queda más que claro que este no confía en la IA. En otra entrevista reciente, advirtió que "hemos creado una nueva inteligencia potencialmente más poderosa e inteligente que nosotros. Y si se sale de nuestro control, las consecuencias podrían ser catastróficas". No se trata de que la IA sea mala en sí, sino de que, si alcanza un nivel de desarrollo muy avanzado, podría simplemente dejar de importarle la humanidad.

Este escenario, conocido como Inteligencia Artificial General o simplemente AGI, es el Santo Grial de la IA. Una IA capaz de aprender, razonar y resolver problemas como un humano, o incluso mejor. Para muchos expertos, la AGI es una quimera, algo que nunca se llegará a alcanzar. Pero para otros, como Harari, es una posibilidad real que hay que tomar en serio.

Lo cierto es que esto no es algo exclusivo de este historiador y, sin ir más lejos, Ilya Sutskever, uno de los fundadores de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, comparte con él esta preocupación. Cree que, en el futuro, la IA podría tratar a los humanos como estos tratan a otros, sin tener en cuenta sus intereses o necesidades. 

Aquí parece que el verdadero peligro está en la autonomía creativa. "Por primera vez, compartimos el planeta con entes mejores que nosotros para contar historias", dijo a Wired. Y las historias, comenta, son el cemento de las sociedades: desde mitos religiosos hasta constituciones.

¿Solución? Harari pide regulación global inmediata, aunque es pesimista: "Ninguna tecnología anterior nos ha obligado a ceder soberanía como esta". 

¿Y si ya es tarde? Harari admite que ni siquiera los expertos entienden del todo cómo funcionan estos sistemas. "Cuando la IA alcance la AGI, sus razonamientos nos parecerán magia". Ante esto, propone algo totalmente nuevo y que parece que se va a convertir en la gran realidad dentro de unos cuantos años: "Aprender a convivir con lo incomprensible".

Su último mensaje es claro y pese a todo el pesimismo que muestra en sus entrevistas, comenta que todo esto no se centra en que esta tecnología debe ser frenada, sino de proteger la humanidad. Añade que esto es una carrera que ya ha empezado y la IA sigue aprendiendo a grandes velocidades mientras el ser humano dedica años de su vida a tan solo valorar si las leyes de IA son o no positivas.

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A partir del 1 de enero de 2026, la Guardia Civil no solo te pedirá la documentación del coche durante sus controles rutinarios (permiso de circulación, ITV, seguro o carnet de conducir), sino que también podrán exigirte que muestres la baliza. Si no la llevas en la guantera, te arriesgas a una multa.

Un cambio que busca reducir accidentes y protegerte sin salir del coche

La medida tiene un objetivo muy claro, y es la de mejorar la seguridad en carretera, especialmente en situaciones de emergencia o avería. Hasta ahora, si sufres una incidencia en plena autopista, estás obligado a salir del coche y colocar los triángulos a 50 metros. 

Un gesto que, aunque parezca simple, pone en peligro la vida del conductor, sobre todo en vías rápidas, con poca visibilidad o en condiciones climatológicas adversas. Con la nueva luz de emergencia V16, eso cambia por completo. 

Este pequeño dispositivo se guarda fácilmente en la guantera y, en caso de necesidad, se puede colocar directamente sobre el techo del coche sin salir del habitáculo, emitiendo una luz intermitente de alta intensidad visible en todas direcciones (360°) para alertar al resto de conductores.

Cabe señalar que la luz de emergencia V16 conectada es una baliza luminosa que sustituye a los triángulos y que, además de su función de señalización, se conecta directamente a la plataforma DGT 3.0. Esto permite geolocalizar tu coche en tiempo real y notificar automáticamente a otros conductores y a los servicios de asistencia que hay un coche inmovilizado en la vía.

Sin embargo, no todas las luces V16 sirven. La Dirección General de Tráfico ha establecido una serie de requisitos técnicos obligatorios para que estas balizas sean legales y estén homologadas:

• Base imantada que permita fijarla de forma segura al techo del vehículo.
• Luz intermitente de alta intensidad, visible a 360 grados, incluso con lluvia o niebla.
• Autonomía mínima de 30 minutos, para asegurar la visibilidad mientras esperas ayuda.
• Resistencia a temperaturas extremas, desde -10 °C hasta 50 °C.
• Y lo más importante: conectividad automática con la DGT 3.0, para el aviso inmediato a la red de tráfico.
• Si la luz no cumple con alguno de estos requisitos, no será válida a partir de 2026, aunque su apariencia sea similar.

Hasta cuándo puedes usar los triángulos y dónde comprar la luz V16

Los triángulos de emergencia seguirán siendo válidos hasta el 31 de diciembre de 2025, pero a partir del día siguiente, es decir, desde el 1 de enero de 2026, estarás obligado por ley a llevar la luz V16 conectada en tu coche. 

Cabe señalar que no tenerla implicará una infracción leve con una multa de 80 euros, aunque es probable que, en una primera fase, los agentes solo adviertan.

Puedes encontrar estos dispositivos en tiendas online y físicas, siendo Amazon y El Corte Inglés dos de las opciones más populares. El precio de una baliza homologada oscila entre los 35 y los 60 euros, dependiendo del modelo y de las funciones adicionales que incluya.

Si conduces por España, debes tener en cuenta que esta nueva normativa no es un simple trámite burocrático. El objetivo es claro, y es la de reducir riesgos y prevenir accidentes graves en carretera. Según los datos de la DGT, un número significativo de atropellos mortales se producen precisamente cuando el conductor baja del vehículo tras una avería o accidente.

Por eso, anticiparte y adquirir ya la luz V16 conectada no solo te evitará multas que pueden afectar a tu bolsillo, sino que también te ofrece mayor seguridad en cualquier desplazamiento. No esperes al último momento para adaptarte. 

Haz del cumplimiento de la normativa una oportunidad para protegerte a ti y al resto de usuarios de la vía. Recuerda que, desde 2026, llevar esta baliza en la guantera dejará de ser una recomendación y pasará a ser una obligación. La Guardia Civil ya ha comenzado a informar en controles rutinarios, y pronto, si no cumples, la multa será inevitable.

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Eso se ha hecho aún más claro tras el último movimiento de la administración Trump: un veto que le impide vender su chip estrella, el H20, en el mercado chino. El resultado, según la propia Nvidia, es un agujero de 5.500 millones de dólares en sus cuentas y un futuro inmediato lleno de dudas y miedos.

Como ya te puedes imaginar, el veto no es algo aislado, sino el último movimiento de una guerra comercial y tecnológica que lleva años. Desde 2022, Estados Unidos ha ido estrechando el cerco a la exportación de hardware top, primero con los chips H100 y A100, y ahora con el H20, diseñado específicamente para esquivar las restricciones anteriores. 

China, por su parte, ha respondido buscando alternativas y, en algunos casos, recurriendo al mercado negro o a la reconversión de tarjetas gráficas para seguir en la ola de inteligencia artificial. Y, añadir, que no le ha ido tan mal con ejemplos como DeepSeek o Manus.

El veto a Nvidia: un golpe directo al corazón de la IA china

Contextualizando, el chip H20 se había convertido en la tabla de salvación de Nvidia en China tras los primeros vetos. Aunque no iguala en potencia a los modelos vendidos fuera del país, sí ofrecía suficiente capacidad para tareas de inferencia, el área de la IA que más está creciendo. 

Empresas como Tencent, Alibaba o ByteDance habían apostado fuerte por este chip, sobre todo para alimentar modelos de IA de bajo coste como los que ya has visto.

La jugada de Nvidia fue clara y es la de diseñar un chip que cumpliera justo con los límites permitidos por la normativa estadounidense, pero que siguiera siendo útil para la industria china. 

Sin embargo, el Departamento de Comercio de EEUU ha decidido cerrar esa puerta, argumentando que el H20 sigue siendo demasiado potente y podría usarse para construir superordenadores, algo que Washington quiere evitar por encima de todo.

Para Nvidia, el golpe es doble. Por un lado, pierde acceso a un mercado que le reportó 16.000 millones de dólares solo en lo que va de 2025. Por otro, ve cómo China acelera la búsqueda de alternativas nacionales y cómo sus chips empiezan a cotizarse al doble en el mercado negro

Por otro lado, la reacción en los mercados no se hizo esperar y las acciones de Nvidia cayeron un 6% tras el anuncio, mientras que AMD, su principal competidor, también sufrió una bajada del 7% al verse afectada por restricciones similares en sus chips MI308. 

El mensaje es claro: la Casa Blanca no piensa dar tregua en la batalla por la supremacía tecnológica

Pese a los vetos, China no ha dejado de buscar la manera de seguir avanzando y ya hay empresas locales que han empezado a desmontar tarjetas gráficas de Nvidia para reutilizar sus componentes en nuevos aceleradores de IA. 

Solo en diciembre, una fábrica china reconvirtió 4.000 tarjetas RTX 4090. Además, el país está comprando cada vez más chips a través de canales alternativos, según comenta Reuters.

El gobierno chino, lejos de prohibir estrictamente la compra de chips estadounidenses, ha optado por recomendar a sus empresas que apuesten por fabricantes nacionales, con el objetivo de reducir la dependencia de tecnología extranjera.

Eso sí, comentar que Nvidia no se ha quedado de brazos cruzados y, según fuentes del sector, solo una cena entre Jensen Huang, CEO de Nvidia, y Donald Trump, con un millón de dólares de por medio, sirvió para que se replanteara parte del veto sobre el H20, aunque la situación sigue siendo incierta.

A todo esto sumar que la compañía ha anunciado que fabricará por completo sus sistemas en territorio estadounidense. Esto incluye sus codiciados chips Blackwell, la nueva joya de la corona que ya ha empezado a producirse en Arizona.

Con esta decisión, Nvidia no solo fortalece su cadena de suministro, sino que da un paso importante hacia la independencia tecnológica y estratégica, en un momento de máxima tensión geopolítica entre Estados Unidos y China, con Taiwán como punto clave de fricción. 

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Hace apenas unos años, grandes nombres de la industria como Tim Cook de Apple o Sundar Pichai de Google verbalizaron posturas muy críticas hacia Trump, especialmente por su política migratoria, sus ataques a la prensa y su escepticismo hacia el cambio climático. 

Por otro lado, Elon Musk, aunque menos alineado con la izquierda, también tuvo sus roces con el magnate y ahora ya Presidente de Estados Unidos. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, los grandes gigantes de la tecnología —Apple, Amazon, Google, Nvidia e incluso Tesla— empezaron hace unos meses a acercarse a Donald Trump.

¿Qué ha cambiado? La respuesta es simple: el dinero y el poder. Trump promete un entorno empresarial muy cómodo, con menos impuestos y regulaciones, algo que las grandes tecnológicas casi que ansían por encima de todo para seguir expandiendo sus imperios. Pero esta alianza tiene un precio, y los consumidores podrían ser los grandes perjudicados.  

La razón de este cambio es bastante clara y simple. Las grandes tecnológicas buscan protección frente a las regulaciones antimonopolio, impuestos corporativos más bajos y una política exterior más dura contra China, que, de forma simple, beneficiaría a algunas de ellas en la guerra por los microchips y la inteligencia artificial. 

Además, Trump lo ha dejado claro en varias ocasiones, siguiendo con la idea de "América Primero", lo que incluye subsidios para fabricación local y restricciones a empresas extranjeras. Esto favorecería a gigantes como Intel o Nvidia, pero tiene un problema: su obsesión con los aranceles, que ya está dando pie a graves tensiones con las mismas compañías que lo apoyan.  

La bomba de los aranceles: ¿qué pasa con el iPhone de 2.300 dólares?

Uno de los planes más polémicos de Trump es la imposición de unos aranceles desorbitados. Con tasas que alcanzan hasta el 54% para importaciones desde China, un 46% desde Vietnam y un 26% desde India, las cadenas de suministro de las grandes tecnológicas están temblando.

Apple, que produce la mayoría de sus dispositivos en estos tres países, ahora mismo se enfrenta a un grave problema con dos vías: absorber el coste extra o llevarlo directamente a los consumidores. 

El mayor de sus problemas lo encontramos si juntamos esa necesidad de mantener buenas relaciones con Trump y esta novedad. Por un lado, el magnate podría ofrecerles beneficios fiscales y menos regulaciones, pero por otro, sus aranceles aumentarían demasiado sus costes de producción. 

La compañía ya ha valorado y sigue valorando alternativas, como trasladar parte de su fabricación a India o Vietnam, pero ese proceso es lento y costoso. Mientras, Samsung —que tiene una producción más diversificada— podría aprovecharse de la situación para ganar cuota de mercado con precios más competitivos. 

Lo mismo ocurre con otras empresas: Nvidia y AMD dependen de Taiwán para sus chips avanzados, y cualquier escalada geopolítica con China podría interrumpir su suministro.  

El caso Tesla: Musk y Trump, una relación de amor-odio

Elon Musk es quizá el ejemplo más curioso de toda esta situación. A pesar de sus choques pasados con Trump, el dueño de Tesla y X —antes Twitter— ha mostrado un acercamiento al magnate republicano que ha dejado a muchos con la boca abierta, aunque ahora no lo parezca. 

Algunos analistas ya han puesto sobre la mesa la idea de que, de nuevo, también busca protección frente a regulaciones gubernamentales o incluso contratos públicos para SpaceX. Sin embargo, Tesla es una de las empresas más expuestas en esta guerra comercial.  

China es un mercado muy importante para la automotriz, pero también un rival que ya está dejando bastantes cabezas rodando. Marcas como BYD ya superan a Tesla en ventas en algunos países gracias a precios más bajos. 

Si Trump sigue añadiendo aún más aranceles a los coches chinos, Pekín, primero ya has visto que ha respondido con más firmeza, pero, esto, desde luego, podría ser el inicio de una gran guerra absurda,  encareciendo aún más los vehículos de Musk en el gigante asiático. Además, Europa está adoptando medidas proteccionistas que también podrían perjudicar a Tesla.  

El verdadero problema de esta alianza entre tecnológicas y Trump es que los consumidores saldrán perdiendo. Si se siguen imponiendo aranceles masivos, los precios de smartphones, ordenadores y coches eléctricos subirán. La excusa será 'proteger la industria estadounidense', pero en realidad, las empresas seguirán fabricando en Asia mientras trasladan el coste a los compradores.  

Peor aún, si las tecnoligarcas consiguen debilitar las regulaciones antimonopolio, podrían consolidar aún más su poder, reduciendo la competencia y afectando a la privacidad y seguridad de los usuarios. Ya hemos visto cómo Apple y Google actúan como gatekeepers en sus ecosistemas, y con menos regulación, el control podría ser aún mayor.  

Con todo esto, esa repentina amistad entre Trump y los magnates de la tecnología que surgió en su momento, deja bastante claro ahora que era puro cálculo financiero. Las empresas quieren menos impuestos y más libertad para operar, pero si Trump sigue adelante con sus aranceles, podrían terminar ahogándose en su propio juego.  

Mientras tanto, tú como usuario ahora te va a tocar luchar con un futuro en el que la tecnología será más cara, la competencia casi inexistente, por lo que las opciones se reducen y las empresas más poderosas. Es a ti al que le toca pagar el precio de todo esto.

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Esto no es algo que llegue por casualidad, ya que se ha podido conocer que Estados Unidos, con el polémico Donald Trump al mando y su vicepresidente JD Vance, han arremetido de forma directa contra lo que llaman 'normas asfixiantes' para la innovación.

"No se trata solo de la inteligencia artificial. Estamos revisando toda la normativa para ver si podemos reducir la burocracia de nuestra industria o podemos reducir las obligaciones de notificación", ha declarado la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen.

Lo cierto es que no son los únicos críticos. Gigantes como Meta, dueña de Facebook, y Google llevan meses quejándose de que la ley europea impone requisitos "imposibles". Joel Kaplan, jefe de asuntos globales de Meta, incluso comparó las multas de Bruselas con "un arancel encubierto contra las tecnológicas estadounidenses".

¿Por qué tanto revuelo? De forma simple, la ley europea clasifica los sistemas de IA según su riesgo: desde chatbots totalmente inofensivos hasta herramientas que podrían amenazar derechos fundamentales. 

Por ejemplo, aquí se encontrarían algunos de los más peligrosos, como el reconocimiento facial masivo, que actualmente ya están prohibidos, mientras que otros, como los usados en banca, salud o contratación, requieren auditorías y transparencia extrema de cara a la UE.

El problema es que estas reglas también afectan a modelos como ChatGPT. Según la normativa, sus creadores deben documentar cómo entrenan a la IA, evitar sesgos discriminatorios y permitir que los usuarios sepan cuándo interactúan con una máquina. Para las empresas, esto significa más costes y menos flexibilidad.

El Código de Buenas Prácticas que podría cambiar las reglas del juego

Aquí entra en escena un documento muy a tener en cuenta: el Código de Buenas Prácticas que la UE está preparando con expertos y empresas. Su objetivo era ayudar a aplicar la ley, pero un borrador filtrado deja entrever algo que ya comienza a preocupar: varias obligaciones legales aparecen ahora como 'voluntarias'.

Esto significa que las empresas podrían decidir si cumplen o no con ciertas normas, lo que ya está dando pie a que surjan todo tipo de especulaciones y miedos entre los defensores de la regulación.

Por ejemplo, si una empresa crea un modelo de IA que podría usarse para manipulación electoral o discriminación, antes estaba obligada a tomar medidas para evitarlo. Ahora, con el cambio, podría optar por no hacerlo si así lo decide.

Los críticos argumentan que esto al final hace más débil que nunca una ley que es pionera a nivel mundial y que permitiría que las empresas eviten responsabilidades importantes. 

Mientras tanto, y complicando aún más las cosas, las grandes tecnológicas estadounidenses, de las que casi todo el mundo bebe, presionan para ir más lejos. Algunas de ellas ya han tachado el borrador de 'insuficiente' y pide eliminar las 'costosas evaluaciones de riesgo'.

Trump y Vance han dejado claro que ven la regulación europea como un obstáculo para sus empresas.  “Necesitamos regímenes regulatorios internacionales que fomenten la creación de tecnología de IA en lugar de asfixiarla, y necesitamos que nuestros amigos europeos, en particular, miren hacia este nuevo horizonte con optimismo en lugar de temor”, comentan.

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En una mesa redonda se debatió sobre la hipnocracia, una teoría que pone sobre la mesa cómo aquello que se cuenta en internet normalmente somete a las personas a un estado de hipnosis. El concepto, creado por un supuesto filósofo hongkonés llamado Jianwei Xun, resultó bastante interesante para todos los que estaban por allí. Pero todo resultó ser un engaño.

Sabina Minardi, periodista italiana y redactora jefe de L’Espresso, destapó que Jianwei Xun no existía. Tras intentar contactar con el filósofo, descubrió la farsa. El libro que había causado tanto revuelo, Hipnocracia: Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad, no fue escrito por un filósofo real, sino por una colaboración entre Andrea Colamedici, editor italiano, y herramientas de IA.

Lo peor de todo es que el libro se había convertido en un fenómeno desde su publicación en enero de 2025. Analizaba cómo líderes como Donald Trump y Elon Musk usan las redes sociales para influir en las masas y moldear la percepción pública. 

La obra fue citada por académicos, debatida en todo tipo de medios internacionales y presentada como un manual perfecto para entender cómo funciona todo. Sin embargo, todo era mentira. Jianwei Xun parecía completamente real: tenía una página web personal, imágenes suyas circulaban por internet y su obra estaba respaldada por editoriales y académicos de gran prestigio. 

El engaño consistió en usar inteligencia artificial para crear tanto el contenido del libro como la figura del autor. Andrea Colamedici admitió que había trabajado con sistemas como ChatGPT para desarrollar las ideas del texto. 

Sin embargo, nunca se aclaró públicamente que el autor era ficticio ni que el libro había sido coescrito con IA, lo cual choca directamente con las normativas europeas que exigen transparencia en este tipo de contenidos.

Si las ideas son buenas y han creado debate social, ¿realmente importa que hayan sido creadas con IA?

Este es el gran dilema que ha dejado el caso de Jianwei Xun. ¿Importa más quién crea las ideas o el impacto que tienen?

Si lees un libro que te hace reflexionar, que te abre los ojos a algo que no habías tomado en cuenta antes, ¿de verdad cambia tu percepción si descubres que fue escrito por una máquina? Para algunos, sí. 

Desde luego, saber que detrás de una obra hay un ser humano con experiencia, emociones y una visión del mundo le da un valor especial. Pero otros argumentan que lo importante es el contenido, no el creador.

Desde luego, está claro que las herramientas como ChatGPT pueden generar contenido de calidad e interesante. Pero, por otro lado, también queda muy claro que ahora más que nunca hace falta transparencia. Si el libro hubiera aclarado desde el principio que fue cocreado con inteligencia artificial, ¿habría generado el mismo impacto? ¿Habría sido tomado en serio? Probablemente no, ahí está otro de los grandes puntos a comentar.

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Desde que Javier Tebas llegó a la presidencia de LaLiga en 2013, la lucha contra la piratería se ha convertido en su cruzada personal. Para él, no es solo un tema de derechos de autor, sino una amenaza real para el futuro del fútbol profesional en España. Y razón tampoco le falta. 

Hasta el momento, los esfuerzos se habían centrado en bloquear páginas web y listas ilegales, pero este caso apunta directamente a las aplicaciones que permiten reproducir contenido mediante listas IPTV.

La gran novedad ahora es que el Juzgado de Instrucción N.º 14 de Madrid ha aceptado la denuncia contra Paolo Turatti, desarrollador de la app IPTV Extreme, por un presunto delito contra la propiedad intelectual. 

Para ponerlo todo un poco en contexto, esta app, con más de cinco millones de descargas en Google Play, es un simple reproductor que no incluye canales ni listas preinstaladas. Sin embargo, los usuarios pueden añadir listas IPTV que contienen información sobre servidores que emiten contenido, desde canales gratuitos hasta retransmisiones ilegales.

Según LaLiga, esta aplicación "aparentemente neutral" facilita el acceso a contenido pirata, como partidos de fútbol que deberían ser de pago. El argumento principal de LaLiga es que estas aplicaciones no son tan neutrales como parecen. 

Según la organización, IPTV Extreme "aglutina toda la infraestructura para facilitar la difusión y el consumo de piratería". Aunque no está claro si hay pruebas concretas de que esta app facilite el acceso a listas ilegales directamente, el hecho de permitir su reproducción ya es suficiente para levantar sospechas.

Comentar, eso sí, que la tecnología IPTV no es ilegal por sí misma; su legalidad depende exclusivamente del contenido que se reproduzca. Por ejemplo, existen listas legales que dan acceso a canales públicos o retransmisiones gratuitas financiadas por gobiernos locales. Sin embargo, LaLiga ha dejado entrever poca tolerancia hacia estas listas legales, enviando peticiones DMCA para eliminarlas incluso cuando no infringen derechos de autor.

Premier League: un gran aliado en la lucha contra la piratería

Parece que LaLiga no está sola en esta batalla. Recientemente, ha sumado fuerzas con la Premier League para acabar con las emisiones ilegales. Esta, al ser la liga más importante del mundo, genera ingresos multimillonarios derivados de la venta de derechos de transmisión. Con una audiencia global masiva, la protección de estos derechos es clave para su supervivencia económica.

Según datos oficiales, las emisiones piratas hacen perder a cada club español más de 16 millones de euros al año. Este impacto económico es uno de los principales motores detrás del endurecimiento de las medidas legales contra plataformas como IPTV Extreme y otras aplicaciones parecidas.

Sin ir más lejos, ha decidido presentar una citación judicial ante un tribunal federal de California. Esta citación está dirigida a Cloudflare, la plataforma que proporciona servicios de protección en línea, incluida la ocultación de las ubicaciones de servidores, según Torrentfreak. 

El futuro del fútbol en España: ¿accesible o solo para unos pocos?

Toda esta guerra contra la piratería pone sobre la mesa una pregunta importante: ¿cómo será el futuro del fútbol en España? Por un lado, LaLiga defiende que es necesario proteger los derechos audiovisuales para garantizar la calidad del espectáculo. Por otro, muchos aficionados se quejan de que los precios para ver fútbol legalmente son demasiado altos.

Un estudio reciente reveló que el 40% de los jóvenes españoles entre 18 y 25 años ha usado alguna vez servicios ilegales para ver fútbol. El problema no es que no quieran pagar, sino que simplemente no pueden permitírselo. Esto está creando una generación que ve el fútbol como un lujo, no como el deporte de casa, sofá u palomitas que siempre ha sido.

Algunos expertos sugieren que LaLiga debería considerar otras estrategias, como ofrecer paquetes más económicos y flexibles para ver fútbol. Si bien no son ellos los que establecen los precios, sino las operadoras, algo se podrá hacer. 

Para ver LaLiga completa en la temporada 2023/2024, un aficionado tiene que pagar alrededor de 110 euros al mes sumando diferentes servicios. Javier Tebas se defiende echando balones fuera.

"El fútbol no es caro, lo que pasa es que para que veas el fútbol tienes que tener el paquete de banda ancha, el móvil... Pero lo que es el fútbol son 25 o 30 euros". "Es el modelo que hay. Si tanto te gusta el fútbol, págalo con Telefónica u Orange. Lo que se está diciendo es 'baje el fútbol'. Yo no pongo los precios", comenta Tebas.

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¿El motivo? Según la OCU, la marca habría abusado de su posición de poder en el mercado al imponer un sobreprecio del 30% en las suscripciones de música en streaming a través de su App Store, afectando a más de 500.000 usuarios en España, Bélgica, Italia y Portugal.

La demanda, que podría traducirse en una indemnización total de 62 millones de euros, tiene como objetivo compensar a los consumidores perjudicados por estas prácticas consideradas anticompetitivas. 

En cuanto a las plataformas afectadas, incluyen gigantes como Spotify, Deezer, YouTube Music, Amazon Music y Tidal. La OCU argumenta que los usuarios de iPhone y iPad no pudieron competir en igualdad de condiciones con los usuarios de Android debido a las restricciones que Apple estaba imponiendo de forma injusta.

¿Qué reclama la OCU y cómo afecta a los usuarios?

Según la organización, los desarrolladores no podían informar a los usuarios sobre precios más económicos disponibles en sus sitios web ni incluir enlaces que redirigieran a esas opciones. Además, Apple prohibía que las plataformas contactaran directamente con sus clientes para ofrecer promociones o descuentos.

Esto tuvo un impacto directo en los consumidores. Por ejemplo, quienes contrataron el plan premium de Spotify entre junio de 2014 y mayo de 2016 pagaron un 30% más si lo hicieron a través de la App Store. 

La OCU señala que estas prácticas violan por completo las normas antimonopolio de la Unión Europea y las leyes de mercados digitales. "Los usuarios recibieron un servicio peor porque se perdieron ofertas relevantes o tuvieron que hacer búsquedas engorrosas para encontrarlas", explica la organización.

La demanda colectiva presentada por la OCU tiene como objetivo que devuelvan el sobreprecio pagado por los usuarios durante años. Según unos primeros cálculos, cada consumidor podría recibir una compensación proporcional al tiempo que mantuvo activa su suscripción. Esto incluye intereses acumulados desde el momento del pago.

En total, se estima que Apple podría tener que desembolsar hasta 62 millones de euros para indemnizar a los afectados en España, Bélgica, Italia y Portugal. 

Añadir un pequeño matiz y comentar que este caso no es aislado y ya en marzo de 2024, la Comisión Europea multó a Apple con 1.800 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado. La multa estuvo relacionada con prácticas muy parecidas: cobrar comisiones excesivas y restringir la competencia dentro del ecosistema iOS.

En cuanto a qué se conseguirían si ganan, lo cierto es que pueden darse pie a grandes ventajas para los usuarios como por ejemplo: 

• Precios más bajos: Las plataformas podrían ofrecer suscripciones sin el sobreprecio impuesto por comisiones.
• Mayor transparencia: Los desarrolladores tendrían libertad para informar sobre precios alternativos fuera de la App Store.
• Competencia justa: Esto incentivaría la innovación entre las plataformas al eliminar barreras impuestas por intermediarios como Apple.

Con todo esto, no cabe duda de que Apple ahora mismo se están enfrentando a una gran presión tanto legal como reputacional. Aunque aún no hay una sentencia 100% definitiva en este caso, el hecho de que la demanda haya sido admitida a trámite ya es un golpe para la compañía de la manzana del que seguro no sale indemne. Y para los que crean que la OCU no tiene poder, aquí el resultado.

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Un informe del Grupo de Trabajo de Alto Nivel de la UE, califica a las VPN como "un desafío clave" a la hora de perseguir ciberdelincuentes, y aplicar la ley.

Pero, al mismo tiempo, el mencionado informe de la UE reconoce que la encriptación es esencial para evitar el espionaje ciudadano de países extranjeros, así como los ataques hacker o de ciberdelincuentes. El problema es que no hay término medio.

El imposible equilibrio entre seguridad y privacidad

El  Grupo de Trabajo de Alto Nivel de la UE se formó en 2023 con expertos en seguridad y delincuencia de la UE, con el objetivo de buscar formas de perseguir los delitos tras la aplicación de la encriptación punto a punto en aplicaciones como WhatsApp, correo electrónico, etc.

En la encriptación extremo a extremo, las claves que se generan son privadas y no se almacenan en ningún sitio, así que ni siquiera las operadoras o las empresas que guardan los datos en la nube pueden proporcionarlas a las autoridades, aunque quisieran.

Para los servicios secretos y la policía, lo ideal es que los sistemas de encriptación tengan una "puerta trasera" para que ellos puedan entrar a su antojo. El problema es que si esa puerta existe, también puede ser abierta por espías de países hostiles, hackers o ciberdelincuentes.

Ya han pillado al Reino Unido lanzando un ultimátum a Apple para que abra una puerta trasera en iCloud, o sería expulsada del país.

"Significaría una vigilancia total y que los habitantes de Europa llevan programas espía del Estado en el bolsillo", explica el CEO de la VPN Mullvad, en TechRadar.

Si la Unión Europea no puede acceder a los datos encriptados, porque eso va también en contra de algunas leyes de privacidad, quiere conseguir al menos los metadatos: el registro de quién envía el mensaje, a dónde, y qué día y hora.

El problema es que la encriptación no funciona así. O se oculta todo o no se oculta nada, la encriptación a medias no existe. Lo explica Andy Yen, el CEO de otra famosa VPN, Proton: "El cifrado son matemáticas: o cuadran o no cuadran. No se puede crear una puerta trasera que preserve el cifrado, o parte de él. Simplemente no es posible".

Esta es la encrucijada a la que se enfrentan los gobiernos de todo el mundo. Por un lado, el cifrado es vital para protegerse de espías extranjeros, hackers y maleantes. Por otro, esa encriptación permite a los actores malignos, delinquir a sus anchas. ¿Quién prevalecerá?

De momento, la Unión Europea califica a las VPN de "un desafío clave", para perseguir a los delincuentes. ¿Significa eso que las va a prohibir, o a limitar? Tendremos que esperar a que el Consejo de Europa analice el informe, y decida las acciones a tomar.

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Actúas rápido, sin tiempo para pensar. Y al día siguiente, te despiden por ello. Esto es lo que le ha pasado a una empleada de Burger King en Murcia, y ahora un juez le ha dado la razón.

La trabajadora, encargada junior en un local de San Pedro del Pinatar, Murcia, cayó en agosto de 2023 en una estafa clásica pero muy bien llevada a cabo. Un estafador, haciéndose pasar por un directivo de la empresa, le exigió transferir 400 euros con tarjetas prepago para evitar una supuesta sanción. 

Presionada y sin poder contactar con sus superiores, la empleada sacó el dinero de la caja… pero Burger King respondió despidiéndola dos meses después por “incumplir protocolos”.

El timo perfecto: así operó el estafador

El engaño, lo cierto es que fue tan convincente que hasta cuesta creerlo. El falso ejecutivo dio todo tipo de datos internos de la empresa y creó una sensación de urgencia extrema, dejando bien claro que si no actuaban ya la multa iba a ser mayor. 

Burger King alegó en el juicio que la trabajadora había violado dos normas clave:

• Retirar dinero de la caja sin autorización.
• Salir del local durante su turno para comprar las tarjetas prepago.

La empresa argumentó que esto mostraba “pérdida total de confianza”. Pero el juez José Grau Ripoll, del Juzgado de lo Social de Cartagena, ha visto las cosas de otro modo. Desde luego, el fallo judicial, publicado esta semana, ha sido un auténtico golpe contra Burger King.

Se comenta que, por supuesto, no hubo intención de robo ni ocultación. La empleada informó todo inmediatamente. Por otro lado, la empresa solo envió correos genéricos sobre estafas, sin formación a nivel práctico. Además, considera que el castigo debe ser proporcional. 400 euros no justifican un despido en una multinacional.

¿Y ahora qué? Burger King tiene dos opciones: readmitirla y pagar los salarios atrasados desde octubre de 2023 o indemnizarla con 4.915 euros —37 meses de antigüedad × 33 días por año—.

Siguiendo con este tipo de comida, cuidado con el timo de la hamburguesa

Pero cuidado porque este no es el único timo relacionado con la comida rápida. Expertos en ciberseguridad alertan sobre otra estafa, conocida como "el timo de la hamburguesa", que circula a través de SMS. En este caso, los estafadores se hacen pasar por cadenas de comida rápida y te dicen que has ganado un premio.

Para reclamarlo, solo tienes que responder con una letra (A, B o C) para elegir tu regalo. El problema es que con esto activas una suscripción a un servicio premium que envía mensajes a números internacionales, elevando tu factura hasta niveles exagerados.

Además, en algunos casos, los estafadores recopilan información personal para venderla a terceros o utilizarla en futuras estafas. 

Con todo esto, la recomendación más evidente para no caer en el “timo de la hamburguesa” es sencilla: no respondas a ningún mensaje que resulte poco creíble. Pero si lo has hecho, o tienes dudas al respecto, lo mejor es contactar directamente con tu operador telefónico para, en el caso de haber activado sin querer alguna función premium, eliminarla cuanto antes. 

Igualmente, ten mucho ojo y aunque resulta pesado hacerlo, no dudes en revisar con cierta frecuencia tus facturas, porque a veces los engaños no son tan evidentes y pueden pasar desapercibidos si no consultas en detalles tus movimientos. 

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La idea es adaptar las leyes españolas a las normas europeas y garantizar que la IA se use de forma ética, segura y sin pasarse de la raya. El problema es que ya han empezado a surgir las primeras dudas sobre qué significa realmente esto y qué tiene como objetivo.

Según el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, la IA tiene un potencial increíble para mejorar las vidas de todos, pero también puede ser usada para cosas no tan positivas, como difundir noticias falsas o manipular a la gente. Es por esto que, el Gobierno quiere asegurarse de que esta tecnología se use de una forma más controlada.

Sin ir más lejos, una de las medidas más importantes de esta ley es la obligación de identificar claramente cualquier contenido —imágenes, vídeos, audios— que haya sido generado o manipulado con IA. Si no se cumple esta norma, las multas podrían llegar hasta los 7,5 millones de euros. ¿El objetivo? Evitar que engañen con noticias o vídeos falsos.

Por otro lado, también prohíbe una serie de prácticas que se consideran peligrosas, como usar la IA para manipular a la gente sin su consentimiento, aprovecharse de las debilidades de los niños o discriminar a las personas por su raza, religión u orientación sexual.

Al igual que ya ha ocurrido en otros países, estará totalmente prohibido evaluar las emociones de los trabajadores o estudiantes, a menos que haya una razón de seguridad que lo justifique. También se veta el uso de la IA para predecir si alguien va a cometer un delito basándose en su historial familiar o su lugar de residencia.

Por supuesto, si hay alguna herramienta en el mercado que consideran dañina para la sociedad, podrán perfectamente retirarla hasta que se demuestre si es segura o no.

Para asegurarse de que esta ley se cumple, el Gobierno ha creado un sistema de supervisión en el que participan varias autoridades. La Agencia Española de Protección de Datos se encargará de vigilar los sistemas que usen datos biométricos, como el reconocimiento facial.  El Consejo General del Poder Judicial supervisará los sistemas que se usen en la administración de justicia. Y la Junta Electoral Central controlará los sistemas que puedan influir en las elecciones.

España se lanza de cabeza a la piscina de la regulación de la IA con AESIA

Además, se creará una nueva agencia, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), que actuará como supervisor general y tendrá la capacidad de imponer sanciones. También participarán el Banco de España, la Dirección General de Seguros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cada uno en su ámbito de competencia.

Precisamente esta nueva entidad, anunciada hace ya un año, a partir de agosto de 2025, ya directamente tendrá la capacidad de imponer sanciones de forma autónoma. En pocas palabras, las empresas deberán estar muy pendientes de sus desarrollos y andarse con ojo si no quieren pagar.

¿Quiénes estarán al frente? Ignasi Belda, ingeniero y emprendedor, liderará un equipo inicial de 80 personas, una plantilla que, aunque pueda parecer pequeña comparada con otros gigantes tecnológicos, promete dar mucho de qué hablar.

Añadir que la elección de La Coruña como sede no es casualidad. En un país donde todo parece girar en torno a Madrid y Barcelona, esta decisión seguro que te extraña. AESIA se instalará en el emblemático edificio La Terraza, cedido temporalmente por el Ayuntamiento y añadir que es un lugar con historia, preparado para escribir el futuro de la IA en España.

Eso sí, tampoco hay que engañarse. España no es uno de los grandes países que se te vienen a la cabeza cuando piensas en inteligencia artificial. Siempre se ha sido más de importar que exportar, pero AESIA podría ser el empujón que se necesita para cambiar esto, ya que la agencia no solo supervisará, sino que también dará pie a un uso responsable de la IA en empresas.

Dentro del equipo habrá de todo, desde analistas hasta expertos en ética y riesgos tecnológicos y, por supuesto, su misión no será fácil: tendrán que equilibrar la supervisión del cumplimiento de la normativa europea en IA con el apoyo a startups y pymes para que puedan explotar económicamente hablando de forma segura.

Con todo esto, muy atentos porque es probable que si tu jefe decide despedirte basándose en lo que diga una IA, esta organización tenga algo que decir al respecto.

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Contextualizando, cada fin de semana, durante los partidos más esperados, los bloqueos masivos ordenados por LaLiga y ejecutados por operadoras como Movistar, Vodafone y Orange provocan el caos. No solo caen las webs ilegales, sino también servicios legítimos alojados en servidores como Cloudflare. Por ejemplo, se ha llegado a caer hasta ChatGPT, CaixaBank, LinkedIn, Microsoft o Temu.

Aquí la estrategia de LaLiga es clara: cortar de raíz cualquier emisión ilegal que afecte a sus ingresos. Sin embargo, el método empleado está siendo muy criticado. En lugar de apuntar exclusivamente a las plataformas piratas, los bloqueos se aplican a rangos completos de IP, lo que termina afectando también a usuarios y servicios legales. 

Este problema ya ha estallado y RootedCON, un evento referente en ciberseguridad, ha tomado cartas en el asunto y está recopilando datos para iniciar acciones legales contra LaLiga. A esto se suma Cloudflare, que ya ha presentado un incidente de nulidad.

Aquí la cosa va en serio y RootedCON, no solo ha criticado públicamente la estrategia de LaLiga, sino que está dispuesta a llegar hasta el Tribunal Constitucional si es necesario. Consideran que estos bloqueos violan principios básicos de internet y han calificado las acciones como "un hackeo legal" que afecta tanto a empresas como a ciudadanos.

Sin ir más lejos, la propia LaLiga ha reconocido la necesidad de hacer algún ajuste que otro en su estrategia. Ahora los bloqueos se activarán solo durante partidos clave con alta audiencia, como los del Real Madrid o el Barcelona. 

¿Culpables o víctimas? El dilema de los aficionados

Ahora bien, una pequeña duda. ¿Son los aficionados al fútbol víctimas inocentes o cómplices indirectos del boom de las IPTV? Por un lado, muchos usuarios recurren a estas plataformas ilegales porque consideran abusivos los precios de las suscripciones oficiales. Por otro lado, esta demanda alimenta un mercado negro que obliga a organizaciones como LaLiga a tomar medidas de este tipo, realmente extremas.

El problema, no cabe duda, radica en la falta de alternativas accesibles y la cara dura de muchas personas. Mientras los precios sigan siendo prohibitivos para una parte importante de las personas, las IPTV seguirán siendo una opción demasiado tentadora para quienes no quieren perderse el fútbol. Esto crea un círculo vicioso: más piratería lleva a más bloqueos, y más bloqueos generan aún más enfado entre los usuarios.

A nivel legal, la situación también es complicada y aunque LaLiga tiene el derecho de proteger el fútbol, las medidas están dando pie un debate sobre hasta dónde puede llegar una entidad privada para defender lo suyo sin vulnerar derechos fundamentales como el acceso a internet o el funcionamiento normal de servicios totalmente legales.

Más allá del fútbol: ¿qué pasa con otros sectores?

Aunque el foco está puesto en el fútbol y las IPTV piratas, este problema, como bien sabrás, va mucho más allá. Los bloqueos masivos no solo afectan a quienes buscan ver partidos gratis; también están impactando negativamente en empresas y servicios completamente ajenos al deporte.

Empresas tecnológicas ya están alzando la voz, cansados de que se repitan estos fallos que ya están generando pérdidas económicas debido a estos problemas e interrupciones en sus servicios durante partidos clave en fin de semana. Incluso sistemas domóticos en casa inteligentes han dejado de funcionar durante horas.

¿Hasta qué punto es aceptable sacrificar la estabilidad general para proteger intereses económicos específicos? Aquí todo el mundo lleva, en cierta parte, la razón. Mientras LaLiga defiende su postura como vital para evitar que el fútbol profesional se venga abajo, otros sectores exigen medidas que no supongan matar moscas a cañonazos.

Por ahora, parece que toca aguantarse. Muy probablemente se avecinen nuevos cortes y más críticas hacia una estrategia que muchos consideran absurda. Mientras tanto, los aficionados al fútbol —y todos aquellos en medio de este fuego cruzado— deberían preguntarse hasta qué punto son víctimas o verdugos de lo que está ocurriendo..

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A modo de resumen, Yang fue expulsado por supuestamente usar ChatGPT para escribir sus ensayos, una acusación que él niega rotundamente.

Todo comenzó cuando este hizo un examen de forma remota desde Marruecos durante el verano de 2024. Los profesores que revisaron sus respuestas notaron términos un poco raros y bastantes parecidos con las respuestas generadas por ChatGPT. Esto finalmente provocó su expulsión, una decisión que Yang califica de "conspiración" por parte de sus profesores.

Como era de esperar, Yang no se ha quedado de brazos cruzados y ha presentado varias demandas estatales y federales contra la universidad, exigiendo nada menos que 1.242.000 euros como compensación, la reversión de su expulsión y una disculpa pública. Lo más irónico del caso es que Yang admite haber usado ChatGPT para redactar su demanda legal.

Demanda a la universidad con un documento totalmente escrito con ChatGPT

Este caso ya ha dado la vuelta al mundo y seguramente no es el primero que has leído o escuchado. Mientras que algunos académicos y profesores aceptan y apoyan su desarrollo y equiparan su utilidad con la de una calculadora, otros están a favor de las universidades que han prohibido su uso, posiblemente por el temor a que los estudiantes —e incluso profesores— puedan usarla para hacer trampa en los trabajos escritos o al escribir artículos académicos.

"La generación de lenguaje puede ser útil en la redacción, edición y revisión de textos. Puede ayudar a generar ideas creativas, mejorar la gramática y el estilo y aumentar la velocidad de producción de contenido. Los tutores pueden proporcionar apoyo educativo personalizado a los estudiantes, adaptando el contenido y el ritmo de aprendizaje a las necesidades individuales. Además, puede ayudar en la creación de material didáctico y en la evaluación de los trabajos de los estudiantes" nos explicaba un experto en una entrevista para Computer Hoy.

Sin embargo, otro experto alerta de que "el uso de una herramienta como ChatGPT puede socavar el propósito fundamental de un trabajo de fin de grado, que es demostrar las habilidades, conocimientos y competencias adquiridas durante la carrera", comenta.

Yang, por su lado, argumenta que los métodos para detectar el uso de IA son sesgados, especialmente para estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés. Su asesor académico lo describió como un "estudiante excepcional" y no entiende por qué está recibiendo tanto ataque.

¿Cuál podría ser la solución?

Con todo esto, ¿cómo se puede evitar que los alumnos hagan trampas con la IA? ¿Cómo se puede usar la IA para mejorar el aprendizaje?

El quid de la cuestión parece que no es “a favor o en contra de ChatGPT” sino que se centra en “hasta dónde se debería usar esta herramienta para ayudar a los estudiantes”. 

Para resolver este problema, aquellos que están a favor de un uso controlado opinan que las universidades deberían implementar estrategias como promover la ética académica a través de programas de formación, diseñar tareas personalizadas que requieran un análisis crítico y especializado y emplear herramientas de detección de plagio para identificar el uso indebido de este chatbot de OpenAI u otros tantos.

Además, la evaluación oral o la defensa de los trabajos y promover esa interacción entre profesores y estudiantes pueden ser un buen punto a tener en cuenta. Si el trabajo lo ha realizado en un 100% ChatGPT, es bastante probable que te quedes en blanco delante del tribunal y sus preguntas. 

Sin embargo, y como suele ocurrir en demasiadas ocasiones, los estudiantes muy a menudo aprenden sobre novedades en inteligencia artificial rápidamente a través de las redes sociales u otros medios y están ansiosos por probar nuevos métodos, mientras que algunos miembros del personal académico y los profesores pueden ser más lentos en la adopción o ser más estrictos. La idea sería encontrar un punto medio. En este ámbito —como en tantos otros— no se debería dejar de lado algo que realmente podría ayudar a los estudiantes.

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Esta medida, publicada en el BOE el 15 de febrero, nace con la principal idea de poner fin a las molestas llamadas no deseadas y, sobre todo, evitar estafas y suplantaciones de identidad.

Jorge Morell Ramos, abogado especializado en derecho y nuevas tecnologías, ha analizado para el medio Última Hora esta nueva ley. Según Morell, aunque la ley es un paso en la dirección correcta, los ciudadanos también deben poner de su parte para protegerse.

"Para evitar ser estafado hay que tener un punto de paranoia, sin volverse loco", afirma. El experto recomienda "darle una vuelta a las cosas que te pidan y hacer un doble paso para chequear". Con estas medidas, asegura, se podrían evitar entre el 60% y el 70% de los ataques que más se llevan a cabo.

La nueva ley: ¿el fin del spam telefónico?

Esta novedad publicada en el BOE no solo prohíbe las llamadas comerciales desde móviles, sino que también establece otras medidas para combatir el fraude telefónico. Por ejemplo, se bloquearán las llamadas con origen internacional que utilicen un identificador de línea nacional, salvo en casos de itinerancia.

Además, se creará un registro de alias para mensajes de texto. Las empresas y administraciones deberán inscribir sus alias en esta base de datos, y se bloquearán los mensajes que utilicen un alias no registrado.

Sin embargo, Morell comenta que la ley por sí sola no es suficiente. "Es necesario mejorar la formación de los usuarios", insiste. El abogado recomienda aplicar el sentido común: "Si por la calle sospechas de alguien que te pida algo, debes comportarte igual si te lo piden por teléfono o por mail".

Entre las recomendaciones del experto están inscribirse en la lista Robinson y Stop Publicidad, no hacer caso a llamadas del banco o compañías que pidan cosas con urgencia, y cambiar las contraseñas de vez en cuando.

Mil métodos para acabar con las llamadas spam y solo uno funciona de verdad

A pesar de las nuevas leyes y recomendaciones de expertos, muchos usuarios siguen buscando formas de acabar con el spam telefónico. 

Después de probar diferentes aplicaciones y trucos, parece que el método más efectivo es bastante simple: no contestar a ninguna llamada de números desconocidos. Si la llamada es importante, ten por seguro que volverán a llamar o dejarán un mensaje.

Por otro lado, también hay una app que está teniendo muy buenas reseñas. Se trata de NO ESpam, que ha sido creada por un equipo de ingenieros españoles y utiliza inteligencia artificial para identificar y bloquear llamadas no deseadas. A diferencia de otros servicios como la mítica Lista Robinson que se basan en listas negras estáticas, esta aprende de los patrones de llamadas y se actualiza en tiempo real para protegerte

Desde su lanzamiento, hace apenas unas semanas —comentar que solo está para iPhone—, miles de personas aseguran haber notado una bajada importante en las llamadas spam recibidas, con algunos incluso comentando que ya directamente no le molestan.

El futuro de las comunicaciones comerciales

No cabe duda de que esto va a dar lugar a un pequeño gran problema para las empresas que dependen de este tipo de marketing. Muchas tendrán que buscar nuevas formas de llegar a sus clientes.

Algunas alternativas que las empresas podrían valorar son el uso de números fijos con prefijos provinciales o líneas gratuitas 800 y 900, que comentar que seguirán estando permitidas para fines comerciales. También esto podría dar pie a que surjan nuevas vías como el correo electrónico o las redes sociales.

De esta manera, puedes detectar cuando se trata de un robot configurado para realizar fraudes o alguien que simplemente quiere quitarte algo de tu tiempo y tranquilidad. Por lo tanto, si se nota sospechoso,  puedes optar por descolgar y bloquearlo para que no vuelvan a llamar.

Por su puesto, hecha la ley, hecha la trampa y muy probablemente encontrarán nuevas formas de saltarse cualquier valla y llevar a cabo sus objetivos. Es posible que con algún método de hackeo o truco  logren obtener ese 800 o 900 en sus números telefónicos. De hecho, ya han conseguido la manera de hacer que se parezca al tuyo con programas que falsifican y esconden el verdadero.

Con todo esto, en último lugar, como señala el abogado Jorge Morell Ramos, la mejor defensa contra el spam y las estafas telefónicas sigue siendo la educación y la precaución de los propios usuarios. Aunque las leyes y la tecnología pueden ayudar, un poco de "paranoia" saludable puede ser tu mejor protección a día de hoy.

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Aquí el conflicto se centra en los bloqueos de direcciones IP ordenados por LaLiga a las operadoras de internet. Estos bloqueos están dirigidos a las IPTV piratas que ofrecen fútbol sin pagar, pero están afectando también a sitios web legítimos. ¿La razón? Muchas de estas páginas usan los servicios de Cloudflare, una empresa de infraestructura web que se ha convertido en el blanco de esta guerra.

Los clientes de Movistar, O2 y DIGI han sido los más afectados. Estos usuarios están viviendo problemas para acceder a ciertas webs, especialmente durante los días de partido. Lo que comenzó como un fallo técnico puntual se ha dejado ya ver como una operación a gran escala para combatir la piratería.

El problema de fondo se encuentra en cómo Cloudflare utiliza sus direcciones IP. Una misma dirección puede servir a cientos de sitios web diferentes. Al bloquear esa IP, las operadoras impiden el acceso no solo a la IPTV pirata objetivo, sino a todas las webs que comparten esa dirección. De ahí que algunas que nada tienen que ver con el fútbol, como GitHub, hayan tenido problemas.

Expertos argumentan que estas medidas están causando daños colaterales desproporcionados

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha acusado directamente a Cloudflare de "proteger a organizaciones criminales de forma intencionada con el fin de lucrarse". LaLiga defiende sus actos como necesarios para proteger los derechos audiovisuales del fútbol español.

Sin embargo, Cloudflare no se ha quedado de brazos cruzados. La empresa ha iniciado acciones legales contra LaLiga, calificando los bloqueos de IP como "torpes e ineficaces". 

Pero cuidado, porque todos estos efectos por los bloqueos van más allá de la simple molestia para los usuarios. Algunas empresas ya están reportando pérdidas de operatividad y ventas durante estos periodos. Por ejemplo, la asociación de consumidores Facua ha presionado a las operadoras para que reviertan estas medidas, logrando que Movistar se suavice.

Sin embargo, DIGI ha continuado con los bloqueos, realizando uno de los más grandes jamás registrados en el país, dando pie a una conexión más lenta de lo normal y problemas para acceder a webs.

La guerra de LaLiga contra las IPTV: ¿una batalla perdida?

Aunque la organización argumenta que estas medidas son necesarias para proteger los derechos de autor, muchos expertos comentan que el enfoque que le están dando es demasiado agresivo y no resuelve el problema de raíz.

Cerrar no es la clave, ya que muchas de estas plataformas reaparecen bajo nuevos nombres y direcciones IP como hace Magis TV, lo que hace que la lucha sea un juego del gato y el ratón. Magis TV ha demostrado ser un verdadero "camaleón" en el mundo de las plataformas IPTV. A pesar de los intentos por parte de las autoridades para cerrarla, esta plataforma ha encontrado maneras para seguir operando. 

Como ya te podrás imaginar, muchos usuarios suelen celebrar estas victorias sobre los bloqueos. Sin embargo, hay que recordar que Magis TV opera de forma ilegal y pone en riesgo tu seguridad. “Magis TV es pirata y además es software malicioso. Puede abrir la posibilidad de que te roben tus datos personales, por ejemplo, la información del banco”, comenta un Fran Monroy, periodista venezolano especializado en informática en eldiario.

LaLiga parece que debería considerar otras estrategias, como mejorar la oferta y hacerla más barata a todos. Esto podría incluir paquetes más económicos y flexibles para ver fútbol, así como más campañas de concienciación sobre los riesgos de la piratería, porque sí, no todo es bajar precios y este problema debe resolverse.

Un estudio reciente reveló que el 40% de los jóvenes españoles entre 18 y 25 años ha recurrido alguna vez a servicios ilegales para ver fútbol. Y lo cierto es que no es que no quieran pagar, es que simplemente no pueden permitírselo. Se está creando una generación que ve el fútbol como un lujo, no como el deporte de casa y TV que siempre ha sido.

Mientras tanto, los usuarios siguen siendo los principales afectados. Lo peor de todo es que sobre ellos se cierne la gran nube de la duda de cuándo y cómo se resolverá este problema que mantiene a muchos en vilo, esperando que las partes involucradas encuentren una solución.

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Pero mucho cuidado porque esta guerra está teniendo graves consecuencias que afectan a millones de usuarios, dejando la duda de si el remedio podría ser peor que la enfermedad.

El fin de semana del 16 de febrero, LaLiga celebró lo que consideró un gran triunfo: el bloqueo de dos importantes plataformas piratas, DazcFutbolios y RBTV77. Según un comunicado oficial de LaLiga, estas plataformas sumaban "más de 400.000 usuarios únicos mensuales en España" y utilizaban la infraestructura de Cloudflare "para ocultar su actividad criminal junto a dominios legítimos".

Sin embargo, la victoria de LaLiga ha tenido un precio muy alto para muchos españoles. Miles de usuarios de Movistar, O2 y DIGI se han encontrado con que no pueden acceder a algunas páginas web legítimas, especialmente durante los horarios de partido. Actualmente, están que echan humo.

La estrategia de los bloqueos por parte de LaLiga: ¿solución o nuevo problema?

LaLiga defiende lo que actualmente hacen como una medida muy necesaria y que realmente está funcionando. Según la organización, estos bloqueos "no son ni masivos ni indiscriminados" y se centran en "IP identificadas de forma específica como alojadoras de servicios piratas".

Sin embargo, expertos señalan que el problema radica en cómo funciona Cloudflare, el proveedor de servicios en la nube utilizado por millones de sitios web. 

Alex Recio, ingeniero informático, explica: "No es que ese contenido ilegal esté alojado en el servidor de la empresa cualquiera, es que lo que han solicitado a los operadores es bloquear algunas IP con contenido pirata que usan Cloudflare, que es el frontal que entrega el contenido. El problema es que ellos comparten IP, por lo que puede afectar a empresas legales que usen Cloudflare y que por casualidad compartan la IP con una web que tenga contenido ilegal".

Todo esto ha llevado a que páginas web legítimas hayan dejado de estar accesibles para la mayoría de los usuarios. Entre los sitios afectados se encuentran plataformas como GitHub, que nada tienen que ver con el fútbol o la piratería.

Tebas vs. Cloudflare: una batalla de puros titanes

En el centro de todo esto se encuentra la relación entre LaLiga y Cloudflare. Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha acusado directamente a la empresa de "proteger a organizaciones criminales de forma intencionada con el fin de lucrarse".

Cloudflare, por su parte, ha respondido con un comunicado en el que afirma que "LaLiga obtuvo esa sentencia sin dirigirse a los proveedores de servicios cloud, ocultando al Juzgado el previsible perjuicio a terceros y al interés público". 

Ricardo Freire, experto en el sector de la televisión, sugiere que el problema tiene raíces más profundas: "Todo esto surge por una venta de derechos a Movistar, que no es solo una plataforma, es una 'teleco' que vende internet y usa el fútbol como señuelo".

Por otro lado, expertos en derecho digital a nivel europeo ya están poniendo sobre la mesa de que las medidas actuales podrían sentar un peligroso precedente. Si bien la lucha contra la piratería es algo que realmente se debe hacer, el bloqueo indiscriminado de direcciones IP podría abrir la puerta a futuras restricciones más allá del fútbol.

¿Es justo lo que está haciendo LaLiga?

Además del tema de los bloqueos, está el problema del precio del fútbol legal. Ahora mismo, si quieres ver todos los partidos de tu equipo, seguro que ya sabes que te va a tocar pagar bastante. 

Las operadoras como Movistar tienen los derechos exclusivos para transmitir muchos partidos, y eso significa que los aficionados tienen pocas opciones y precios altos. Para algunos, esto no es justo porque sienten que están pagando demasiado por algo que debería ser más accesible.

Por otro lado, todo lo que está sucedido hace pensar si LaLiga está poniendo por delante demasiado sus intereses económicos por encima de los aficionados. Es cierto que proteger los derechos del fútbol y en general de cualquier contenido es importante, pero muchos sienten que se están tomando decisiones sin pensar en cómo afectan al público.

Algunos expertos creen que hay formas mejores de combatir la piratería sin hacer tanto daño a los usuarios. Por ejemplo, Alex Recio, ingeniero informático, compara esta situación con lo que pasó con la música hace años: "La gente se bajaba canciones ilegalmente hasta que apareció Spotify. Bajaron los precios y ofrecieron una plataforma fácil y legal para escuchar música. Entonces la piratería casi desapareció".

Quizás LaLiga debería centrarse en hacer más accesible y atractivo el fútbol legal en lugar de solo bloquear contenido ilegal. Si hubiera una forma más barata y sencilla de ver todos los partidos, probablemente mucha gente dejaría de buscar alternativas piratas. Probablemente, claro.

Entre los precios altos del fútbol legal y las molestias causadas por los bloqueos en internet, cada vez más personas están a punto de sacar las antorchas a la calle.

La pregunta sigue siendo: ¿está LaLiga destruyendo el fútbol para los aficionados? No hay una respuesta, pero está claro que hace falta encontrar un punto medio entre proteger los derechos del deporte y garantizar que todos puedan disfrutar del fútbol sin tantas complicaciones.

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Para hacer esto, la organización de Javier Tebas y algunas operadoras están bloqueando ciertas partes de internet. Pero esto está causando problemas a mucha gente que no tiene nada que ver con ver fútbol gratis. Los que más problemas están reportando son los clientes de DIGI, Movistar y O2. Desde febrero, muchos usuarios no puede entrar a algunas páginas web, incluso si esas no tienen nada que ver con el fútbol. 

¿Por qué pasa esto? Contextualizando, LaLiga está bloqueando unas direcciones de internet que usa Cloudflare. El problema es que esta compañía ayuda a millones de páginas web, no solo a las que pasan fútbol gratis. Así que al bloquear a Cloudflare, están bloqueando muchas páginas 100% legales también.

Los problemas son peores los días que hay partido y ya te puedes imaginar los motivos. Tebas alega que esto es realmente muy necesario para evitar que todo se salga de control. En pocas palabras, las pérdidas son millonarias, pese a que muchos consideran que es una auténtica exageración. 

¿Por qué algunos usuarios sufren más que otros en días de partido?

No todas las compañías de internet están haciendo lo mismo. Vodafone y Orange solo están bloqueando las páginas malas. Pero Movistar, O2 y DIGI están bloqueando más cosas, y por eso sus clientes están absolutamente desbordados y pagando por ello.

Por su parte, y como era de esperar, Cloudflare niega cualquier responsabilidad en estas actividades ilegales. La empresa asegura que no apoya la piratería y afirma colaborar con las autoridades cuando es necesario. Según un comunicado oficial, "Cloudflare no controla ni aloja el contenido que circula por sus servidores; simplemente proporciona herramientas para mejorar la seguridad y el rendimiento".

Este problema ha dado pie a todo tipo de preguntas como, por ejemplo, si es justo bloquear partes de internet para proteger el fútbol. Algunos expertos dicen que esto podría ser realmente peligroso porque podría hacer que, en el futuro, otras empresas decidan bloquear partes de internet por sus propias razones.

Mientras tanto, los usuarios que siguen con problemas con internet y que crecen los días de fútbol ya directamente no saben qué hacer. Algunos están usando trucos para esquivar los bloqueos, y otros están cambiando de compañía. Muchos deciden lanzarse a por ellas con todo tipo de quejas por correo y llamadas. 

Con todo esto, prepárate porque LaLiga no parece dispuesta a dar marcha atrás en su estrategia. La organización ha confirmado que seguirá bloqueando webs para luchar contra la piratería, lo que significa que los problemas podrían repetirse cada partido de Liga.

¿Tienen delante la solución para acabar con las IPTV pirata y no lo saben?

Tebas ya ha confirmado que el precio medio para ver todos los partidos de LaLiga superará los 100 euros mensuales la próxima temporada. Esta cifra supone un aumento del 15% respecto al año anterior y sitúa a España como uno de los países más caros de Europa para disfrutar del fútbol desde el sofá.

Desde luego que las opciones no son especialmente baratas. Por ejemplo, Movistar Plus+ ofrece LaLiga EA Sports 2024/25 sin permanencia, pero con un coste considerable. El paquete más económico que incluye LaLiga tiene un precio de 96,90 euros al mes, combinando fibra óptica, líneas móviles y el complemento de fútbol.

Con todo esto, expertos en el sector sugieren que la solución podría estar en la dirección opuesta: bajar los precios. En pocas palabras, si el fútbol fuera más accesible, mucha gente dejaría de buscar alternativas ilegales. Hay un punto perfecto entre rentabilidad y accesibilidad que parece que la industria aún no ha encontrado.

No cabe duda de que la colaboración entre LaLiga y las principales operadoras de telecomunicaciones marca un antes y un después en la lucha contra la piratería. Según expertos en el sector, esta casi simbiosis podría ser la clave para poner fin a las IPTV ilegales. 

A pesar de toda esta lucha, la sensación de que la piratería es imparable está ahí pegada como una lapa. La pregunta que muchos se hacen es si la industria podrá mantener el ritmo, o si llegará un punto en el que la piratería se convierta en un mal imposible de erradicar.

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El gran problema, y viendo sobre todo el crecimiento que está experimentando la piratería, que esto ocurra con vagas explicaciones y argumentos, no convence a muchos aficionados, que ven cómo el fútbol se aleja cada vez más de sus bolsillos.

Lo peor de todo es que la subida de precios llega en un momento en que la lucha contra la piratería es más intensa que nunca. LaLiga presume de haber cerrado más de 1.000 webs ilegales en el último año, pero reconoce que el problema persiste de que, por cada página que cierran, aparecen dos nuevas.

Pero dejando esto a un lado y comentando el tema de los precios, desde luego que las opciones no son especialmente baratas. Por ejemplo, Movistar Plus+ ofrece LaLiga EA Sports 2024/25 sin permanencia, pero con un coste considerable. El paquete más económico que incluye LaLiga tiene un precio de 96,90 euros al mes, combinando fibra óptica, líneas móviles y el complemento de fútbol.

Orange TV tiene una opción algo más cara, con su paquete Love Fútbol a 108 euros mensuales, aunque viene con un descuento los primeros tres meses. DAZN, por su parte, mantiene su Plan Total, que incluye 5 partidos de LaLiga cada jornada por 39,99 euros al mes, o 27,50 euros mensuales si se paga el año completo por adelantado.

Yendo a otros países, y según un informe reciente, los fans del fútbol en Reino Unido pagan ahora un 60% más que hace cinco años para ver los 15 torneos y ligas más famosas, con un coste de unas 140 libras al mes. Nada permisivo desde luego.

Con todo esto, expertos en el sector sugieren que la solución podría estar en la dirección opuesta: bajar los precios. En pocas palabras, si el fútbol fuera más accesible, mucha gente dejaría de buscar alternativas ilegales. Hay un punto perfecto entre rentabilidad y accesibilidad que parece que la industria aún no ha encontrado.

¿Es la educación la clave para acabar con la piratería del fútbol?

Mientras el debate sobre los precios continúa, LaLiga insiste en que la verdadera solución está en la educación. Comentan la necesidad de que la gente entienda que la piratería no es un crimen sin víctimas. Afecta a los clubes, a los jugadores y, en última instancia, a la calidad del espectáculo.

Sin embargo, algunos críticos señalan que estas ideas no resuelven el problema de raíz: el alto coste de las suscripciones legales.

Un estudio reciente reveló que el 40% de los jóvenes españoles entre 18 y 25 años ha recurrido alguna vez a servicios ilegales para ver fútbol. Y lo cierto es que no es que no quieran pagar, es que simplemente no pueden permitírselo. Se está creando una generación que ve el fútbol como un lujo, no como el deporte de casa y TV que siempre ha sido.

La policía aprieta el cerco a los usuarios que ven fútbol gratis por Internet

Un juez de Barcelona quiere marcar un antes y un después al autorizar el rastreo de quienes vean ilegalmente partidos de La Liga. Esta decisión es histórica y permite a las autoridades obtener datos como la dirección IP, el nombre y dirección del titular de la conexión a Internet, e incluso su documento de identidad.

Las cuatro grandes formas en que se puede rastrear a los usuarios de streams ilegales son:

• La dirección IP asignada al acceder al servidor que comparte el contenido.
• El nombre y apellidos del titular del contrato de Internet.
• La dirección postal de instalación de la línea y los datos de facturación.
• El documento de identidad asociado a la IP que se conectó al servidor pirata.

Esta orden judicial obliga ahora a los proveedores de Internet españoles a dar los datos de cualquier usuario que vea La Liga gratis. Aunque usar IPTV en sí no es ilegal, sí lo es ver contenido premium sin pagar la suscripción correspondiente.

Un futuro un tanto incierto para las IPTV ilegales: ¿el principio del fin?

No cabe duda de que la colaboración entre LaLiga y las principales operadoras de telecomunicaciones marca un antes y un después en la lucha contra la piratería. Según expertos en el sector, esta casi simbiosis podría ser la clave para poner fin a las IPTV ilegales. 

LaLiga también ha puesto el foco en la educación y concienciación de los aficionados. "Mucha gente no es consciente de que al ver un partido pirateado está financiando mafias y perjudicando al deporte que ama", señala Tebas. Campañas publicitarias y colaboraciones con medios de comunicación buscan sensibilizar sobre las consecuencias de la piratería.

A pesar de toda esta lucha, la sensación de que la piratería es imparable está ahí pegada como una lapa. La pregunta que muchos se hacen es si la industria podrá mantener el ritmo, o si llegará un punto en el que la piratería se convierta en un mal imposible de erradicar.

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La orden, emitida en enero de 2025 bajo un technical capability notice, obliga a Apple a incluir un sistema que permita descifrar cualquier dato almacenado en iCloud. Esto incluye fotos, mensajes y copias de seguridad, sin distinguir entre usuarios británicos o de otros países. 

¿El motivo? Combatir el terrorismo y el crimen organizado, pero también se podría dar pie a una vigilancia masiva de usuarios. Aquí el gran punto que preocupa es que esto será secreto y Apple no puede informar a sus usuarios sobre esta medida debido a las restricciones legales impuestas por la ley británica.

La Investigatory Powers Act, aprobada en 2016 y reforzada en 2023, le da al gobierno británico todo el poder que desee para exigir acceso a datos privados bajo el argumento de proteger la seguridad nacional. Sin embargo, esta nueva petición a la compañía de Tim Cook desde luego va más allá: busca una "llave maestra" que permita acceder a cualquier cuenta cifrada sin ningún tipo de restricción.

La respuesta de los expertos en ciberseguridad ya te la puedes imaginar y han calificado esta medida como "alarmante". Según se comenta en el Washington Post, crear una puerta trasera universal no solo comprometería la privacidad de cada persona, sino también la seguridad digital a nivel mundo. 

¿Qué está en juego si Apple cede y por qué ahora?

Sin ir más lejos, Tim Cook, CEO de Apple, ya puso sobre la mesa este peligro en 2016: "No se pueden crear puertas traseras solo para los buenos. Una vez que existen, cualquiera puede usarlas".

El principal y enorme riesgo de esta medida es que una puerta trasera no se limita al uso del gobierno y, como dice Cook, el problema viene después porque, una vez creada, se convierte en un objetivo para hackers y gobiernos no muy pacíficos que podrían explotarla para sus propios intereses. 

Además, sentaría un precedente bastante peliagudo: si una compañía como Apple cae y cede ante el Reino Unido, otros países con incluso más poder podrían exigir lo mismo.

Lo cierto es que este tipo de potenciales situaciones ya han ocurrido en el pasado. Por ejemplo, está el caso de Apple y el FBI en 2016, cuando se negó a desbloquear el iPhone de un sospechoso del atentado. Aunque el FBI consiguió finalmente acceder al dispositivo por otros medios, Apple defendió por aquel entonces que saltarse todas sus barreras de ciberseguridad pondría en riesgo a millones de usuarios.

En este caso, la situación ya ves que no solo se centra en el móvil de un terrorista. Si Apple decide cumplir con la orden de Reino Unido, podría perder esa gran confianza de sus usuarios y dañar una reputación que lleva años labrándose. Por otro lado, si toma la decisión de retirar servicios como iCloud cifrado del Reino Unido, millones de usuarios quedarían desprotegidos.

Rizando el rizo, si a todo esto le añade un toque aún más dramático sobre la guerra que libra Estados Unidos y China, la cosa se pone aún más complicada. De ocurrir esto, se rompería con todas esas recomendaciones por parte de EEUU de usar el cifrado extremo a extremo para protegerse contra ciberataques chinos.

Con todo esto, Apple, por su lado, puede tirar por tres caminos. Ceder ante las exigencias, lo que comprometería su imagen y abriría la puerta a demandas similares por parte de otros gobiernos; Retirar servicios cifrados del Reino Unido, lo que protegería al resto del mundo, pero dejaría desprotegidos a los usuarios británicos: Luchar legalmente.

Por último, añadir que esto no solo va con Apple y no está sola en esta lucha. Empresas como Meta —dueña de WhatsApp— o Google, también están ya viviendo presiones parecidas para derribar sus sistemas de cifrado. En Francia, Telegram ganó hace no demasiado una batalla legal contra una petición parecida del gobierno.

Si esta medida da sus frutos en el Reino Unido, no cabe duda de que dará pie una ola de peticiones hacia otras tecnológicas. Sin embargo, Apple muy probablemente no ceda con tanta facilidad y seguramente luche hasta el final. Seguridad mundial sí, pero no a costa de todo.

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De forma simple y sin entrar en grandes detalles, esta nueva regulación, que lleva cocinándose durante un tiempo, promete cambiar por completo la situación de la IA y su tratamiento en Europa, imponiendo una serie de normas que cumplir. 

Sin ir más lejos, y como antes se ha comentado, esta normativa comienza a dar sus primeros pasos y  a partir del 2 de febrero de 2025, varios sistemas de IA considerados de "riesgo inaceptable" estarán prohibidos en la UE. Esto incluye tecnologías para la  identificación biométrica en espacios públicos y sistemas que categorizan a las personas según sus datos biométricos.

Se ha abierto ya la veda y se prevén multas millonarias, pero, ¿cómo afectará realmente a usuarios y empresas? ¿Serán ellos los que realmente paguen por una regulación demasiado estricta?

"Lejos de presumir un avance, es un lastre. La legislación, disfrazada de ética y seguridad, paraliza la innovación y pone barreras al desarrollo de nuevas tecnologías dentro del continente. Mientras que Estados Unidos y China siguen avanzando a una velocidad imparable, Europa opta por la burocracia como freno", nos comenta en una entrevista para Computer Hoy José Antonio Alguacil, CEO de Ilusionlabs y Youtuber.

¿Y si esta ley acaba siendo un tiro en el pie para Europa?

Con todo esto sobre la mesa, grandes tecnológicas como Google, Microsoft y Meta ya han comenzado a prepararse para la nueva regulación, pero ¿qué pasa con las startups o empresas medianas sin tantos recursos para adaptarse? 

"Las consecuencias ya se ven venir: startups ahogadas, empresas globales retirándose del mercado europeo y una dependencia tecnológica cada vez más alarmante", añade el experto. La Computer & Communications Industry Association, por ejemplo, ha advertido que esta ley podría tener "consecuencias potencialmente desastrosas para la economía europea". 

No se andan con tonterías y, según ellos, las obligaciones que impone la ley a los desarrolladores de IA avanzada son tan estrictas que podrían provocar un éxodo de talentos. Nuestros mejores cerebros en IA y Big Data huyendo a Silicon Valley o a China porque aquí no pueden desarrollar sus ideas.

Y no son los únicos preocupados. France Digitale, que representa a startups e inversores europeos, ha criticado que la normativa es "muy estricta" para la IA generativa y los modelos fundacionales. Dicen que es como "regular las matemáticas". 

Por otro lado, hay quienes temen que las empresas estadounidenses, es decir, las que llevan al mundo las últimas novedades en IA, decidan dar un paso atrás. ¿Te imaginas que el próximo ChatGPT o la nueva versión de Alexa no llegue a Europa porque a las empresas no les compensa adaptarse a nuestra regulación? Podría perfectamente ocurrir.

Y hablando de competitividad, el último European Innovation Scoreboard (2023) ya nos sitúa en cuarto lugar en varios indicadores de innovación, por detrás de EEUU, China y Canadá, por lo que con esta ley podrían estar cavando su/nuestra propia tumba en términos de innovación tecnológica.

Teniendo en cuenta también las multas, es una auténtica espada de Damocles que sobrevuela sus cabezas, ¿quién se va a atrever a probar con tecnologías de IA en Europa? Aquí no sirve pedir perdón antes que permiso y las consecuencias son tan caras que podría echar a muchos para atrás.

"La gran promesa de una IA segura y ética se ha convertido en una condena para quienes intentan innovar en el Viejo Continente. Las startups, que ya enfrentaban dificultades para competir con gigantes tecnológicos, ahora se ven forzadas a cumplir con regulaciones tan restrictivas que su crecimiento se convierte en una utopía. Si a esto le sumamos el coste de cumplimiento y las sanciones desproporcionadas, el mensaje es claro: Europa no es territorio fértil para la IA", nos comenta José Antonio Alguacil.

Ahora bien, no todo es negro y los defensores de la ley argumentan que establecer un marco ético claro para el desarrollo de la inteligencia artificial podría promover la innovación responsable a largo plazo. La idea es crear un entorno de confianza que impulse la adopción de la IA. Suena bonito, pero ¿será suficiente para compensar las desventajas?

Con todo esto, hay que ser sinceros, si nos quedamos atrás en la carrera de la IA, los que realmente pagaremos las consecuencias seremos los usuarios europeos. Menos opciones, tecnología menos avanzada y, posiblemente, precios más altos. "No es solo una mala política: es una sentencia de irrelevancia", sentencia el experto.

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El pasado 2 de febrero, la Unión Europea dio un paso histórico en la regulación de la inteligencia artificial. La Ley de IA, aprobada en 2024, ha entrado en una nueva fase que promete poner patas arriba el sector tecnológico. Desde ahora, cualquier sistema de IA que no cumpla con ciertos requisitos van a encontrarse en su puerta con todo tipo de prohibiciones y multas millonarias.

Lo grandioso de esta normativa es que no hace distinciones y va a por todos por igual: desde los gigantes como Apple o Meta hasta las startups más pequeñas, todos tendrán que adaptarse o morir. 

La ley contempla cuatro niveles de riesgo para los sistemas de IA: mínimo, limitado, alto e inaceptable. Es este último nivel el que más preocupa a las empresas, ya que implica la prohibición total del sistema y multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de los ingresos anuales de la compañía.

La carrera por cumplir con la Ley de IA: gigantes tech como Apple bajo presión

¿Y cómo una compañía sabe si su herramienta puede ser calificada como inaceptable? Si no cumple con estos ocho requisitos están fuera. Puedes leerlas a fondo en el artículo 5 de esta normativa:

1. Puntuaciones sociales basadas en el comportamiento de los usuarios.
2. Manipulación subliminal de decisiones individuales.
3. Explotación de situaciones vulnerables, como la pobreza o la discapacidad.
4. Predicción de crímenes basándose en la apariencia.
5. Reconocimiento biométrico para determinar orientación sexual.
6. Uso de reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos.
7. Interpretación emocional de usuarios en contextos laborales o educativos.
8. Creación de bases de datos a partir de información extraída por IA de Internet o cámaras de seguridad.

Teniendo esto en cuenta y viendo la seriedad de esta normativa, resulta lógico pensar que los gigantes tecnológicos estén en una carrera contrarreloj para adaptarse. Apple, por ejemplo, se ha visto obligada a retrasar el lanzamiento de Apple Intelligence en Europa hasta abril, cuando espera haber cumplido con todos los requisitos de la UE.

Pero no solo las grandes empresas se ven afectadas y la Comisión Europea ha puesto en marcha iniciativas para apoyar a startups y pymes en este proceso, ya que no cuentan con los mismos recursos. 

Se ha creado un paquete de innovación en IA y se están estableciendo "fábricas de IA" para proporcionar acceso a la potencia informática necesaria para desarrollar modelos de IA conformes con la nueva regulación, pero ya son muchos los que se quejan de que esto al final pone freno a la innovación y muchas nuevas compañías preferirán migrar a otros países para evitar cualquier problema.

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En septiembre de 2023, Javier Tebas, Presidente de LaLiga, presumió de haber conseguido retirar 58 aplicaciones de Google Play y App Store que se utilizaban para ver retransmisiones no autorizadas de partidos de fútbol. En ese momento, anunció que su siguiente objetivo sería borrar estas apps de los dispositivos de quienes las hubieran descargado.

En junio de 2024, Tebas se puso aún más serio, acusando a las grandes tecnológicas de "ladrones" por "robar la propiedad intelectual". Aportó un dato: en agosto de 2023, LaLiga denunció 138 apps, pero cuando fueron retiradas de las tiendas oficiales, ya se las habían descargado 800.000 personas.

Sin embargo, un año después, sorpresa, las aplicaciones IPTV siguen presentes en los móviles de los usuarios. La razón es simple: estas apps no son ilegales en sí mismas. Aunque algunas personas las utilicen para acceder a contenido sin pagar, las IPTV tienen usos legítimos y no están diseñadas específicamente para la piratería.

El Tribunal Supremo nunca ha considerado el uso de estas aplicaciones como un delito grave, y en Europa ni siquiera se plantea esta duda o se pone sobre la mesa la posibilidad. Además, solo se considera un robo de propiedad intelectual cuando alguien se lucra con ello, algo que los usuarios de a pie, ciertamente, no hacen.

España se ha colado en el top 10 de países con servidores de IPTV piratas

Lo que queda bastante claro es que en España somos expertos en esto de la piratería. Según datos de TorrentFreak, España se ha colado en el top 10 de países con servidores de IPTV piratas. 

Esta lista negra, que comenta que se ha creado a partir de los bloqueos que se han ido haciendo por el sistema italiano Piracy Shield, coloca a nuestro país en una posición bastante negativa y que, encima, está al lado de famosos paraísos digitales.

El sistema Piracy Shield, que comentar que llegó a Italia a finales de 2023, se ha convertido en una herramienta implacable contra la piratería online. En solo unos meses, ha bloqueado más de 1.250 direcciones IP asociadas a servicios IPTV ilegales, algunas de forma errónea, todo sea dicho, dibujando un mapa de cómo está la piratería a nivel global.

Estados Unidos es quien se sitúa en el top 1 con 280 direcciones IP bloqueadas, seguido de cerca por Países Bajos y Alemania. España, por su parte, se sitúa en el noveno puesto con 52 direcciones IP, un número que, aunque menor que el de otros países, parece que no deja indiferente a nadie y enciende todas las alarmas.

Esta situación parece dar la razón a Javier Tebas, quien lleva años hablando y advirtiendo del desastroso impacto de la piratería en el fútbol español. Según sus estimaciones, habla de pérdidas anuales en torno a los 400 millones de euros.

Sin embargo, comentar que el problema va más allá del fútbol. Servicios como BestBuyIPTV, Forever IPTV y GenIPTV, mencionados en informes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, dan acceso ilegal no solo a partidos de fútbol u otros deportes, sino también a series, películas y documentales.

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Sin ir más lejos, una encuesta reciente de Software AG revela que la mitad de los trabajadores del conocimiento utilizan herramientas de IA personales en el trabajo. Queda claro que aquí se aplica a la perfección lo de "pedir perdón antes de pedir permiso".

En BBC se ejemplifica con el siguiente caso. Un ingeniero, aunque su empresa ofrece GitHub Copilot, él prefiere usar Cursor, una herramienta no autorizada. "Es en gran medida un autocompletado glorificado, pero es muy bueno", explica John. "Completa 15 líneas a la vez, y luego lo revisas y dices, 'sí, eso es lo que yo habría escrito'. Te libera. Te sientes más fluido".

Esta práctica, conocida como "IA en la sombra", es una variante más concreta de la "TI en la sombra", donde los empleados usan software o servicios no aprobados por el departamento de TI. Harmonic Security, una empresa especializada en identificar este tipo de prácticas, ha rastreado más de 10.000 aplicaciones de IA, de las cuales más de 5.000 están en uso activo en entornos corporativos.

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El gran problema de todo esto es que el uso no autorizado de herramientas de IA pone en un serio problema a la empresa. Por un lado, y pese a que puede aumentar, los riesgos asociados con la IA en la sombra son claros. 

Alrededor del 30% de las aplicaciones detectadas por Harmonic Security se entrenan utilizando la información introducida por el usuario, por lo que si das un paso en falso, metes información confidencial sobre un proyecto y ocurre alguna brecha de seguridad, el caos es absoluto.

Alastair Paterson, CEO y cofundador de Harmonic Security, comenta que aunque es poco probable que los secretos comerciales se filtren directamente a través de las respuestas de las herramientas de IA, las empresas tienen razones válidas para preocuparse. "Es bastante difícil obtener los datos directamente de estas [herramientas de IA]", afirma Paterson. 

No obstante, lo que se ha comentado antes. La posibilidad de que los datos de la empresa se almacenen en centros de datos de IA no controlados y potencialmente vulnerables a filtraciones sigue siendo una preocupación bastante lógica.

A pesar de todos estos potenciales problemas, la utilidad de estas herramientas es innegable, especialmente para los trabajadores más jóvenes. Simon Haighton-Williams, CEO de The Adaptavist Group, compara el impacto de la IA con tener una buena enciclopedia o una calculadora. "Te permite concentrar cinco años de experiencia en 30 segundos de ingeniería rápida", explica.

Teniendo todo esto en cuenta y viendo cómo las empresas se encuentran en un verdadero debate interno, algunas están optando por un enfoque más flexible, permitiendo algunas herramientas aparte de la que ellos mismos usen y hayan desarrollado.

Como comenta Haighton-Williams, la clave puede estar en la adaptación: "Sean pacientes y comprendan qué están usando las personas y por qué, y descubran cómo pueden aceptarlo y gestionarlo en lugar de exigir que lo apaguen".

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Contextualizando, el aumento del coste de las suscripciones legales ha llevado a muchos a buscar alternativas gratuitas. 

Según un informe reciente, los fans del fútbol en Reino Unido pagan ahora un 60% más que hace cinco años para ver los 15 torneos y ligas más famosas, con un coste de unas 140 libras al mes. Nada permisivo desde luego.

Teniendo todo esto como base, ahora han contado a todo el mundo las cuatro grandes formas con las que pueden rastrear y multar a los usuarios que usen servicios de IPTV ilegales para ver partidos sin pagar nada.

La policía aprieta el cerco a los usuarios que ven fútbol gratis por Internet

Un juez de Barcelona quiere marcar un antes y un después al autorizar el rastreo de quienes vean ilegalmente partidos de La Liga. Esta decisión es histórica y permite a las autoridades obtener datos como la dirección IP, el nombre y dirección del titular de la conexión a Internet, e incluso su documento de identidad.

Las cuatro grandes formas en que se puede rastrear a los usuarios de streams ilegales son:

1. La dirección IP asignada al acceder al servidor que comparte el contenido.
2. El nombre y apellidos del titular del contrato de Internet.
3. La dirección postal de instalación de la línea y los datos de facturación.
4. El documento de identidad asociado a la IP que se conectó al servidor pirata.

Esta orden judicial obliga ahora a los proveedores de Internet españoles a dar los datos de cualquier usuario que vea La Liga gratis. Aunque usar IPTV en sí no es ilegal, sí lo es ver contenido premium sin pagar la suscripción correspondiente.

Con la reciente Operación Kratos, que ha desmantelado una red de IPTV que alcanzaba a más de 22 millones de usuarios en Europa y más de 2.500 canales piratas, la situación para aquellos que todavía utilizan estos servicios ilegales está a punto de volverse oscura, casi negra. Javier Tebas ha sido claro durante 2024 y de cara a 2025 sobre su deseo de implementar leyes más estrictas parecidas a las que se han adoptado en Italia. 

En ese país, la nueva legislación convierte a los proveedores de Internet en "policías" que deben monitorizar el tráfico y reportar actividades sospechosas. Tebas ha elogiado este modelo como una solución perfecta para acabar con la piratería y proteger los derechos de transmisión del fútbol.

Las autoridades están decididas a acabar con esta práctica y proteger los derechos de autor en el deporte. Por lo tanto, si eres un apasionado del fútbol que utiliza estas plataformas, quizás sea hora de que le des una vuelta a tus actos.

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El reglamento europeo de IA prohíbe, entre otras cosas, el uso de la inteligencia artificial para reconocer emociones en el lugar de trabajo, el uso de técnicas subliminales para influir en el comportamiento de las personas, y la categorización de individuos basada en datos biométricos. 

Añadir, para evitar que nadie se pierda, la situación actual de esta ley europea, antes de entrar de lleno en el tema. En cuanto a fechas, el 1 de agosto de 2024 entró en vigor oficial, pero solo con medidas preparatorias. El de 2 de febrero de 2025 se han establecido ya las primeras prohibiciones activas (capítulos I y II) y, el 2 de agosto de 2025, entrarán en juego las multas plenamente aplicables y supervisión de mano de la Agencia Española de Supervisión de IA (AESIA).

Por otro lado, lo que ya prohíbe Europa desde el 2 de febrero de 2025 es lo siguiente: reconocimiento de emociones en el trabajo: Prohibido analizar si estás "motivado" o estresado mediante IA; vigilancia biométrica masiva en espacios públicos, salvo excepciones policiales con autorización judicial; sistemas de IA subliminales que manipulen conductas —ejemplo, publicidad engañosa con estímulos ocultos—; categorización de personas por datos biométricos sensibles —etnia, orientación sexual, creencias—.

ChatGPT y DeepSeek: ¿Se acabó la fiesta en Europa? ¿Quién sale peor parado de todo esto?

Viendo esta situación, lo cierto es que surgen dudas de si esta ley podría complicarle la vida a los chatbots más virales y potentes del momento. Aunque la ley no los menciona directamente, ChatGPT y DeepSeek podrían tener que cambiar su forma de operar en Europa.

Por ejemplo, si generan contenido que pueda considerarse manipulador o si usan datos personales sin permiso explícito, podrían meterse en problemas.

Las empresas detrás de estos chatbots tendrán que elegir: o adaptan sus servicios para cumplir con la ley europea de inteligencia artificial, o se arriesgan a recibir multas millonarias. Y cuando se dicen millonarias, hablan en serio, ya lo has podido leer. El gran problema es si deciden no tomar ninguna de estas dos vías y deciden dejar a la población sin estos desarrollos.

De hecho, DeepSeek ya ha tenido su primer encontronazo con las autoridades europeas. Italia ha ordenado bloquear su versión web, preocupada por cómo maneja los datos de los usuarios. Parece que la fiesta de la IA sin control en Europa podría estar llegando a su fin, pero, desde luego, las más afectadas no van a ser estas compañías.

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El caso en cuestión involucra a un empleado de Acciona Agua S.A. desde 2018, quien fue despedido en julio de 2023 por poner en su perfil de WhatsApp del móvil de la empresa "la fotografía de una mujer en camiseta mojada, relativamente ajustada, en la que se pueden apreciar sus pechos, enseñando las piernas". 

La empresa, como ya puedes imaginar, consideró esto un "incumplimiento grave" de las obligaciones del trabajador y le despidió fulminantemente.

Sin embargo, el Juzgado de lo Social nº1 de Logroño, en su sentencia 256/24, declaró improcedente el despido, una decisión que posteriormente fue confirmada por el TSJLR en su sentencia 198/2024. Coincidieron en que, si bien la conducta del trabajador era "a todas luces inadecuada", no podía considerarse una infracción laboral grave.

WhatsApp se convierte en un oasis, un vacío legal en el que las empresas nada tienen que comentar

 El TSJLR destacó que Acciona Agua S.A. no había elaborado "instrucciones o protocolo" en relación con el uso de WhatsApp o móviles de empresa. En esta sentencia también comentan que no se demostró que la foto hubiera causado "perturbación a ninguno de los restantes trabajadores" o "perjuicio a la imagen de la empresa", algo clave a la hora de despedir a un trabajor.

Desde luego este caso no está solo en el mundo y en los últimos años, los tribunales españoles han tenido que enfrentar con casos parecidos que tienes que ver con el uso de redes sociales y aplicaciones como esta en el mundo laboral. 

Por ejemplo, en 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró procedente el despido de una trabajadora que permitió que un empleado enviara por WhatsApp fotografías de contenido inapropiado. En este caso sí que se demostró el daño, pero el siguiente ejemplo es bastante similar al de La Rioja.

Hablar mal de tu jefe en una conversación privada, aunque sea por WhatsApp, tampoco es motivo de despido

Este caso recuerda al de otro trabajador español que insultó a su superior en un chat privado de WhatsApp y la empresa le despidió cuando se enteró. El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares dictaminó que el despido es improcedente, pero la situación también dio pie a problemas. 

Contextualizando, un grupo de auxiliares administrativas de una autoescuela crearon un grupo de WhatsApp en el que criticar un conflicto que se ha producido en la dirección. Las mujeres reclamaban poder cogerse vacaciones dos días festivos y la empresa se opuso.

¿La respuesta de ellas? Se organizaron en el grupo de WhatsApp e hicieron un frente común para trasladar sus quejas a los superiores. La conversación terminó derivando en una serie de insultos, desde “rata cochina” hasta “ruin”, “se mete droga”, “pelo muerto” o “mafioso”. La pareja del jefe tampoco se libró. Una de las empleadas filtró el chat y el responsable se enteró de toda la conversación, dando pie a todo el lío.

Aun así, aquí tampoco hubo represalias. El TSJ Balear consideró que el grupo de la aplicación de mensajería es un espacio cerrado en el que se supone que existe intimidad.

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